LEY DE TIERRAS: CUÁLES SON LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE IMPULSA EL GOBIERNO Y POR QUÉ GENERA TANTA POLÉMICA

El proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que será debatido esta semana en el Senado, sufrió más de 15 modificaciones durante las negociaciones con bloques aliados. La iniciativa modifica aspectos centrales de la legislación sobre compra de tierras por extranjeros, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego, y mantiene un fuerte rechazo por parte de organizaciones sociales, ambientales y sectores de la oposición.

El Gobierno nacional busca conseguir la media sanción en el Senado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocido popularmente como Ley de Tierras, una de las iniciativas más controvertidas del paquete de reformas impulsado por el oficialismo. Luego de varios intentos frustrados y de una extensa negociación con bloques aliados, el texto fue modificado en más de quince oportunidades con el objetivo de reunir los votos necesarios para avanzar en el Congreso.

El punto que más debate genera es el referido a la extranjerización de las tierras rurales. La versión original proponía una flexibilización mucho mayor de las restricciones vigentes, lo que despertó fuertes cuestionamientos de gobernadores, organizaciones ambientales, sectores rurales y dirigentes de la oposición. A raíz de esas críticas, el Ejecutivo introdujo cambios que mantuvieron algunos límites y reforzaron el rol de las provincias en determinadas autorizaciones.

Entre las principales modificaciones figura el incremento del límite para la adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. El proyecto eleva el tope del 15% al 25% del territorio rural de cada provincia, aunque mantiene la prohibición para que los Estados extranjeros puedan adquirir tierras en Argentina.

Otra de las novedades establece que la compra de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por parte de extranjeros deberá contar con autorización tanto del gobierno provincial correspondiente como del Poder Ejecutivo Nacional. El texto también dispone que todas las adquisiciones realizadas por personas o empresas extranjeras deberán quedar registradas en un asiento especial dentro de los registros inmobiliarios provinciales.

El proyecto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera adquieran tierras rurales, salvo que exista una autorización expresa de la provincia donde se ubique el inmueble y del Poder Ejecutivo nacional. Esa autorización no podrá ser delegada en funcionarios con rango inferior al de secretario de Estado.

Además de los cambios vinculados a la propiedad rural, la iniciativa introduce modificaciones en la Ley de Expropiaciones. El texto establece nuevos criterios para calcular las indemnizaciones y dispone que el valor del bien deberá fijarse tomando como referencia el momento previo a cualquier anuncio oficial relacionado con la expropiación. Asimismo, contempla la actualización del monto según la inflación y la aplicación de intereses hasta el momento del pago efectivo.

Otro capítulo incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles, destinado a agilizar los desalojos antes de que exista una sentencia judicial definitiva, uno de los aspectos que despertó mayores cuestionamientos por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos.

La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones que impedían cambiar el destino de las tierras afectadas por incendios forestales. Este punto fue especialmente criticado por organizaciones ambientalistas, que advierten sobre el riesgo de incentivar maniobras especulativas vinculadas a los incendios intencionales.

En paralelo, el proyecto reafirma que las provincias conservarán el dominio originario sobre sus recursos naturales, de acuerdo con lo establecido por los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, y podrán dictar la normativa que consideren necesaria dentro de sus competencias.

Las negociaciones políticas se intensificaron en las últimas semanas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, encabezaron reuniones con gobernadores y senadores aliados para acercar posiciones y destrabar el tratamiento legislativo. El oficialismo confía en que las modificaciones incorporadas permitan obtener la media sanción en la Cámara alta.

Sin embargo, la oposición mantiene fuertes objeciones y ya anunció que buscará frenar la iniciativa. Organizaciones sociales, ambientales, sindicales y eclesiásticas también convocaron movilizaciones frente al Congreso durante la jornada de debate para expresar su rechazo al proyecto, al considerar que podría facilitar la concentración y extranjerización de tierras estratégicas y modificar aspectos sensibles de la legislación vigente.