POLÉMICA EN ROSARIO: DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO DE PULLARO ORDENÓ RETIRAR UNA BANDERA CONTRA LA LEY DE TIERRAS EN LA CANCHA DE NEWELL’S
4 agosto, 2026El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe quedó en el centro de la polémica luego de ordenar el retiro y secuestro de una bandera que cuestionaba el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante el partido entre Newell’s Old Boys y Boca Juniors. La medida generó fuertes críticas de juristas, dirigentes políticos y referentes sociales, que denunciaron un ataque a la libertad de expresión.
El Gobierno de Santa Fe, encabezado por Maximiliano Pullaro, enfrenta una fuerte controversia luego de que el Ministerio de Justicia y Seguridad ordenara retirar una bandera desplegada en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell’s Old Boys, que manifestaba su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocido popularmente como Ley de Tierras. El episodio ocurrió el domingo, en la previa del encuentro entre Newell’s y Boca Juniors por el torneo de Primera División.
La bandera exhibía la consigna «Las tierras no se venden, las tierras se defienden», un mensaje dirigido contra la iniciativa que impulsa el Gobierno nacional y que será debatida en el Senado durante los próximos días. Durante la inspección preventiva realizada antes del partido, efectivos de la Sección Explosivos de la Policía de Santa Fe detectaron el trapo y, por orden de las autoridades provinciales, procedieron a retirarlo y secuestrarlo. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría 2ª de Rosario.
El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, defendió la decisión y explicó que el mensaje «no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo». Según indicó el funcionario, tanto la Dirección Provincial de Espectáculos Deportivos como el Club Atlético Newell’s Old Boys coincidieron en que correspondía retirar la bandera.
La medida desató un inmediato rechazo por parte de referentes del ámbito jurídico y político, quienes advirtieron que se trató de un acto de censura y una restricción indebida a la libertad de expresión. El constitucionalista Oscar Blando calificó el operativo como «un ataque a la libertad de expresión», mientras que el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, consideró el episodio «inédito» y reclamó identificar a los responsables de la orden por considerar que existió «torpeza o desconocimiento de sus obligaciones».
También hubo cuestionamientos desde distintos sectores políticos. El diputado nacional Eduardo Toniolli respaldó públicamente el mensaje de la bandera y criticó el procedimiento policial, mientras que en redes sociales el episodio abrió un intenso debate entre quienes consideraron inapropiado utilizar un estadio para manifestaciones políticas y quienes defendieron el derecho de los hinchas a expresar posiciones sobre temas de interés público.
La controversia adquirió una dimensión mayor por el contexto en el que se produjo. El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei propone modificar aspectos centrales de la legislación vigente sobre tierras rurales, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. Aunque el texto original fue modificado durante las negociaciones parlamentarias y ahora contempla un límite del 25% para la propiedad extranjera sobre tierras rurales, continúa generando un fuerte rechazo de organizaciones sociales, ambientales, sectores de la Iglesia, gobernadores y parte de la oposición, que advierten sobre un posible avance en la extranjerización de recursos estratégicos.
Uno de los aspectos que más indignación generó fue la comparación realizada por distintos dirigentes rosarinos respecto del criterio aplicado por las autoridades provinciales. Señalaron que la rapidez con la que se retiró una bandera con una consigna política contrasta con la presencia histórica de banderas vinculadas a organizaciones criminales y mensajes relacionados con el narcotráfico que en numerosas oportunidades aparecieron en estadios de Rosario sin que existieran procedimientos similares.
Mientras el Gobierno santafesino sostuvo que actuó para preservar el carácter deportivo del espectáculo, el episodio volvió a poner en el centro del debate los límites entre la seguridad en los eventos masivos y el derecho a la libre expresión. La discusión, además, se produce en vísperas del tratamiento legislativo de una de las iniciativas más controvertidas del oficialismo nacional, cuya definición promete intensificar el clima de tensión política en los próximos días.
