MONTEOLIVA DEFENDIÓ AL POLICÍA QUE APARECIÓ ARMADO Y DE CIVIL EN EL CONGRESO Y CRECEN LOS PEDIDOS PARA QUE DÉ EXPLICACIONES

La ministra de Seguridad sostuvo que el comisario inspector Gustavo Gauna llevaba una “escopeta de estruendo” durante el operativo del 6 de agosto frente al Congreso. La explicación no despejó los cuestionamientos sobre la presencia de un efectivo armado sin uniforme ni identificación visible y provocó nuevos pedidos de interpelación en la Cámara de Diputados.

La actuación de las fuerzas de seguridad durante la protesta frente al Congreso del pasado 6 de agosto volvió a quedar en el centro de la discusión política y judicial. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió al comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Gauna, quien fue fotografiado durante el operativo vestido de civil, portando un arma larga y apuntando hacia los manifestantes.

Las imágenes habían generado denuncias y pedidos de explicaciones por la intervención de un funcionario policial que, según los registros difundidos, no llevaba uniforme ni una identificación visible. En ese contexto, Monteoliva aseguró que, por la fotografía que había observado, el arma utilizada por Gauna era “una escopeta de estruendo, un arma de ruido”.

La ministra realizó esas declaraciones durante una actividad en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Ante las consultas sobre el arma, insistió: “¿Qué cosa sale de un perdigón de estruendo? Ruido, es de estruendo”. Sin embargo, sus explicaciones no precisaron el modelo del arma, la munición que llevaba el efectivo ni las circunstancias concretas en las que habría utilizado el armamento durante la manifestación.

El punto que continúa generando interrogantes no se limita al tipo de escopeta. También se cuestiona por qué un comisario de esa jerarquía participó del operativo vestido de civil y sin una identificación policial visible, y quién autorizó su presencia armada en ese lugar.

EL POLICÍA QUE QUEDÓ EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA

Gauna es comisario inspector de la Policía Federal y, según la información difundida, se desempeña como jefe de la División de Lucha contra Organizaciones Criminales.

Durante la movilización contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, fue registrado con un arma larga mientras participaba del dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Congreso. Las imágenes fueron posteriormente utilizadas como elemento central de distintos cuestionamientos sobre el operativo.

La controversia se profundizó porque el efectivo no aparecía en las fotografías con uniforme policial ni con una identificación visible que permitiera reconocerlo inmediatamente como integrante de una fuerza de seguridad.

Ante esa situación, Monteoliva sostuvo que era posible que Gauna hubiera tenido la placa colgada, y explicó que el personal de investigaciones suele desempeñarse vestido de civil y que debe portar la identificación correspondiente. La funcionaria no mostró públicamente, en esas declaraciones, documentación que permitiera verificar que el comisario llevaba efectivamente la placa durante el operativo.

La cuestión de la identificación es relevante porque la propia normativa vigente establece obligaciones específicas para los agentes cuando utilizan armas durante sus funciones.

QUÉ DICE LA NORMATIVA SOBRE EL USO DE ARMAS

La Resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad establece el Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad.

La norma determina que los agentes solamente deben utilizar armas cuando resulte “estrictamente necesario” y en la medida requerida para el cumplimiento de sus tareas. A su vez, establece que las armas de fuego deben emplearse cuando otros medios no violentos resulten ineficaces y únicamente ante determinadas circunstancias, como una situación de peligro inminente de muerte o lesiones graves.

El reglamento también establece que, ante el empleo necesario de armas, los funcionarios deben identificarse como tales e intimar de viva voz a cesar la actividad ilícita, aunque contempla excepciones cuando identificarse pueda aumentar el riesgo para los propios agentes o para terceros, entre otras situaciones específicas.

Por eso, el debate sobre Gauna no se reduce a determinar qué tipo de escopeta llevaba. La discusión también comprende si estaba autorizado a utilizarla, qué munición tenía, cuál era su función dentro del operativo, qué órdenes había recibido y si se cumplieron las condiciones previstas por el reglamento.

Una denuncia penal presentada previamente por el abogado Gregorio Dalbón contra Monteoliva y Gauna ya solicitó que se determine precisamente qué arma utilizó el comisario, qué munición llevaba, quién autorizó su portación, qué función tenía asignada y bajo qué órdenes actuaba.

LA DENUNCIA QUE PUSO EL OPERATIVO BAJO LA LUPA JUDICIAL

La polémica política se desarrolla en paralelo con una denuncia penal presentada contra Monteoliva y Gauna por el operativo del 6 de agosto.

La presentación reclama investigar posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y apremios ilegales, además de determinar quién autorizó la presencia de policías de civil armados y quién ordenó el dispositivo de seguridad.

Según la denuncia, alrededor de 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura participaron del operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso. El escrito también menciona el uso de gases irritantes, proyectiles de goma y camiones hidrantes.

La presentación puso especial atención en las agresiones denunciadas contra trabajadores de prensa y menciona, entre otros casos, a una fotógrafa que sufrió un traumatismo craneal durante los incidentes.

