EL SENADO AVANZÓ CON PLIEGOS JUDICIALES, EL DEBATE POR LOS FONDOS BUITRE Y UNA POLÉMICA REFORMA SOBRE ARMAS

En una sesión cargada de tensión política y negociaciones entre el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista, el Senado de la Nación debatió este jueves una agenda atravesada por temas sensibles para el Gobierno de Javier Milei: la continuidad del juez Carlos Mahiques en la Cámara de Casación, el intento de avanzar con un acuerdo millonario con fondos buitre y una reforma vinculada a la regularización de armas de fuego. La jornada dejó fuertes cruces políticos, cuestionamientos sobre el rumbo institucional y señales de las alianzas parlamentarias que todavía sostienen al oficialismo en el Congreso.

La Cámara alta volvió a convertirse en el escenario de una de las discusiones políticas más importantes de las últimas semanas. Con una sesión atravesada por acuerdos de último momento, tensiones internas y fuertes cuestionamientos opositores, el Senado debatió una agenda que combinó temas judiciales, económicos y de seguridad, en un contexto de creciente desgaste político para el Gobierno nacional.

Uno de los puntos centrales de la sesión fue la aprobación de la prórroga por cinco años del juez Carlos “Coco” Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. El magistrado, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, alcanzará próximamente los 75 años, el límite establecido por la Constitución Nacional para ejercer funciones judiciales, por lo que necesitaba un nuevo acuerdo del Senado para continuar en el cargo. Finalmente, el oficialismo consiguió un amplio respaldo parlamentario y el pliego fue aprobado con 58 votos afirmativos y 11 negativos.

La votación dejó expuesta una de las principales características de la actual dinámica legislativa: la capacidad del oficialismo de construir acuerdos con sectores de la oposición dialoguista aun en medio de un clima político altamente polarizado. La Libertad Avanza logró respaldo del PRO, parte de la UCR y bloques provinciales para sostener la continuidad del magistrado en uno de los tribunales más importantes del país.

El debate alrededor de Mahiques estuvo cargado de cuestionamientos. Desde sectores del peronismo y organismos vinculados al ámbito judicial se advirtió sobre la creciente influencia de determinados sectores de la corporación judicial dentro del esquema político nacional. También se cuestionó el vínculo familiar directo entre el juez y el ministro de Justicia, aunque el oficialismo defendió la continuidad del magistrado argumentando experiencia, trayectoria y cumplimiento de los requisitos constitucionales.

Durante la sesión, el senador Jorge Capitanich sostuvo que “es necesario establecer un principio y una metodología sustentable para tener una Corte Suprema y una Justicia cuya idoneidad moral e intelectual sea irrefutable”. Desde el oficialismo, en cambio, Patricia Bullrich defendió el pliego y aseguró que Mahiques “ha demostrado durante décadas la capacidad necesaria para representar a la Justicia argentina”.

Pero el debate judicial no terminó allí. Además de la situación de Mahiques, el Senado dio ingreso formal a cerca de 70 nuevos pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en distintos juzgados y tribunales federales del país. Según datos expuestos durante la jornada, actualmente existe un importante porcentaje de cargos vacantes en la Justicia Federal, especialmente en provincias del interior y zonas de frontera.

La discusión sobre el funcionamiento de la Justicia aparece en un momento particularmente delicado para el Gobierno. Mientras el oficialismo intenta avanzar con una reorganización judicial y sostener vínculos con sectores clave del Poder Judicial, distintos espacios opositores denuncian una creciente concentración de poder y cuestionan la falta de consensos amplios para definir nombramientos estratégicos.

Otro de los temas más sensibles de la jornada fue el acuerdo con fondos buitre por 171 millones de dólares. El proyecto impulsado por el Ministerio de Economía buscaba autorizar el cierre de litigios históricos con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, acreedores que no habían ingresado en los canjes de deuda realizados por la Argentina en años anteriores.

Sin embargo, en medio de la sesión, el tratamiento del acuerdo sufrió un revés inesperado. La iniciativa fue devuelta a comisión luego de que el oficialismo incorporara modificaciones de último momento en el texto del proyecto. El reglamento parlamentario establece que, cuando se producen cambios sobre un dictamen ya firmado, el expediente debe volver a comisión para emitir un nuevo despacho antes de ser tratado en el recinto.

