EL SENADO SANCIONÓ LA LEY DE INVIOLABILIDAD DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y RESTABLECIÓ LOS LÍMITES A LA COMPRA DE TIERRAS POR EXTRANJEROS
21 noviembre, 2026Con 42 votos afirmativos y 26 negativos, la Cámara alta aceptó las modificaciones incorporadas por Diputados y convirtió en ley el proyecto impulsado por el Gobierno. La norma endurece las condiciones para las expropiaciones, agiliza los procedimientos de desalojo y restituye la Ley de Tierras Rurales, que establece restricciones a la adquisición de campos por parte de extranjeros. El texto definitivo dejó afuera algunos cambios que había propuesto originalmente el oficialismo.
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de aprobar las modificaciones que había introducido la Cámara de Diputados. La votación se realizó durante la sesión del jueves 19 de noviembre y terminó con 42 votos a favor y 26 en contra, sin abstenciones. De esta manera, la iniciativa completó su recorrido parlamentario y quedó en condiciones de ser remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La definición incluyó un cambio de relevancia respecto de la propuesta original del Gobierno: se restituyó la plena vigencia de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, que establece límites a la titularidad extranjera sobre tierras rurales argentinas. La disposición había sido derogada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, aunque su aplicación atravesó distintos procesos judiciales.
El texto aprobado también modifica el régimen de expropiaciones, incorpora herramientas para acelerar los procesos de desalojo y establece cambios en los procedimientos de regularización dominial y en el funcionamiento de los registros inmobiliarios.
El resultado representa una victoria legislativa para el oficialismo, aunque el contenido final no coincide íntegramente con el proyecto que había impulsado el Poder Ejecutivo. Durante el debate parlamentario, el Gobierno debió aceptar modificaciones para reunir los votos necesarios y evitar que la iniciativa quedara trabada en el Congreso.
LA LEY DE TIERRAS VOLVIÓ AL TEXTO DEFINITIVO
Uno de los puntos más discutidos fue la regulación de la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, estableció un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.
Entre sus principales disposiciones, fija que las personas y empresas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad de tierras rurales en el territorio nacional. Ese límite también se aplica a nivel provincial y departamental. Además, las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de ese porcentaje.
La norma establece otras restricciones: un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o su equivalente según la región, y limita la adquisición de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
El régimen también contempla restricciones para determinados Estados extranjeros y para personas jurídicas controladas por ellos.
El intento de modificar este esquema comenzó con el DNU 70/2023, firmado por Javier Milei en diciembre de 2023. El artículo 154 del decreto derogó la Ley de Tierras, con el argumento de que las restricciones a la inversión extranjera afectaban el desarrollo productivo y la llegada de capitales al país.
Sin embargo, la derogación fue cuestionada judicialmente. En marzo de 2024, la Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad de ese artículo en una causa impulsada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Posteriormente, el expediente atravesó nuevas instancias judiciales y decisiones sobre la vigencia de la norma.
En 2026, la discusión volvió a cobrar fuerza a partir de decisiones de la Corte Suprema y de nuevas presentaciones judiciales. En ese escenario, Diputados incorporó al proyecto de propiedad privada dos artículos para dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 y restablecer expresamente la Ley 26.737.
El Senado aceptó esa modificación y la incorporó al texto definitivo. Por lo tanto, la nueva ley no elimina los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros: los restablece.
EXPROPIACIONES: MAYORES EXIGENCIAS PARA EL ESTADO
Otro de los capítulos centrales de la reforma modifica la Ley 21.499 de Expropiaciones, vigente desde 1977. El objetivo declarado por el Gobierno es reforzar las garantías de los propietarios y limitar la posibilidad de que el Estado avance sobre bienes privados.
La norma establece condiciones más estrictas para declarar la utilidad pública de un inmueble. La decisión deberá identificar de manera específica el objetivo perseguido y justificar que la expropiación resulte idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo.
También introduce cambios en el cálculo de las indemnizaciones. El valor deberá determinarse sobre la base del precio objetivo de mercado del bien, con mecanismos de actualización, y se incorpora el reconocimiento del lucro cesante cuando pueda acreditarse que constituye una consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
Otro punto relevante es que el Estado no podrá tomar posesión del inmueble hasta que se haya abonado la indemnización correspondiente en su totalidad, de acuerdo con las condiciones establecidas por la nueva normativa.
La reforma modifica así el equilibrio entre las facultades estatales para disponer de bienes por razones de utilidad pública y las garantías patrimoniales de sus propietarios. Para el oficialismo, se trata de evitar expropiaciones arbitrarias y garantizar compensaciones adecuadas. Desde sectores opositores, en cambio, se cuestionó que las nuevas exigencias puedan dificultar la ejecución de políticas públicas y encarecer los procedimientos.
DESALOJOS MÁS RÁPIDOS Y CAMBIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS
La iniciativa también introduce modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acelerar los juicios de desalojo y facilitar la recuperación de inmuebles por parte de sus propietarios.
