TUCUMÁN ENTREGÓ A CANCILLERÍA UN DOCUMENTO DE 1833 QUE DENUNCIÓ LA OCUPACIÓN BRITÁNICA DE MALVINAS
20 noviembre, 2026El gobernador Osvaldo Jaldo presentó ante el canciller Pablo Quirno una copia de un oficio enviado por el gobierno de Buenos Aires pocas semanas después de la toma británica del archipiélago. El escrito reconstruye los hechos del 3 de enero de 1833 y anticipa el reclamo de reparación y restitución territorial. El intercambio adquiere mayor relevancia al conocerse también la respuesta que el gobierno tucumano envió a Buenos Aires en febrero de aquel año.
La defensa argentina de la soberanía sobre las Islas Malvinas sumó un nuevo antecedente documental. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, entregó el jueves 19 de noviembre al canciller Pablo Quirno una copia de un oficio histórico de 1833 que da cuenta de la ocupación británica del archipiélago y de la reacción inmediata de las autoridades de la época.
La presentación se realizó en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, con la participación de funcionarios nacionales y provinciales y veteranos de la Guerra de Malvinas. El documento había sido localizado en el Archivo Histórico de Tucumán durante tareas de conservación, clasificación y digitalización del patrimonio provincial.
Se trata de una comunicación oficial enviada por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, al mandatario tucumano, Alejandro Heredia. En sus páginas, el gobierno bonaerense describió la intervención británica como un acto de fuerza que afectaba la integridad territorial de las Provincias Unidas y anticipó que realizaría gestiones para obtener una reparación y el reconocimiento de los derechos argentinos sobre las islas.
El valor del escrito no reside solamente en su antigüedad. Permite reconstruir cómo se comunicó institucionalmente la ocupación británica a otras provincias y demuestra que el episodio fue considerado desde el primer momento un problema que excedía los límites de Buenos Aires.
Durante el acto, Quirno destacó que los documentos históricos incorporados al acervo de Cancillería contribuyen a respaldar el trabajo del Consejo Consultivo sobre temas vinculados al Atlántico Sur (CASUR). «Desde 1833, la Argentina nunca concedió la ocupación y nunca dejó de protestar», sostuvo el ministro.
Por su parte, Jaldo señaló que la provincia decidió poner el material a disposición del Gobierno nacional para que pueda utilizarlo en las instancias diplomáticas y jurídicas que considere pertinentes. También remarcó que la causa Malvinas debe mantenerse por encima de las diferencias partidarias.
QUÉ DICE EL DOCUMENTO DE 1833
El oficio fue redactado pocas semanas después del desembarco británico del 3 de enero de 1833. En aquel momento, el gobierno de Buenos Aires estaba a cargo de Juan Ramón Balcarce, mientras que Alejandro Heredia gobernaba Tucumán.
La comunicación transmitía el disgusto de las autoridades bonaerenses ante lo ocurrido y calificaba la intervención británica como un acto de «violencia y abuso de la fuerza». También señalaba que la ocupación se había producido en perjuicio de los derechos argentinos y de las relaciones diplomáticas que existían entre ambos gobiernos.
Uno de los aspectos más significativos es que el texto cuestionaba que la acción hubiera sido ejecutada por una potencia con la que se mantenían relaciones de amistad y acuerdos comerciales. El gobierno bonaerense consideraba que la conducta británica había vulnerado compromisos previos y afectado la integridad del territorio.
La carta anticipaba, además, la intención de impulsar gestiones ante el Gobierno británico para obtener «una digna reparación», el reconocimiento de los derechos argentinos sobre las Malvinas y la restitución del dominio sobre el territorio.
El documento también permite reconstruir el circuito de información utilizado por las autoridades. El gobierno de Buenos Aires comunicó oficialmente lo sucedido a Tucumán, una provincia que tenía un peso político importante en la organización de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La fecha exacta del oficio presenta diferencias en las publicaciones y transcripciones disponibles: Cancillería lo identifica como del 24 de enero de 1833, mientras que otros registros periodísticos mencionan el 21 o el 26 de ese mes. Por ese motivo, el dato históricamente firme es que se trata de una comunicación de enero de 1833, posterior a la ocupación del día 3.
LA OCUPACIÓN BRITÁNICA Y EL DESALOJO DE LAS AUTORIDADES ARGENTINAS
Para comprender la importancia del documento es necesario volver a los antecedentes de la presencia argentina en las islas.
Después de la independencia, las autoridades de Buenos Aires sostuvieron que los territorios que habían pertenecido a España en el Atlántico Sur formaban parte de la herencia territorial de las Provincias Unidas. En ese marco, el 10 de junio de 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos, y Luis Vernet fue designado como su primer comandante.
Durante los años siguientes se desarrollaron actividades administrativas, comerciales y de población en Puerto Soledad. Sin embargo, las tensiones con potencias extranjeras fueron creciendo. En diciembre de 1831, la fragata estadounidense USS Lexington atacó Puerto Soledad y provocó importantes daños en el asentamiento.
