EL SENADO VOLVIÓ A POSTERGAR LA LEY CONTRA LA LUDOPATÍA Y CRECE EL RIESGO DE QUE PIERDA ESTADO PARLAMENTARIO
20 noviembre, 2026La Libertad Avanza y sus aliados rechazaron tratar de inmediato el proyecto que cuenta con media sanción de Diputados desde noviembre de 2024. Aunque se acordó incorporarlo al temario de una próxima sesión, la iniciativa debe avanzar antes del 30 de noviembre para no perder vigencia parlamentaria. En el medio, miles de chicos y adolescentes siguen expuestos a las apuestas online y a una actividad que creció al ritmo de los celulares y las plataformas digitales.
El Senado volvió a postergar el tratamiento de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. Durante la sesión del jueves 19 de noviembre, el oficialismo y sus aliados rechazaron el pedido del jefe del bloque peronista, José Mayans, para debatir el proyecto sobre tablas, es decir, sin un dictamen previo de comisión. La decisión impidió que la iniciativa avanzara en el recinto, pese a que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde hace casi dos años.
La votación terminó con 28 votos a favor del tratamiento inmediato y 40 en contra. Sin embargo, ante la presión opositora, el Senado aprobó por unanimidad una segunda moción impulsada por el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, para incorporar el expediente al temario de una próxima sesión, con o sin dictamen. La fecha prevista para ese encuentro es el jueves 26 de noviembre, aunque el compromiso no garantiza por sí mismo que el proyecto consiga convertirse en ley antes del vencimiento del plazo parlamentario.
El calendario es determinante. La iniciativa debe completar su tratamiento antes del 30 de noviembre, fecha en la que puede perder estado parlamentario la media sanción obtenida en Diputados. Si eso ocurre, el trabajo legislativo realizado desde 2024 quedará sin efecto y el Congreso deberá volver a iniciar el recorrido para aprobar una regulación nacional.
El episodio vuelve a poner en evidencia la distancia entre los discursos de preocupación por la ludopatía infantil y la capacidad política de alcanzar acuerdos para establecer controles concretos. Mientras las familias, especialistas y organizaciones reclaman herramientas de prevención, el Congreso continúa sin resolver una legislación que lleva meses esperando una definición.
DOS AÑOS DE DEMORAS Y UNA DISCUSIÓN QUE NO SE RESUELVE
El proyecto original fue aprobado por la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. La iniciativa reunió propuestas de distintos bloques y fue concebida para establecer un marco nacional de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea.
Desde entonces, el expediente permaneció en el Senado sin alcanzar la sanción definitiva. La discusión se reactivó en distintos momentos, pero no consiguió traducirse en un acuerdo parlamentario que permitiera llevarlo al recinto. La demora adquirió mayor relevancia durante 2026, cuando el Gobierno también presentó una iniciativa propia para combatir las apuestas ilegales y prevenir el juego problemático.
Sin embargo, ambos proyectos tienen diferencias importantes. El texto aprobado por Diputados en 2024 propone regular tanto a las plataformas legales como a las ilegales, mientras que la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo se concentra principalmente en perseguir y sancionar a los operadores que funcionan sin autorización. Esa diferencia es uno de los puntos centrales de la discusión política.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, defendió el rechazo al tratamiento inmediato con el argumento de que el proyecto necesita modificaciones y debe discutirse previamente en las comisiones correspondientes. Sostuvo que su bancada no habilita el tratamiento sobre tablas de iniciativas sin dictamen y planteó la necesidad de incorporar herramientas para bloquear rápidamente las páginas de apuestas ilegales.
«Es un tema que nos preocupa, nos ocupa. No queremos mirar para un costado», expresó la senadora. También cuestionó que se pretenda aprobar ahora un texto que lleva dos años en la Cámara alta sin haber tenido, según su postura, la urgencia que se reclama actualmente.
El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, coincidió en que existen reparos sobre el proyecto aprobado en Diputados y respaldó la posibilidad de introducir cambios. No obstante, acompañó la moción para que el tema tenga prioridad en la próxima sesión.
Una postura diferente expresó el senador cordobés Luis Juez, quien acompañó el pedido de Mayans para habilitar el tratamiento inmediato. «Creo que algo es mejor que nada. Una ley podemos mejorarla con otra, pero hoy no tenemos nada», argumentó. También advirtió sobre la posibilidad de terminar el año legislativo sin una regulación nacional.
QUÉ PROPONE LA LEY QUE ESTÁ EN RIESGO
El texto que obtuvo media sanción en 2024 tiene 54 artículos distribuidos en 13 capítulos. Su objetivo es establecer medidas de prevención, asistencia y control frente al crecimiento de las apuestas digitales, con especial atención a la protección de niños, niñas y adolescentes.
Uno de sus puntos centrales es la prohibición del acceso de menores de 18 años a las plataformas de juegos de azar y apuestas online. Para garantizar su cumplimiento, establece mecanismos de verificación de identidad y edad mediante sistemas biométricos conectados con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
La iniciativa también contempla una restricción amplia de la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online. Esto incluye su difusión en redes sociales, medios de comunicación, indumentaria deportiva, estadios, eventos culturales y recitales. Además, alcanza a la publicidad indirecta realizada por influencers, deportistas y figuras públicas.
El proyecto busca intervenir sobre una de las formas más extendidas de promoción del juego: la asociación entre las apuestas y el entretenimiento, especialmente en el ámbito deportivo. Los patrocinios de clubes, las publicidades durante las transmisiones y las promociones en redes sociales acercan estas plataformas a públicos que incluyen a adolescentes.