Entre los cambios se contempla la posibilidad de que un juez ordene la restitución anticipada de un inmueble cuando existan elementos documentales que acrediten el derecho del propietario y se configuren las condiciones previstas por la ley. La medida busca reducir los tiempos de los procesos judiciales frente a ocupaciones consideradas ilegítimas.
En determinados casos, el procedimiento permite solicitar la restitución del inmueble antes de que exista una sentencia definitiva. También se establecen mecanismos más ágiles para las notificaciones y la ejecución de las decisiones judiciales.
En los casos de falta de pago de alquileres, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda antes de iniciar la demanda de desalojo.
El texto contempla, además, situaciones de vulnerabilidad. Cuando se encuentren involucradas personas que requieren protección especial, los jueces deberán dar intervención a los organismos competentes y podrán establecer medidas transitorias para atender la situación habitacional.
La modificación generó cuestionamientos de organizaciones y sectores políticos que advierten sobre el riesgo de acelerar los desalojos sin contemplar suficientemente las condiciones sociales de quienes habitan los inmuebles. El oficialismo sostiene que el objetivo es reducir la duración de los litigios y garantizar el derecho de propiedad.
QUÉ PASÓ CON LOS BARRIOS POPULARES Y LA LEY DE MANEJO DEL FUEGO
El proyecto original del Poder Ejecutivo incluía otros cambios que finalmente no quedaron en la versión sancionada. Entre ellos, modificaciones al régimen de integración socio urbana de los barrios populares y a la Ley de Manejo del Fuego.
Durante el tratamiento legislativo, esos capítulos fueron retirados del texto. Por lo tanto, la nueva ley no deroga el régimen de protección de los barrios populares ni introduce las modificaciones que el Gobierno había propuesto para la normativa de manejo del fuego.
La Ley 27.453, que regula la integración socio urbana de los barrios populares, mantiene sus disposiciones, incluida la suspensión de desalojos en los territorios alcanzados por el régimen hasta octubre de 2032.
La decisión de excluir esos puntos fue parte de las negociaciones parlamentarias que permitieron avanzar con el resto de la reforma.
UN RECORRIDO LEGISLATIVO CON CAMBIOS Y NEGOCIACIONES
El proyecto había obtenido una primera aprobación en el Senado el 7 de agosto de 2026, cuando consiguió 37 votos afirmativos y 33 negativos en la votación en general. En aquella instancia, el oficialismo había retirado del texto los capítulos relacionados con la compra de tierras por extranjeros y la Ley de Manejo del Fuego, ante la falta de respaldo suficiente.
La iniciativa pasó entonces a Diputados, donde el 21 de octubre fue aprobada con modificaciones por 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. La Cámara baja incorporó los artículos que dejaron sin efecto la derogación de la Ley de Tierras y restituyeron su vigencia.
Esas modificaciones obligaron al proyecto a regresar al Senado para una revisión definitiva. Finalmente, el oficialismo consiguió reunir los apoyos necesarios y logró la sanción con 42 votos a favor y 26 en contra.
El respaldo llegó de La Libertad Avanza y de distintos bloques aliados, entre ellos la Unión Cívica Radical, el PRO y representantes de espacios provinciales. Unión por la Patria y otros sectores de la oposición votaron en contra.
La discusión dejó expuestas las diferencias sobre el alcance del derecho de propiedad, el papel del Estado en las expropiaciones y la protección de los recursos naturales. También mostró que el Gobierno debió resignar parte de su propuesta inicial para conseguir una mayoría parlamentaria.
QUÉ IMPLICA LA SANCIÓN
La nueva legislación reúne modificaciones que impactan sobre distintos aspectos del régimen de propiedad en la Argentina. Por un lado, fortalece las garantías de los titulares de inmuebles frente a las expropiaciones y busca acelerar los procesos judiciales para recuperar propiedades ocupadas. Por otro, restablece las restricciones a la titularidad extranjera de tierras rurales.
La restitución de la Ley de Tierras tiene una importancia particular porque vincula el derecho de propiedad con la soberanía territorial y el control de los recursos naturales. El debate sobre la extranjerización no se limita a quién puede comprar un campo: también involucra el acceso al agua, la concentración de grandes extensiones y la capacidad del Estado para establecer límites sobre determinados territorios.
La sanción legislativa cierra una etapa de negociaciones entre ambas cámaras, pero abre otra vinculada con la aplicación de las nuevas disposiciones. La norma deberá ser promulgada y publicada en el Boletín Oficial para entrar en vigencia, con los plazos específicos que establece para algunos de sus capítulos.
El resultado final dejó una reforma de propiedad privada con un alcance diferente al que había planteado inicialmente el Gobierno: endurece las condiciones para expropiar, agiliza los desalojos y, al mismo tiempo, vuelve a establecer límites para que la tierra rural argentina no quede sujeta a una adquisición extranjera sin restricciones.



