PIDEN QUE ALEJANDRA MONTEOLIVA DÉ EXPLICACIONES EN DIPUTADOS POR EL OPERATIVO FRENTE AL CONGRESO
9 agosto, 2026El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, concurra a la Cámara de Diputados y explique el accionar de las fuerzas federales durante la movilización realizada mientras el Senado debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El pedido busca determinar quién ordenó el operativo y bajo qué criterios se utilizaron gases, hidrantes y otros elementos para dispersar a los manifestantes.
El fuerte operativo de las fuerzas federales desplegado en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sumó un nuevo capítulo político. El diputado nacional del Partido Socialista Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se presente ante la Cámara baja y brinde explicaciones sobre el procedimiento llevado adelante durante la movilización.
La iniciativa plantea que la funcionaria debe informar sobre el operativo de seguridad implementado en los alrededores del Congreso mientras los senadores discutían el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei. El pedido apunta especialmente a conocer quién dispuso el despliegue, cuáles fueron las órdenes impartidas a los efectivos y bajo qué criterios se decidió avanzar contra quienes se encontraban manifestándose.
Paulón cuestionó el accionar de las fuerzas federales y sostuvo que Monteoliva debe «dar la cara» frente a lo ocurrido. El legislador busca que la ministra explique ante los diputados las circunstancias que rodearon el operativo y las medidas adoptadas durante la jornada.
EL OPERATIVO DURANTE EL DEBATE EN EL SENADO
La protesta se desarrolló mientras en el recinto del Senado avanzaba el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que finalmente fue aprobada por la Cámara alta después de que el oficialismo retirara del proyecto los capítulos referidos a la Ley de Tierras y a la Ley de Manejo del Fuego.
En las inmediaciones del Congreso se desplegó un importante operativo de seguridad con participación de fuerzas federales. Durante la jornada se registraron momentos de tensión entre los manifestantes y los efectivos encargados de controlar la protesta. Distintas coberturas periodísticas registraron el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes, entre otros elementos utilizados para dispersar a los manifestantes.
La dimensión del operativo generó cuestionamientos desde sectores de la oposición y organizaciones que denunciaron un uso excesivo de la fuerza. El reclamo de Paulón busca trasladar esa discusión al ámbito institucional del Congreso y obtener respuestas directamente de la responsable de la cartera de Seguridad.
El pedido de explicaciones no se limita a determinar qué ocurrió en la calle: también apunta a establecer la cadena de responsabilidades políticas detrás del operativo.
MONTEOLIVA Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO
Monteoliva asumió como ministra de Seguridad Nacional en diciembre de 2025, después de la salida de Patricia Bullrich del cargo. Su llegada al Ministerio significó la continuidad de buena parte de la orientación que había adoptado la cartera durante la gestión anterior, particularmente en lo referido al control de las manifestaciones y al despliegue de las fuerzas federales.
La funcionaria ya había quedado en el centro de cuestionamientos por otros operativos realizados durante movilizaciones frente al Congreso. En marzo de 2026, por ejemplo, un operativo durante una marcha de jubilados terminó con manifestantes heridos y detenidos, lo que también provocó críticas de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
La política de seguridad del Gobierno nacional ha generado reiteradas controversias desde el comienzo de la gestión de Milei. Uno de los ejes centrales fue el denominado Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante Cortes de Vías de Circulación, impulsado originalmente durante la gestión de Bullrich y utilizado posteriormente como marco para distintos operativos contra movilizaciones.
La discusión alrededor de estos procedimientos enfrenta dos posiciones. Desde el Gobierno se sostiene que las fuerzas deben garantizar la libre circulación y evitar cortes de calles o rutas. Desde sectores opositores y organizaciones de derechos humanos se cuestiona que esa política pueda derivar en restricciones desproporcionadas al derecho constitucional a la protesta. La Comisión Provincial por la Memoria, por ejemplo, ha advertido sobre los efectos de las políticas de criminalización y represión de la protesta social sobre derechos constitucionales.
UN NUEVO CONFLICTO EN TORNO A LAS PROTESTAS
El episodio frente al Congreso se produjo además en una semana especialmente conflictiva para el Gobierno en materia legislativa. La Casa Rosada consiguió aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero tuvo que retirar los capítulos vinculados con la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de respaldo parlamentario suficiente.
La protesta en las inmediaciones del Congreso se desarrolló precisamente durante esas negociaciones. La discusión sobre la extranjerización de tierras y la flexibilización de las restricciones vinculadas con terrenos afectados por incendios había generado fuertes críticas de sectores opositores, organizaciones sociales y ambientalistas.
Finalmente, el Senado aprobó una versión recortada de la iniciativa, centrada principalmente en modificaciones al régimen de desalojos y expropiaciones. El Gobierno consiguió así una victoria legislativa, aunque tuvo que resignar dos de los capítulos que inicialmente formaban parte de su propuesta.
En ese contexto, el pedido de Paulón agrega un nuevo frente de discusión para la administración de Milei: la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas y el límite entre el mantenimiento del orden público y el derecho a manifestarse.
Ahora el proyecto deberá atravesar el procedimiento parlamentario correspondiente para determinar si la Cámara de Diputados avanza con la convocatoria a Monteoliva. De concretarse, la ministra deberá responder ante los legisladores por uno de los operativos que volvió a poner bajo la lupa la política de seguridad del Gobierno nacional.
