GARRAFA ANTI SOCIAL
23 julio, 2026El presidente Milei desde que asumió el Gobierno no tomó ni una sola decisión a favor del pueblo. Todas en línea con los intereses del poder económico, y lo hace a cara descubierta. Con total impunidad. Prácticamente deja sin poder de denuncia a la oposición. Cada día que pasa, coloca más cerca del precipicio a las propias víctimas del modelo que ejecuta. Muchos de ellos y ellas son parte de la masa crítica de sus votantes.
En estos días el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un nuevo proyecto de desregulación impulsado por Federico Sturzenegger. Sí, un nuevo capítulo de desintegración del Estado nacional. Entre otras flexibilizaciones incluye la quita del precio fijo a las garrafas. Se acerca el fin de la garrafa social.
La eventual derogación de la Ley N° 26.020 prohibiría la intervención estatal en el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP). Actualmente, el precio de la garrafa social se ubica en $9.593, un valor que funciona como referencia para los hogares que dependen de este combustible para cocinar y calefaccionar sus viviendas. En el actual contexto económico que se vive en los barrios obreros de la Argentina toda, no se hace para nada difícil imaginar el impacto negativo que tendrá la liberación del precio de las garrafas, que tendrán el precio que las empresas digan. No hay libre mercado entre quienes ostentan el poder concentrado y las necesidades de las familias más humildes.
La enorme mayoría de la población argentina pertenece a la clase trabajadora. Más del 40 por ciento de las familias no acceden al servicio de la red de gas natural. Es decir que las familias trabajadoras de los segmentos más pobres son los únicos perjudicados con la derogación de esta ley.
El gas de garrafa es utilizado prácticamente para cocinar. En un segundo lugar se usa para calefaccionar los hogares. Estaríamos ante un escenario de necesidades básicas insatisfechas provocado intencionalmente por el propio Estado nacional.
Las empresas que se quedaron con el manejo absoluto de los hidrocarburos son las que presionan para derogar la ley, y el Gobierno (topo que llegó al Estado para destruirlo desde adentro) obedece de manera cómplice.
La entrega de nuestros recursos naturales (Gas, petróleo, litio, minerales raros, hidrocarburos) es gravísima. Le quita a nuestro país la posibilidad de un crecimiento económico sostenido en el tiempo y condiciona el bienestar, y el futuro de su pueblo. Éstas decisiones que apuntan a la pérdida de soberanía energética, no son únicamente cuestiones de la macroeconomía, también influyen en lo cotidiano de manera directa e inmediata. La gente que usa garrafas no tiene otra posibilidad de reemplazar el recurso.
Esta decisión de darle fin al precio fijo de la garrafa debe ser adherido a otras problemáticas complejas que sufren hoy las mayorías que viven de su trabajo. A) El precio de la comida a valores internacionales es inaceptable teniendo en cuenta que Argentina es un país que produce materias primas y alimentos. B) La dolarización encubierta del precio de combustibles y las tarifas de energía no coincide con los magros ingresos en pesos que perciben los trabajadores. C) Un segmento importante de los sectores perjudicados con estas medidas son inquilinos. D) La suma de los costos fijos mencionados debe ser analizada en un contexto de pérdida del 40 por ciento en el poder adquisitivo de los salarios, y de una creciente precarización laboral concentrada en quienes manejan un auto o una motito para subsistir.
Desde el 10 de diciembre de 2023 la desocupación no para de crecer y las empresas no dejan de bajar sus persianas. En estos dos años y medio de Milei presidente se perdieron más de 341 mil puestos de trabajo y cerraron 28 mil empresas. Según un trabajo de campo realizado por el CEPA.
Quitarles el precio fijo de las garrafas a estos sectores mayoritarios de la sociedad, es como robarle la billetera a un indigente. La decisión es criminal.
