EL OFICIALISMO LOGRÓ DICTAMEN PARA INOCENCIA FISCAL II Y EXCLUYÓ A LOS FUNCIONARIOS DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS
13 agosto, 2026La Libertad Avanza consiguió avanzar en Diputados con el proyecto de ampliación del régimen de Inocencia Fiscal impulsado por Luis Caputo. Para reunir el respaldo de los bloques aliados, el oficialismo aceptó modificar uno de los puntos más cuestionados: los funcionarios públicos quedaron fuera de la presunción de exactitud, las limitaciones a las fiscalizaciones y las demás ventajas centrales del régimen. El objetivo del Gobierno es llevar la iniciativa al recinto el 26 de agosto.
La Libertad Avanza consiguió este miércoles avanzar en la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto denominado Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas económicas que el Gobierno de Javier Milei busca convertir en ley durante el segundo semestre del año.
El proyecto había sido presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de ampliar el régimen de Inocencia Fiscal aprobado a fines de 2025 y facilitar la incorporación al circuito formal de parte de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero. El tratamiento parlamentario se produjo en paralelo con el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que también obtuvo dictamen.
El avance legislativo se produjo después de una semana complicada para el oficialismo en el Congreso, marcada por el fracaso de distintos proyectos impulsados por el Gobierno y por la necesidad de revisar la estrategia parlamentaria para evitar nuevos reveses.
En ese contexto, Inocencia Fiscal II consiguió 44 firmas en el dictamen de mayoría. De acuerdo con C5N, además de los 32 diputados de La Libertad Avanza, acompañaron cuatro legisladores del PRO, dos de la UCR, dos de Innovación Federal, uno del MID, uno de Independencia, uno de Producción y Trabajo y uno de Provincias Unidas, este último en disidencia.
EL CAMBIO QUE IMPUSIERON LOS ALIADOS
El principal cambio introducido durante la discusión estuvo relacionado con los funcionarios públicos.
El proyecto original no establecía una exclusión específica para quienes ejercen cargos en el Estado. Ese punto generó resistencia entre los bloques dialoguistas, particularmente después de la polémica que había generado la adhesión de Manuel Adorni al régimen de Inocencia Fiscal aprobado en diciembre de 2025.
Finalmente, el oficialismo aceptó modificar el texto para dejar a los funcionarios públicos fuera de los principales beneficios.
De acuerdo con el dictamen alcanzado, los funcionarios podrán utilizar el sistema simplificado únicamente como una herramienta operativa para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y cancelar el saldo correspondiente.
Sin embargo, no podrán acceder a la presunción de exactitud de las declaraciones, a la liberación de determinadas fiscalizaciones ni a los demás beneficios o inmunidades tributarias contemplados por el régimen.
La modificación fue negociada con los sectores aliados y, según fuentes citadas por C5N, tuvo un papel central la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.
QUÉ BUSCA EL GOBIERNO CON INOCENCIA FISCAL II
La iniciativa representa una ampliación del régimen que el Congreso aprobó a fines de 2025.
La primera versión modificó aspectos del Régimen Penal Tributario y elevó de manera significativa los montos a partir de los cuales una evasión puede ser considerada delito. En diciembre de 2025, Diputados aprobó aquella iniciativa por 130 votos a favor, 107 en contra y dos abstenciones.
El Gobierno presentó la nueva etapa como una herramienta para simplificar el sistema tributario y generar incentivos para que los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero ingresen a la economía formal.
La propuesta forma parte de la estrategia económica de Caputo para intentar movilizar los dólares que los argentinos mantienen fuera del circuito bancario.
En la presentación del proyecto, el ministro había defendido la necesidad de generar condiciones para que esos fondos se vuelquen al sistema financiero y a la actividad económica. La iniciativa apunta, de esta manera, a reducir determinadas obligaciones y mecanismos de fiscalización para quienes ingresen al régimen.
SE ELIMINAN LOS TOPES DE INGRESOS Y PATRIMONIO
Uno de los cambios centrales de Inocencia Fiscal II es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que existían para acceder al régimen simplificado.