Dalbón pidió además que se incorporen a la investigación las órdenes completas del operativo, sus anexos y modificaciones, registros de cámaras corporales, cámaras de vehículos, imágenes de los centros de monitoreo y cámaras de seguridad del Congreso.

También solicitó que se identifique a los funcionarios que participaron en la elaboración, aprobación, coordinación y supervisión del dispositivo.

LA OPOSICIÓN PIDE LA INTERPELACIÓN DE MONTEOLIVA

Mientras avanza el planteo judicial, la polémica llegó nuevamente a la Cámara de Diputados.

Un grupo de legisladores de Unión por la Patria, integrado por Juan Grabois, Natalia Zaracho, Adriana Serquis, Itai Hagman y Jorge Taiana, presentó un pedido para que Monteoliva sea interpelada y explique el operativo desplegado frente al Congreso.

El documento cuestiona el accionar de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de la Ciudad y sostiene que hubo un “uso desmedido de la fuerza” mediante gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes contra manifestantes, peatones y trabajadores de prensa.

Los legisladores también pusieron el foco específicamente en Gauna y señalaron que su presencia armado y vestido de civil plantea interrogantes sobre los protocolos utilizados durante el operativo.

Entre las preguntas que pretenden que responda la ministra se encuentra una central: si desde el Ministerio de Seguridad se autorizó, ordenó o toleró la presencia de personal armado de civil durante el operativo y si el uso de la fuerza se ajustó a los estándares correspondientes.

TAMBIÉN RECLAMÓ EXPLICACIONES ESTEBAN PAULÓN

El pedido no quedó limitado al bloque de Unión por la Patria. El diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista, también presentó un proyecto para que Monteoliva concurra a la Cámara Baja y brinde explicaciones.

Paulón reclamó precisiones sobre el operativo implementado el 6 de agosto, una eventual investigación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la identificación de los agentes que efectuaron disparos contra trabajadores, periodistas, camarógrafos y manifestantes.

El legislador también pidió conocer por qué el despliegue con camiones hidrantes se habría extendido varios cientos de metros más allá del Congreso durante la desconcentración de la manifestación.

De esta manera, la ministra enfrenta pedidos provenientes de distintos sectores opositores para explicar ante el Congreso cómo se diseñó y ejecutó el operativo.

Cabe aclarar que estos pedidos de interpelación constituyen iniciativas parlamentarias de la oposición: su presentación no implica que Monteoliva haya sido formalmente interpelada ni que exista una decisión de la Cámara que obligue a la ministra a concurrir.

MONTEOLIVA CAMBIÓ EL EJE Y CUESTIONÓ A LOS MANIFESTANTES

Durante sus declaraciones, la ministra no solamente defendió a Gauna. También cuestionó a quienes participaron de la movilización.

Monteoliva sostuvo que quienes asistieron con “maza” o “martillo” debían explicar qué fueron a hacer a una manifestación que, según su planteo, era presentada como pacífica. También hizo referencia a los habituales reclamos que se producen los miércoles frente al Congreso y cuestionó a quienes, según afirmó, provocan daños o agreden a los efectivos.

La funcionaria aseguró además que existen efectivos con lesiones graves y afirmó que “doscientos y pico” de integrantes de las fuerzas habían quedado fuera de actividad por lesiones sufridas durante las protestas de los miércoles. Esa cifra fue expresada por la ministra en sus declaraciones y no fue acompañada en la nota de C5N por un detalle oficial que permita desagregarla.

UNA CONTROVERSIA QUE SE SUMA A LA DISCUSIÓN SOBRE LA PROTESTA

El episodio se inscribe en una discusión más amplia sobre la política de seguridad del Gobierno de Javier Milei y, particularmente, sobre los límites que deben observar las fuerzas federales durante las manifestaciones públicas.

La Resolución 125/2024, actualmente vigente, establece un marco específico para el empleo de armas y exige que su utilización sea estrictamente necesaria, además de contemplar reglas de identificación de los agentes.

En este caso, la principal controversia no quedó resuelta con la explicación de Monteoliva sobre que el arma sería una escopeta de estruendo. La propia denuncia judicial y los pedidos parlamentarios plantean interrogantes adicionales sobre la identificación del efectivo, su función dentro del operativo, la autorización para portar el arma, las órdenes que recibió y las condiciones en las que habría realizado los disparos.

Mientras la Justicia analiza la denuncia y la oposición reclama explicaciones en Diputados, el Gobierno sostiene la actuación de las fuerzas de seguridad y la ministra respalda al comisario cuestionado.

El desenlace dependerá ahora de las pruebas que puedan incorporarse, especialmente los registros audiovisuales, las órdenes operativas, la identificación del arma y la munición utilizada y la reconstrucción de la cadena de mando.

Hasta que esas cuestiones sean esclarecidas, la afirmación de Monteoliva sobre la supuesta “escopeta de estruendo” debe ser considerada como la explicación brindada por la ministra, y no como una conclusión técnica o judicial ya acreditada.