EL GOBIERNO ANUNCIÓ UN PLAN PARA AMPLIAR LAS REDES DE TRANSPORTE ELÉCTRICO CON INVERSIÓN PRIVADA Y ARRANCARÁ POR EL AMBA

El Gobierno nacional avanza con un nuevo esquema para ampliar la capacidad de transporte de energía eléctrica mediante concesiones de obra pública y financiamiento privado. El primer proyecto será AMBA I, una obra de infraestructura que busca reforzar el abastecimiento del Área Metropolitana de Buenos Aires y demandaría una inversión cercana a los US$1.000 millones.

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha los pasos administrativos para avanzar con un ambicioso plan de ampliación de las redes de transporte eléctrico, con participación de capitales privados y bajo un esquema de concesiones de obra pública. El primer proyecto será AMBA I, destinado a reforzar la infraestructura energética de la región metropolitana, donde se concentra una parte sustancial de la demanda eléctrica del país.

La iniciativa busca resolver uno de los principales problemas estructurales del sistema eléctrico argentino: la falta de capacidad de transporte en determinados puntos de la red. La estrategia oficial apunta a que empresas privadas financien, construyan y operen las nuevas instalaciones y recuperen posteriormente la inversión a través de los mecanismos previstos en el esquema de concesión.

El proyecto AMBA I contempla una inversión estimada de entre US$900 millones y US$1.000 millones, según estimaciones difundidas sobre el programa. La obra forma parte de un paquete de ampliaciones consideradas prioritarias por la Secretaría de Energía.

EL AMBA SERÁ EL PRIMER OBJETIVO

La primera obra será la denominada AMBA I, un proyecto que busca fortalecer el sistema de transporte eléctrico de alta tensión en el área metropolitana y reducir los riesgos derivados de la saturación de determinadas estaciones transformadoras.

El proyecto comprende un conjunto de 11 obras, entre ellas la construcción de la Estación Transformadora Plomer y la ampliación de las estaciones transformadoras de Luján, Mercedes, Zappalorto e Isidro Casanova. También contempla el tendido de aproximadamente 500 kilómetros de líneas de alta tensión de 500, 220 y 132 kV, conectando distintas instalaciones del sistema bonaerense.

Uno de los objetivos centrales es reforzar el abastecimiento de las zonas más pobladas del norte y oeste del Gran Buenos Aires y disminuir la presión sobre las estaciones transformadoras de Ezeiza y General Rodríguez, que actualmente presentan niveles elevados de utilización.

La importancia del proyecto se explica por el peso que tiene el AMBA dentro del sistema eléctrico argentino. La región concentra alrededor del 40% del consumo eléctrico nacional, por lo que una falla importante en el sistema de transporte puede tener consecuencias que trasciendan el territorio metropolitano.

CÓMO SE FINANCIARÁN LAS OBRAS

El cambio más importante del nuevo esquema está relacionado con el financiamiento.

La administración de Milei decidió avanzar con un modelo de concesión de obra pública, mediante el cual el sector privado tendrá un rol central en la construcción y posterior operación de las nuevas instalaciones.

Las empresas que resulten adjudicatarias recuperarán el capital invertido mediante el cobro de un canon por la construcción y una remuneración vinculada con la operación y mantenimiento de las instalaciones.

De esta manera, el Gobierno busca evitar que el Estado nacional tenga que afrontar directamente el costo total de las obras de infraestructura. Sin embargo, el esquema no significa que el costo desaparezca para los usuarios: el modelo contempla que los costos de construcción, operación y mantenimiento sean afrontados por los usuarios de las regiones beneficiadas mediante los mecanismos tarifarios correspondientes.

En otras palabras, la inversión será privada, pero el recupero de esa inversión estará vinculado al sistema eléctrico y a los cargos que pagan los usuarios.

UN PROYECTO QUE LLEVA MÁS DE UNA DÉCADA DE DEMORAS

AMBA I no nació durante la actual administración. Se trata de una obra que lleva más de 15 años de planificación y distintos intentos fallidos de ejecución.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el proyecto había sido incluido dentro del esquema de Participación Público Privada (PPP), pero la crisis económica iniciada en 2018 terminó frustrando su puesta en marcha.

Posteriormente, durante la administración de Alberto Fernández, el Gobierno volvió a impulsar la iniciativa y en 2022 avanzó en un acuerdo con la empresa china China Electric Power Equipment and Technology (CET) para el diseño, provisión y construcción de las obras.

El proyecto contemplaba una inversión cercana a los US$1.100 millones, con financiamiento previsto del Bank of China y del ICBC. Sin embargo, el esquema financiero no llegó a concretarse y las obras tampoco fueron ejecutadas.

Con la llegada de Milei a la Presidencia, el proyecto volvió a quedar demorado hasta que el Gobierno comenzó a diseñar un mecanismo alternativo basado en la participación privada.

