EN ARGENTINA LOS TIEMPOS NO TIENEN RELACIÓN CON LOS SUCESOS

Hace apenas cinco días gran parte del pueblo argentino recordó los diez años del fallecimiento de Néstor Kirchner. El lunes pasado la vicepresidenta Cristina Fernández escribió una carta pública. En la Argentina, los tiempos no parecen tener relación con los sucesos.

La carta y los clanes de poder

En la carta la vicepresidenta, entre otras cuestiones, se refirió al carácter bimonetario de la economía y a la desestabilización que provoca el dólar paralelo. Nada nuevo en la Argentina. En los últimos 37 años, desde el regreso a la democracia casi todos los gobiernos sufrieron corridas cambiarias, ocho en total. Quienes promueven la devaluación persiguen: por un lado objetivos políticos y por otro, beneficios económicos con la especulación.

Ella además plantea la necesidad de un lógico y necesario acuerdo social. Posiblemente algunos sectores del empresariado nacional y determinados nombres propios del ala más “dialoguista” de la oposición política, podrían estar interesados en sentarse en esa mesa. En cambio, el ex presidente Macri ya puso condiciones que van a contramano con los actos del gobierno que hasta hace solamente diez meses el mismo “encabezaba”. Esto último, tranquilamente podría ser parte de un hilo de twiter con los comportamientos de las multinacionales de origen nacional. Días atrás, hostigaron al presidente Alberto Fernández mientras disertaba en el coloquio de IDEA. Como también expresa la vicepresidenta en la carta, no era una cuestión de formas ni de modos, sino de rumbos, de modelos de país;  y de a qué intereses representan los gobiernos de origen nacional y popular.

El viaje a Entre Ríos de Miguel Ángel Pichetto, auditor General de la Nación, y Patricia Bulrrich, ex ministra de Seguridad- que actúa como si aún lo fuese, saludando de a uno a los policías que custodiaban la estancia-  van en línea con el fallo judicial. Esta serie de hechos concatenados también son parte de la respuesta a la carta.

El conflicto interno familiar de los Etchevehere lo hizo público Dolores, hermana mujer de una tradicional familia de la oligarquía entrerriana. Denunció haber sido extorsionada por sus hermanos varones y responsabilizó a Luis Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural y Ministro de Agricultura hasta diciembre del año pasado, como principal artífice de la estafa respecto al patrimonio heredable que- según ella-  todavía le corresponde.

Lograron instalar el problema como si fuera de cuestión nacional. Lo transformaron en un tema de persecución política. Hicieron apología del dominio que tienen sobre los poderes fácticos.  Nuevamente instalaron el discurso del riesgo en el que se encontraría la propiedad privada. Ya había sucedido algo similar con el “todos somos Vicentín”. Lograron poner en boca de sectores medios de la población, la retórica que “luego irán por tu departamento”. Es innegable que el Proyecto Artigas tiene como finalidad la generación de empleo para cultivar la tierra y además  cuidando el medio ambiente. Tendría relación ideológica con un gobierno nacional y popular, pero quedan dudas, si era el momento de una cruzada un tanto personalista y quizás en un momento inadecuado.

La agenda política y económica la manejan los medios masivos de comunicación a su antojo. El Poder Judicial  falla a favor de los intereses de quienes representan a los grupos concentrados de la economía. De los legendarios dueños de la tierra. No parece casualidad que en el momento que la vicepresidenta pone sobre la mesa la problemática de una economía bimonetaria, y al tiempo que el Ministerio de Economía logra bajar el dólar ilegal durante cinco días consecutivos, y a la vez que se incorporan un millón de nuevos beneficiarios a la AUH; que la Cámara de Diputados aprueba  media sanción del presupuesto 2021; y que el Senado convierte en ley  el proyecto que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas contra el coronavirus, los medios hegemónicos no dicen una sola palabra y además embarran la cancha.

Guernica

Retomando cuestiones sociales, podría leerse que una vez más el gobierno no logró instalar los aspectos positivos sobre las negociaciones con la enorme mayoría de las  familias que ocupaban el predio de Guernica. No sobra la aclaración. El problema habitacional y la desigualdad en  la distribución de tierras datan desde los principios de la Nación. El capitalismo en su fase neoliberal se encargó de acrecentar la pobreza y la falta de oportunidades. El Estado debe garantizar el derecho humano del acceso a la vivienda. Ahora bien, la toma de Guernica comenzó en julio. Durante 90 días un equipo del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires estuvo instalado en cercanías del predio censando a las personas. Había 1.400 familias. El Estado provincial acordó con el 80 porciento. Se otorgaron subsidios, construcción de viviendas en terrenos propios o de familiares y pago de alquiler o relocalización en alojamientos. Además, el gobernador kicillof prometió abrir un listado para que las familias en cuestión, una vez despejada la toma, puedan adquirir terrenos sobre un total de 3 mil. El propio ministro de Desarrollo Andrés Larroque, denunció que “representantes” de los sectores más reticentes al acuerdo pertenecían a partidos radicalizados de izquierda (facción disidente del Partido Obrero). No tenían el menor interés en resolver el conflicto. No caben dudas que quienes siguieron ocupando el predio hasta el momento final, necesitan en forma urgente un lugar donde vivir. Son los invisibilizados del sistema. Los más castigados, y además son doblemente víctimas. Víctimas de un Estado que desde diciembre de 2015 abandonó por completo la construcción de viviendas sociales y víctimas de partidos políticos que en determinadas situaciones parecen pretender actuar por fura del sistema de democrático. Sostienen él cuando peor, mejor.

La justicia decidió el desalojo. Los 400 ocupantes que quedaban fueron corridos en forma pacífica. Luego hubo un operativo policial en las afueras del predio en el que hubo represión por parte de la Policía de la provincia de Buenos Aires. El saldo, 37 detenidos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros organismos presentaron una denuncia por desproporción del uso de la fuerza por parte de la Policía, y por no permitir, al momento del desalojo, el ingreso de los organismos de derechos humanos que se habían hecho presentes.