Entre otras medidas, el texto establece:
- Controles biométricos para verificar la identidad y la edad de los usuarios al registrarse, iniciar sesiones y cobrar premios.
- Restricciones a los medios de pago, con prohibición del uso de tarjetas de crédito y de cuentas de programas sociales para apostar.
- Creación de un Registro Nacional de Autoexclusión para personas que busquen impedirse el acceso a las plataformas.
- Advertencias visibles sobre los riesgos del juego compulsivo y herramientas de autoevaluación.
- Límites a mecanismos de fidelización y estrategias que incentivan la permanencia, como recompensas por depósitos consecutivos o rankings basados en el dinero apostado.
- Acciones de prevención y capacitación en el ámbito educativo.
No se trata, por lo tanto, de una propuesta que simplemente prohíba el juego a los menores. También intenta regular las prácticas comerciales y tecnológicas de las empresas que operan en el sector, con el objetivo de reducir la exposición de la población a estímulos que pueden favorecer conductas problemáticas.
EL PROYECTO DEL GOBIERNO Y LAS DIFERENCIAS DE FONDO
En mayo de 2026, el Poder Ejecutivo presentó en el Senado una iniciativa propia para combatir el juego online ilegal. El texto contempla sanciones penales para los operadores sin autorización y distribuye responsabilidades entre distintos organismos del Estado: el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y NIC Argentina, entre otros.
También asigna a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) tareas de prevención, capacitación, investigación y asistencia.
Sin embargo, la propuesta oficial no incluye varias de las restricciones previstas en la media sanción de Diputados. Según el análisis de Chequeado, no exige controles biométricos mediante RENAPER para los operadores habilitados, no prohíbe las tarjetas de crédito, no crea un registro nacional de autoexclusión y tampoco establece una prohibición general de la publicidad de apuestas en camisetas deportivas o mediante influencers.
La diferencia no es menor: mientras el proyecto de 2024 busca establecer reglas para toda la actividad, el del Ejecutivo concentra buena parte de sus herramientas en el circuito ilegal y deja a los operadores autorizados bajo los marcos regulatorios de las jurisdicciones que otorgan las licencias.
Ese debate sobre el alcance de la regulación es uno de los argumentos utilizados por el oficialismo para reclamar modificaciones. Pero la discusión técnica no elimina la urgencia de contar con una legislación que establezca estándares mínimos de protección para los menores en todo el país.
LA PRESIÓN DE LA IGLESIA Y EL RECLAMO POR LOS MENORES
La demora también generó reclamos de organizaciones sociales, especialistas y sectores religiosos. La Comisión Episcopal de Pastoral Social envió una nota al Senado para solicitar que se avance con el tratamiento de la iniciativa y advirtió sobre el impacto que las apuestas digitales pueden tener en niños, adolescentes y sus familias.
Durante la sesión, el senador Gerardo Zamora recordó una de las advertencias planteadas desde la Iglesia: «En un celular que lleva en el bolsillo un chico hay una casa de apuestas». La frase resume una de las principales dificultades del problema: el acceso a estas plataformas puede producirse desde un dispositivo cotidiano, sin necesidad de acudir a un casino o una sala de juegos.
En el recinto también se mencionaron datos atribuidos a UNICEF sobre la participación de adolescentes en apuestas online. El senador Martín Soria citó cifras según las cuales ocho de cada diez chicos en las escuelas habrían realizado apuestas y la edad de inicio se ubicaría en torno a los 13 años. Esos números fueron expuestos durante el debate y deben interpretarse según el relevamiento específico al que se hizo referencia.
La preocupación no se limita a la posibilidad de que un menor pierda dinero. La exposición temprana al juego puede afectar la relación con el dinero, el rendimiento escolar, los vínculos familiares y la salud mental. Además, la disponibilidad permanente de las plataformas, las promociones y los mecanismos de recompensa pueden dificultar la identificación de conductas problemáticas.
UNA DEFINICIÓN QUE NO PUEDE SEGUIR ESPERANDO
José Mayans cuestionó la falta de avances y recordó que el proyecto lleva 731 días en el Senado. Durante su intervención pidió tratar el texto aprobado por Diputados y, si fuera necesario, introducir modificaciones posteriormente. También reclamó que los legisladores definan si van a priorizar la protección de los jóvenes frente a los intereses económicos vinculados con el negocio de las apuestas.
La respuesta del oficialismo fue comprometer el tratamiento para la próxima sesión y convocar a un plenario de comisiones durante los días previos. La discusión, por lo tanto, no está cerrada: todavía existe una posibilidad de avanzar, aunque el margen de tiempo es reducido.
El riesgo es que una iniciativa que lleva casi dos años esperando una definición termine perdiendo estado parlamentario a pocos días de que venza el plazo. Si eso sucede, no solo se postergará una regulación nacional: también se perderá la oportunidad de convertir en ley una serie de herramientas concretas para limitar la publicidad, controlar el acceso de menores y establecer responsabilidades para las plataformas.
La ludopatía no es un problema que pueda quedar subordinado indefinidamente a las diferencias entre bloques o a los tiempos de negociación parlamentaria. Las apuestas online están disponibles a toda hora y al alcance de un teléfono celular. Frente a esa realidad, el Congreso tiene la responsabilidad de discutir, corregir y aprobar una regulación eficaz. El compromiso de tratarla la semana próxima será importante únicamente si se traduce en una decisión concreta antes de que la iniciativa pierda vigencia.



