FAMILIARES DEL ARA SAN JUAN DENUNCIAN A LA ARMADA Y ADVIERTEN: “QUIEREN BORRAR DE LA HISTORIA A LOS 44 TRIPULANTES”

A casi nueve años del hundimiento del submarino, las familias cuestionaron el presunto retiro de las banderas colocadas en el cerco de la Base Naval de Mar del Plata, donde permanecen los nombres y rostros de los marinos fallecidos. La denuncia se produce pocas semanas después de una sentencia que condenó a un exjefe naval y absolvió a otros tres acusados por la tragedia.

La tragedia del ARA San Juan volvió a quedar en el centro de la escena luego de que familiares de los 44 tripulantes denunciaran públicamente a la Armada Argentina por lo que consideran un intento de borrar de la memoria colectiva lo ocurrido con el submarino.

El reclamo surgió a partir de la posibilidad de que sean retiradas las banderas colocadas en el cerco perimetral de la Base Naval de Mar del Plata, donde las familias mantienen desde hace años fotografías, nombres y mensajes vinculados con sus seres queridos. Según denunciaron, la medida estaría vinculada con supuestas tareas de remodelación y reordenamiento del lugar.

Para los familiares, sin embargo, no se trata simplemente de retirar elementos de un predio militar. En un comunicado sostuvieron que esas banderas constituyen uno de los pocos espacios permanentes de memoria vinculados con los 44 tripulantes y advirtieron: “Quieren borrar de la historia a los 44 tripulantes: sus nombres, sus caras, su sacrificio y la verdad sobre las circunstancias en que perdieron la vida”.

La denuncia adquiere una dimensión todavía mayor porque la Base Naval de Mar del Plata tiene un significado especial para las familias: fue el lugar desde donde el ARA San Juan debía regresar después de cumplir su misión y al que nunca volvió.

EL RECLAMO POR LAS BANDERAS

Las familias rechazaron que las banderas sean consideradas simples elementos decorativos o parte de una instalación que pueda ser removida como consecuencia de una obra.

“Esas banderas no son un adorno. Son memoria viva. Son el reclamo permanente de verdad y justicia”, señalaron en el comunicado difundido tras conocer la situación.

También cuestionaron que una eventual intervención sobre el cerco pueda terminar eliminando uno de los lugares visibles donde todavía permanecen los rostros y nombres de los tripulantes.

“No vamos a aceptar que, bajo pretexto de obras o reordenamientos, se intente borrar el único homenaje permanente que aún resiste en el lugar desde donde zarparon y al que nunca regresaron”, afirmaron.

Por eso, reclamaron a las autoridades de la Armada y a los funcionarios políticos correspondientes que detengan cualquier iniciativa que implique retirar las banderas y que garanticen la preservación del homenaje.

La acusación más grave formulada por los familiares apunta a que el retiro de esos símbolos podría formar parte de una política de invisibilización de la tragedia. También vincularon la situación con su reclamo histórico de conocer en profundidad qué ocurrió con el submarino y determinar las responsabilidades correspondientes.

UNA TRAGEDIA QUE COMENZÓ EN NOVIEMBRE DE 2017

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017, cuando navegaba por el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo.

El submarino había partido desde Ushuaia con destino a Mar del Plata, en el marco de tareas de patrullaje y vigilancia. Durante la navegación, la tripulación informó sobre un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación que afectó uno de los tanques de baterías, provocó un cortocircuito y derivó en un principio de incendio.

Esa fue la última comunicación conocida del submarino.

Poco después se registró una anomalía compatible con una explosión en la zona donde navegaba la nave. La búsqueda internacional se extendió durante meses y se convirtió en una de las operaciones de rescate más importantes realizadas en el Atlántico Sur.

Finalmente, el 17 de noviembre de 2018, exactamente un año y dos días después de su desaparición, el submarino fue localizado a más de 900 metros de profundidad, en el área del Golfo San Jorge.

El hallazgo confirmó definitivamente la muerte de los 44 tripulantes.

QUÉ SE SABE SOBRE EL HUNDIMIENTO

La determinación de las causas y responsabilidades fue desde el primer momento uno de los principales reclamos de los familiares.

En diciembre de 2017, el Ministerio de Defensa creó una comisión asesora destinada a colaborar con el esclarecimiento de lo ocurrido. La resolución oficial destacó que tanto la Justicia como la propia Armada habían iniciado investigaciones para determinar las causas de la desaparición y establecer eventuales responsabilidades.