La situación generó malestar incluso entre sectores aliados al Gobierno y dejó expuestas dificultades de coordinación política dentro del oficialismo. El acuerdo era considerado prioritario por el Ministerio de Economía debido a que el plazo para cerrar la operación vence el próximo 31 de mayo y el Ejecutivo busca evitar nuevos litigios internacionales contra activos argentinos, incluyendo posibles riesgos sobre acciones vinculadas a YPF.

El proyecto contemplaba pagos por aproximadamente 67 millones de dólares para Bainbridge y otros 104 millones para el grupo Attestor. Desde el Gobierno argumentaban que el acuerdo implicaba una quita importante respecto de los reclamos originales y permitiría cerrar definitivamente litigios heredados de la crisis de deuda de principios de los 2000. Sin embargo, desde distintos sectores opositores se advirtió sobre la falta de transparencia en las negociaciones y el impacto político de volver a discutir acuerdos con fondos buitre en un contexto económico extremadamente delicado. ()

La sesión también estuvo atravesada por el debate sobre armas de fuego. El Senado aprobó una reforma destinada a facilitar la regularización de armas no registradas y, al mismo tiempo, prorrogó hasta 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas. La iniciativa fue aprobada con 40 votos a favor y 26 en contra.

El proyecto establece un período especial para registrar armamento no declarado y contempla mecanismos digitales para agilizar trámites ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Además, mantiene vigente el sistema de entrega voluntaria y anónima de armas y municiones para su destrucción, un programa que distintos gobiernos impulsaron durante los últimos años para intentar reducir la circulación ilegal de armamento.

Sin embargo, el debate volvió a poner sobre la mesa una discusión mucho más profunda acerca de la política de seguridad impulsada por el Gobierno nacional. Mientras sectores oficialistas sostienen que la reforma busca “modernizar” y simplificar registros burocráticos, desde el kirchnerismo y organismos especializados en control de armas advirtieron que el nuevo esquema podría derivar en una flexibilización peligrosa de los controles estatales.

La senadora Anabel Fernández Sagasti fue una de las voces más críticas durante el debate y aseguró que el proyecto constituye “un nuevo paso hacia la flexibilización de la tenencia y circulación de armas en Argentina”. Desde el radicalismo y otros bloques dialoguistas, en cambio, se defendió la continuidad del programa de entrega voluntaria como una herramienta positiva para reducir riesgos vinculados a la violencia armada.

La sesión dejó además otra señal política relevante: el oficialismo volvió a mostrar capacidad para construir mayorías circunstanciales en el Senado aun en medio de un escenario complejo para el Gobierno nacional. La Libertad Avanza, pese a contar con una representación legislativa limitada, logró acuerdos con sectores del PRO, parte del radicalismo y bloques provinciales para sostener iniciativas sensibles.

No obstante, detrás de esas mayorías aparecen tensiones crecientes. Las dificultades para ordenar la agenda parlamentaria, las diferencias internas dentro del oficialismo y el desgaste político que atraviesa el Gobierno comienzan a impactar también sobre la dinámica legislativa. La devolución a comisión del acuerdo con los fondos buitre expuso justamente esas dificultades de coordinación y dejó en evidencia que el oficialismo todavía depende fuertemente de negociaciones permanentes para sostener gobernabilidad parlamentaria.

En paralelo, el Senado continúa siendo uno de los espacios donde se reflejan con mayor claridad las disputas de poder que atraviesan al sistema político argentino. Las discusiones sobre Justicia, deuda externa, seguridad y funcionamiento institucional aparecen atravesadas por un clima de fuerte polarización, pero también por acuerdos silenciosos entre distintos sectores del poder político y judicial.

Mientras el Gobierno intenta sostener su agenda económica y avanzar con reformas estructurales, la oposición busca capitalizar el creciente malestar social y los conflictos internos del oficialismo. En ese escenario, cada sesión parlamentaria empieza a convertirse en mucho más que un debate legislativo: funciona como una radiografía del delicado equilibrio político que atraviesa hoy la Argentina.