En septiembre de 1832, el gobierno de Buenos Aires envió la goleta de guerra Sarandí, al mando de José María Pinedo, para restablecer el orden y sostener la presencia argentina. Pero la situación cambió definitivamente a comienzos del año siguiente.
El 3 de enero de 1833, la corbeta británica HMS Clio, comandada por John James Onslow, llegó a Puerto Soledad. Su comandante exigió que se arriara la bandera argentina y que las autoridades locales abandonaran las islas. Ante la superioridad de las fuerzas británicas, Pinedo no pudo organizar una resistencia efectiva y se retiró con la goleta Sarandí.
Las fuerzas británicas izaron su bandera y tomaron el control del archipiélago. La ocupación desplazó a las autoridades argentinas y dio inicio a una situación de disputa de soberanía que continúa hasta la actualidad.
La comunicación enviada por Balcarce a Tucumán fue parte de las primeras respuestas institucionales frente a ese episodio.
LA RESPUESTA DE TUCUMÁN: UN RECLAMO QUE INVOLUCRÓ A LAS PROVINCIAS
El valor histórico del oficio se complementa con otro documento que permite reconstruir la respuesta tucumana. El Archivo General de la Nación identificó una comunicación enviada por Alejandro Heredia al gobierno de Buenos Aires el 25 de febrero de 1833.
En esa respuesta, el mandatario tucumano calificó la ocupación como una «violenta y espoliativa ocupación» y sostuvo que la intervención británica había vulnerado los derechos de la República y los compromisos diplomáticos existentes.
Heredia también puso a disposición del gobierno bonaerense los recursos y auxilios que estuvieran al alcance de su provincia para contribuir a la restitución del territorio. La carta fue firmada junto con su secretario, Juan Bautista Paz.
El intercambio entre ambos gobiernos permite observar que la ocupación no fue entendida como un conflicto aislado entre Buenos Aires y el Reino Unido. La respuesta de Tucumán expresa que el despojo territorial era considerado un agravio que afectaba al conjunto de las provincias.
La existencia de ambas comunicaciones resulta especialmente relevante para la reconstrucción histórica: una documenta la denuncia inicial y la otra deja constancia de la solidaridad institucional y política que recibió el reclamo desde el interior del territorio.
DE LAS PRIMERAS PROTESTAS A LA RESOLUCIÓN DE LA ONU
La ocupación de 1833 fue seguida por una serie de reclamos diplomáticos argentinos. Uno de los protagonistas de esa etapa fue Manuel Moreno, representante argentino en Londres, quien presentó protestas ante las autoridades británicas durante 1833 y volvió a exponer los argumentos nacionales en los años posteriores.
Las gestiones no lograron modificar la posición del Reino Unido, pero permitieron mantener el reclamo en el ámbito diplomático. La Argentina sostuvo que la ocupación había sido un acto de fuerza y que no había renunciado a sus derechos sobre el archipiélago.
Más de un siglo después, la disputa llegó a las Naciones Unidas. En 1965, la Asamblea General aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas.
La resolución no determinó por sí misma a quién corresponde la soberanía, pero constituyó un respaldo internacional al reconocimiento de que existe una controversia que debe resolverse mediante negociaciones entre los dos países.
La posición argentina también quedó incorporada a la Constitución Nacional. La Disposición Transitoria Primera establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional.
EL DOCUMENTO Y LA ESTRATEGIA ACTUAL DEL GOBIERNO
Durante la presentación en Cancillería, Quirno vinculó el aporte documental con la política exterior que impulsa la administración de Javier Milei. El canciller recordó que el Presidente había anunciado el 3 de septiembre una estrategia integral sobre Malvinas, con herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas.
Entre los temas mencionados se encuentra la explotación de recursos naturales en la zona. Quirno cuestionó las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte, y sostuvo que las licencias otorgadas bajo la autoridad británica son ilegales e ilegítimas desde la perspectiva argentina.
El funcionario afirmó que el Gobierno busca proteger los recursos de la plataforma continental y que se impulsarán advertencias y procedimientos sancionatorios contra las empresas que operen sin autorización argentina, conforme a la legislación nacional.
La incorporación de documentos históricos forma parte de esa estrategia de respaldo jurídico y diplomático. Sin embargo, su presentación no modifica por sí misma la situación de soberanía ni reemplaza las negociaciones internacionales que reclama la Argentina.
El acto también tuvo una dimensión institucional y política. Jaldo destacó la presencia de representantes de distintos espacios partidarios y de excombatientes, y sostuvo que Malvinas debe permanecer por encima de cualquier diferencia interna.
A casi 194 años de la ocupación británica, la carta recuperada en Tucumán vuelve a poner en primer plano una dimensión fundamental del reclamo argentino: la continuidad histórica de las protestas y la respuesta institucional que se produjo desde los primeros días de 1833. No se trata de un documento que resuelva la disputa, sino de una pieza que permite reconstruir cómo fue denunciada la ocupación y cómo otras provincias acompañaron aquel reclamo desde el comienzo.


