EL SENADO APROBÓ LA LEY DE INVIOLABILIDAD DE LA PROPIEDAD PRIVADA, PERO EL GOBIERNO DEBIÓ RETIRAR LOS CAMBIOS A LAS LEYES DE TIERRAS Y DE MANEJO DEL FUEGO

La Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque el oficialismo sufrió un fuerte revés político al verse obligado a retirar los capítulos que modificaban la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego por falta de apoyo. La norma finalmente aprobada introduce cambios en los regímenes de desalojos y expropiaciones, mientras que la oposición celebró haber frenado dos de las reformas más cuestionadas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

Tras una extensa sesión, el Senado de la Nación sancionó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional para reformar distintos aspectos vinculados con el derecho de propiedad. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de representar un triunfo pleno para la Casa Rosada: durante las negociaciones previas al debate, La Libertad Avanza debió retirar los capítulos que proponían modificar la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego, al comprobar que no contaban con los votos necesarios para aprobarlos.

La decisión permitió destrabar el tratamiento del proyecto principal y garantizar su aprobación, aunque significó un importante retroceso para dos de las reformas más defendidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien había sostenido que ambas modificaciones eran claves para atraer inversiones y fortalecer la seguridad jurídica.

QUÉ CAMBIÓ EN LA LEY APROBADA

La nueva legislación incorpora modificaciones al régimen de desalojos con el objetivo de agilizar los procesos judiciales vinculados a la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente. Entre los principales cambios, los jueces podrán ordenar el desalojo de ocupantes sin título válido mediante procedimientos más rápidos y con menores plazos procesales, una medida que el Gobierno considera necesaria para brindar mayor protección al derecho de propiedad.

La ley también modifica el régimen de expropiaciones, estableciendo nuevas condiciones para futuras declaraciones de utilidad pública. La norma exige una fundamentación más estricta para avanzar con expropiaciones y fortalece las garantías para los propietarios afectados, con el objetivo de limitar la discrecionalidad del Estado en este tipo de procesos.

Desde el oficialismo sostuvieron que las modificaciones buscan brindar mayor previsibilidad jurídica a quienes invierten en la Argentina y reforzar la protección constitucional de la propiedad privada.

EL OFICIALISMO NO LOGRÓ AVANZAR CON LA LEY DE TIERRAS

Uno de los principales reveses para el Gobierno fue el fracaso de la reforma a la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Inicialmente, el proyecto proponía eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. Posteriormente, ante la resistencia política, el Ejecutivo redujo su pretensión y planteó elevar del 15% al 25% el límite permitido de tierras rurales en manos extranjeras.

Sin embargo, tampoco esa alternativa consiguió respaldo suficiente. Gobernadores, legisladores dialoguistas y bloques opositores cuestionaron la iniciativa por considerar que podía favorecer la extranjerización de recursos estratégicos y afectar la soberanía territorial. Frente a ese escenario, el oficialismo decidió retirar por completo el capítulo antes de la votación para evitar una derrota en el recinto.

La Ley de Tierras, sancionada en 2011, mantiene así su texto vigente, que establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales del país, además de fijar límites por nacionalidad y por superficie.

TAMBIÉN QUEDÓ AFUERA LA REFORMA A LA LEY DE MANEJO DEL FUEGO

El Gobierno tampoco consiguió avanzar con las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, otro de los puntos más controvertidos del proyecto.

La propuesta buscaba eliminar la prohibición que actualmente impide modificar el uso de un terreno afectado por incendios durante determinados plazos. La legislación vigente establece restricciones para evitar que incendios intencionales sean utilizados como mecanismo para habilitar emprendimientos inmobiliarios, desarrollos productivos o cambios de uso del suelo en zonas protegidas.

El oficialismo argumentaba que esas limitaciones desalentaban inversiones y afectaban el desarrollo productivo. Sin embargo, organizaciones ambientalistas, especialistas y la oposición advirtieron que flexibilizar la norma podía incentivar incendios provocados con fines económicos. Finalmente, el Gobierno resolvió retirar también ese capítulo por falta de apoyo parlamentario.

KICILLOF CELEBRÓ LA MARCHA ATRÁS

Tras conocerse la decisión del oficialismo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof celebró el resultado y aseguró que la oposición logró impedir una reforma que, según afirmó, ponía en riesgo el patrimonio territorial del país.

«Milei quiere vender nuestro territorio», sostuvo el mandatario provincial en sus redes sociales, donde calificó la retirada del capítulo sobre la Ley de Tierras como una victoria frente a una iniciativa que, a su entender, atentaba contra la soberanía nacional. Además, reivindicó el trabajo conjunto de gobernadores y legisladores que rechazaron la propuesta oficial.

UNA VICTORIA PARCIAL PARA EL GOBIERNO

A pesar de haber conseguido la sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el resultado dejó en evidencia las dificultades del oficialismo para avanzar con algunas de sus reformas estructurales en el Congreso.

La necesidad de retirar dos de los capítulos centrales del proyecto reflejó la falta de consenso incluso entre bloques considerados dialoguistas y gobernadores aliados. La resistencia a modificar la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego unificó a sectores de la oposición, legisladores provinciales e incluso referentes que habitualmente acompañan iniciativas del Gobierno.

En consecuencia, la Casa Rosada obtuvo una victoria legislativa parcial: logró aprobar las reformas vinculadas a desalojos y expropiaciones, pero debió resignar dos de los cambios que consideraba estratégicos dentro de su programa de desregulación económica. El desenlace dejó abierta la posibilidad de que esas iniciativas vuelvan a ser impulsadas en el futuro, aunque el escenario parlamentario mostró que, al menos por ahora, no cuentan con los consensos necesarios para convertirse en ley.