EL NUEVO MODELO DE CONCESIONES

La estrategia actual comenzó a tomar forma durante 2025, cuando la Secretaría de Energía habilitó mediante la Resolución 311/2025 un mecanismo para realizar ampliaciones del sistema de transmisión mediante concesiones de obra pública. El objetivo declarado era incorporar capital privado para acelerar obras estratégicas en regiones donde la capacidad de transporte se encuentra comprometida.

El esquema forma parte de una política más amplia de expansión del sistema eléctrico y no se limita al AMBA.

El Gobierno también identificó como proyectos prioritarios la línea de 500 kV Río Diamante–Charlone–O’Higgins, destinada a fortalecer la evacuación de generación desde Cuyo y el Comahue, y la línea Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca, que busca mejorar la conexión eléctrica entre la Patagonia y el sistema troncal.

Las inversiones previstas para estas dos obras se ubican, según estimaciones del sector, entre US$600 millones y US$800 millones para cada proyecto.

EL PRIMER PASO: LA AUDIENCIA AMBIENTAL

Para AMBA I, uno de los pasos previos a la licitación es la evaluación de los aspectos ambientales y sociales del proyecto.

En julio, la Secretaría de Energía convocó a una instancia pública informativa para analizar el estudio ambiental y las medidas de mitigación previstas. La audiencia se realizó en Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.

Con el resultado de ese procedimiento, la administración nacional quedaría en condiciones de avanzar hacia la aprobación de los pliegos y posteriormente realizar el llamado a licitación.

Las estimaciones difundidas en el sector indicaban que, una vez adjudicado, el proyecto AMBA I tendría un plazo de ejecución superior a cuatro años, mientras que el recupero de la inversión podría extenderse durante aproximadamente siete u ocho años.

EL PROBLEMA DE FONDO: UNA RED SATURADA

El plan oficial se desarrolla en un contexto de preocupación por la capacidad de transporte eléctrico del país.

La expansión de la generación eléctrica, especialmente a partir de nuevos proyectos renovables y de grandes consumidores, requiere que la red de transporte tenga capacidad suficiente para trasladar esa energía desde los centros de generación hasta los lugares donde se concentra la demanda.

En distintas resoluciones publicadas durante 2026, el ENRE continuó autorizando o sometiendo a evaluación proyectos de ampliación de líneas y estaciones transformadoras vinculados con nuevos parques de generación y grandes demandas. Por ejemplo, el organismo dio curso durante febrero a obras de ampliación de alta tensión asociadas a proyectos mineros y también a nuevas instalaciones de transformación.

Esto refleja que el problema no se limita al AMBA: la expansión del sistema de transporte aparece como una condición necesaria para incorporar nueva generación y atender nuevas demandas industriales y productivas.

UNA POLÍTICA QUE CAMBIA EL PAPEL DEL ESTADO

El nuevo esquema también representa un cambio respecto del modelo utilizado durante buena parte de las últimas décadas para desarrollar infraestructura eléctrica.

El Gobierno de Milei busca que el Estado tenga un papel más limitado en el financiamiento directo de las obras y que sean los privados quienes aporten el capital inicial.

La lógica oficial es que la participación privada permita acelerar proyectos que durante años quedaron postergados por falta de financiamiento público o por problemas para cerrar acuerdos con organismos internacionales y bancos.

El desafío será garantizar que el esquema genere inversiones efectivas, obras terminadas y una mejora concreta en la confiabilidad del sistema, al mismo tiempo que los mecanismos de recupero no impliquen una carga excesiva para los usuarios.

UN PROYECTO CLAVE PARA EL VERANO

La ampliación de las redes adquiere especial relevancia ante los períodos de alta demanda eléctrica, especialmente durante el verano, cuando las temperaturas elevadas incrementan fuertemente el consumo de los hogares y aumentan la presión sobre el sistema.

El Gobierno ya había recurrido a otras medidas de emergencia para reducir el riesgo de cortes en el AMBA, entre ellas la incorporación de sistemas de almacenamiento mediante grandes baterías. Sin embargo, especialistas del sector señalaron que esas soluciones no reemplazan las inversiones estructurales necesarias para ampliar la capacidad de transmisión.

Por eso, AMBA I apunta a resolver un problema de fondo y no solamente a cubrir los picos de demanda.

La obra todavía deberá atravesar las distintas etapas administrativas y de licitación antes de comenzar su ejecución. Pero el avance del proyecto marca un cambio en la estrategia del Gobierno: después de años de intentos fallidos, la administración libertaria busca que el capital privado sea el principal motor de la expansión de la red de transporte eléctrico.

El resultado de ese modelo será determinante para saber si las obras históricamente postergadas finalmente pueden concretarse y, sobre todo, si permiten reducir la vulnerabilidad de una red que abastece a una de las regiones de mayor consumo energético del país.