Paralelamente, el Congreso creó una Comisión Bicameral Especial Investigadora. El organismo presentó en 2019 un informe de más de 170 páginas sobre la desaparición, la búsqueda y el hundimiento.

El informe parlamentario sostuvo que existieron responsabilidades políticas y dentro de la cadena de mando de la Armada, y cuestionó la manera en que se manejó la emergencia. También señaló que distintos niveles de conducción habían subestimado la gravedad de la situación.

La investigación parlamentaria no tuvo como objetivo determinar responsabilidades penales, una tarea que correspondía a la Justicia. Su trabajo estuvo centrado en las responsabilidades políticas relacionadas con la tragedia y con la respuesta estatal posterior.

Uno de los elementos destacados por la Bicameral fue que los 44 tripulantes no debían ser considerados responsables del hundimiento. El informe incluso comenzó con los nombres, apellidos y grados militares de quienes viajaban en el submarino, como una forma de homenaje.

EL JUICIO QUE TERMINÓ CON UNA SOLA CONDENA

La causa penal tuvo finalmente un desenlace en 2026, casi nueve años después de la desaparición del submarino.

El juicio oral comenzó el 3 de marzo de 2026 ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz y tuvo como acusados a cuatro exintegrantes de la Armada: Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa. Los cargos estaban relacionados con incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado por el resultado muerte.

El 8 de julio de 2026, el tribunal dictó sentencia.

Claudio Villamide, quien en el momento de la tragedia estaba al frente de la Fuerza de Submarinos, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los otros tres acusados fueron absueltos.

La Fiscalía había solicitado penas de hasta cinco años de prisión para los cuatro acusados y posteriormente informó que evaluaba recurrir la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal una vez conocidos los fundamentos.

Para los familiares, el resultado estuvo lejos de satisfacer sus expectativas.

La sentencia dejó así una situación particularmente controvertida: tras casi nueve años de investigaciones, solamente uno de los cuatro oficiales juzgados recibió una condena penal y esa pena no es de cumplimiento efectivo.

LAS FAMILIAS SIGUEN CUESTIONANDO LA RESPUESTA DEL ESTADO

El conflicto por las banderas se produce, entonces, en un momento particularmente sensible.

Por un lado, los familiares consideran que la sentencia judicial no alcanzó para establecer todas las responsabilidades que, a su entender, existieron detrás de la tragedia. Por otro, sostienen que la preservación de la memoria de los tripulantes es inseparable de la búsqueda de verdad y justicia.

La Comisión Bicameral del Congreso había señalado en 2019 que la tragedia involucró “responsabilidades compartidas” y cuestionó diferentes niveles de la conducción naval y política durante la emergencia.

Esas conclusiones forman parte del largo recorrido institucional que atravesó el caso: primero la desaparición y la búsqueda, luego el hallazgo del submarino, las investigaciones administrativas y parlamentarias, la causa judicial y finalmente el juicio oral.

Pero para las familias, el proceso todavía no terminó.

El reclamo actual no se limita a una cuestión edilicia dentro de una base militar. Lo que está en discusión, según su denuncia, es cómo el Estado argentino preservará la memoria de los 44 marinos que murieron durante una misión en tiempos de paz.

“LOS NOMBRES Y LOS ROSTROS DE LOS 44 NO SE BORRAN”

El comunicado de los familiares concluyó con un mensaje dirigido directamente a las autoridades: “Los nombres y los rostros de los 44 no se borran”.

La frase resume una disputa que permanece abierta desde noviembre de 2017. A casi nueve años del hundimiento, el ARA San Juan continúa siendo una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina y uno de los casos que más interrogantes dejó sobre el funcionamiento de las instituciones responsables de la seguridad de la tripulación.

Ahora, las familias vuelven a reclamar que los nombres de Pedro Martín Fernández, Eliana María Krawczyk, Jorge Ignacio Bergallo y los otros 41 tripulantes no desaparezcan de los espacios públicos vinculados con la historia del submarino.

Para quienes sostienen el reclamo, mantener las banderas en la Base Naval de Mar del Plata no constituye solamente un homenaje. Es también una manera de mantener abierta una pregunta que las familias todavía consideran pendiente: qué ocurrió exactamente con los 44 tripulantes y quiénes fueron responsables de que nunca pudieran regresar a sus hogares.