La normativa anterior establecía topes de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio. El nuevo proyecto elimina esos límites como condición de acceso, aunque mantiene restricciones para los denominados Grandes Contribuyentes Nacionales respecto de los beneficios centrales del régimen.
El Gobierno sostiene que la modificación busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden utilizar el sistema simplificado.
También se modifican los criterios utilizados para determinar cuándo existe una “discrepancia significativa” entre lo declarado por un contribuyente y lo que eventualmente detecte ARCA.
El objetivo oficial es concentrar las tareas de fiscalización en casos considerados relevantes y reducir los controles sobre diferencias menores.
EL CASO ADORNI, DETRÁS DE LA DISCUSIÓN
La exclusión de los funcionarios públicos no puede separarse de la controversia que se generó meses atrás alrededor del régimen.
La adhesión de Manuel Adorni al sistema de Inocencia Fiscal había generado cuestionamientos políticos debido a que el entonces jefe de Gabinete se encontraba en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
La discusión se trasladó rápidamente al Congreso cuando el Gobierno presentó la nueva versión del régimen sin excluir inicialmente a los funcionarios.
Los bloques aliados reclamaron modificaciones y advirtieron que no acompañarían un esquema que pudiera permitir que quienes ocupan cargos públicos accedieran a los beneficios fiscales en las mismas condiciones que el resto de los contribuyentes.
Ese reclamo terminó forzando al oficialismo a modificar el proyecto antes de conseguir el dictamen de mayoría.
EL OFICIALISMO BUSCA EVITAR OTRO REVÉS EN EL CONGRESO
El avance de Inocencia Fiscal II se produce en un momento delicado para el Gobierno en materia parlamentaria.
La semana previa había quedado marcada por el retiro de modificaciones vinculadas con la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo no consiguiera sostener esos cambios en el Senado.
El episodio generó cuestionamientos dentro de La Libertad Avanza y llevó al espacio a revisar su estrategia para el tratamiento de los proyectos que lleguen al Congreso.
La situación también expuso una dificultad estructural para el oficialismo: La Libertad Avanza necesita negociar con bloques aliados para conseguir las mayorías necesarias en el recinto.
El dictamen de Inocencia Fiscal II, con 44 firmas, muestra precisamente el resultado de esas negociaciones.
EL OBJETIVO: SESIÓN EL 26 DE AGOSTO
Con el dictamen aprobado, el Gobierno pretende llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados el miércoles 26 de agosto.
La iniciativa sería tratada junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y otros acuerdos internacionales.
La intención del oficialismo es convertir el proyecto en una de las primeras leyes económicas de la segunda mitad del año y profundizar el esquema de simplificación tributaria iniciado con la Ley de Inocencia Fiscal sancionada en diciembre pasado.
UNA DISCUSIÓN QUE VA MÁS ALLÁ DE LOS IMPUESTOS
El debate alrededor de Inocencia Fiscal II excede la discusión técnica sobre Ganancias.
Para el Gobierno, el proyecto forma parte de una estrategia destinada a reducir la presión fiscal, simplificar las obligaciones de los contribuyentes y generar incentivos para que los dólares que están fuera del sistema formal ingresen a la economía.
La oposición y distintos sectores aliados, en cambio, cuestionaron desde el inicio el alcance de las facultades de fiscalización y el riesgo de que un régimen de estas características termine funcionando como una vía permanente de regularización de activos.
La exclusión de los funcionarios públicos constituye, en ese sentido, una modificación política de peso respecto del proyecto original.
Ahora el desafío del oficialismo será trasladar el acuerdo alcanzado en las comisiones al recinto. El dictamen es un paso importante, pero no significa que el proyecto esté aprobado: todavía deberá conseguir la mayoría necesaria en Diputados y posteriormente atravesar el Senado.
Con la fecha del 26 de agosto como próximo objetivo, el Gobierno buscará demostrar que, después de varios tropiezos parlamentarios, puede volver a construir mayorías para avanzar con su agenda económica.
