EL GOBIERNO PROMULGÓ LA LEY QUE PERMITE REGULARIZAR ARMAS NO REGISTRADAS: HABRÁ 360 DÍAS DE PLAZO Y EXENCIÓN DE SANCIONES PENALES
18 junio, 2026La administración de Javier Milei oficializó la Ley 27.805, que habilita a los propietarios de armas de fuego sin registrar o con documentación irregular a normalizar su situación ante la ANMAC. La norma también prorroga hasta 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y reabre el debate sobre la política de control de armamento en Argentina.
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.805, una iniciativa que establece un régimen extraordinario de regularización para armas de fuego no registradas o con documentación irregular. La medida otorga un plazo de 360 días para que los tenedores de este tipo de armamento puedan declarar su situación ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y acceder a un proceso de registración sin enfrentar sanciones penales por la tenencia irregular previa. La norma fue publicada en el Boletín Oficial y comenzará a regir formalmente 30 días después de su publicación.
Según establece la legislación, el plazo de regularización comenzará a correr desde su entrada en vigencia y alcanzará a personas que posean armas de uso civil, armas de uso civil condicional o sus principales componentes sin la documentación exigida por la normativa vigente. La ANMAC será la encargada de verificar la información técnica y registral para incorporar los datos al Banco Nacional Informatizado de Datos sobre Materiales Controlados.
La iniciativa busca ampliar la cantidad de armas registradas dentro del sistema formal y mejorar los mecanismos de trazabilidad y control estatal sobre materiales considerados sensibles. Desde el oficialismo sostienen que la existencia de miles de armas fuera de los registros oficiales dificulta las tareas de fiscalización y seguimiento.
CÓMO FUNCIONARÁ EL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN
La ley contempla que quienes se presenten voluntariamente dentro del plazo establecido podrán iniciar el trámite de registración sin que se les apliquen sanciones penales vinculadas exclusivamente a la tenencia irregular del arma. Sin embargo, el beneficio no alcanzará a personas involucradas en delitos cometidos con armas de fuego o a quienes tengan causas penales vinculadas a otros hechos ilícitos.
El procedimiento incluirá controles técnicos, verificaciones de antecedentes y el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la condición de legítimo usuario. Una vez completado el trámite, el arma quedará incorporada al sistema oficial de registración.
Uno de los aspectos más relevantes de la norma es que funciona como una especie de «blanqueo» para armas que permanecían fuera del radar estatal, con el objetivo de incorporarlas al circuito legal y mejorar su control.
LA PRÓRROGA DEL PLAN DE ENTREGA VOLUNTARIA
Además del régimen de regularización, la ley extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, una política pública implementada originalmente en 2007 y prorrogada por sucesivos gobiernos de distintos signos políticos.
El programa permite que cualquier ciudadano entregue armas y municiones de manera anónima, sin consecuencias penales por su tenencia y a cambio de un incentivo económico. Una vez recibidas, las armas son inutilizadas y posteriormente destruidas bajo supervisión estatal.
De acuerdo con datos oficiales, desde la creación del plan fueron entregadas y destruidas más de 200.000 armas de fuego y alrededor de dos millones de municiones en todo el país.
UN DEBATE QUE DIVIDE OPINIONES
La aprobación de la ley no estuvo exenta de controversias. Durante su tratamiento parlamentario recibió apoyos de sectores que consideran necesario actualizar los registros y reducir la cantidad de armas en situación irregular, pero también generó cuestionamientos de organizaciones especializadas en control de armamento y prevención de la violencia armada.
Los críticos sostienen que la medida podría ser interpretada como una flexibilización en el acceso a las armas, especialmente en un contexto donde el Gobierno ya impulsó modificaciones regulatorias vinculadas a la condición de legítimo usuario y a los requisitos para la tenencia.
Desde el oficialismo responden que el objetivo no es ampliar la circulación de armas sino identificar y registrar aquellas que ya existen fuera del sistema legal. Según esa visión, una mayor registración permite mejorar los controles y fortalecer la capacidad del Estado para rastrear el recorrido de cada arma.
EL CAMINO LEGISLATIVO DE LA NORMA
El proyecto había sido aprobado inicialmente por la Cámara de Diputados durante 2024 y permaneció varios meses en análisis en el Senado. Finalmente fue sancionado por la Cámara alta en mayo de este año con 40 votos afirmativos y 26 negativos, tras una extensa discusión sobre los alcances de la regularización y la continuidad del programa de desarme voluntario.
La promulgación de la Ley 27.805 marca ahora el inicio de una nueva etapa para la política de control de armas en Argentina. Mientras el Gobierno apuesta a incrementar la registración y la trazabilidad del armamento en circulación, especialistas y organizaciones civiles seguirán observando de cerca el impacto que tendrá la medida sobre la seguridad pública y el mercado de armas en el país.
Con un año de plazo para adherirse al régimen, miles de propietarios de armas deberán decidir entre regularizar su situación ante la ANMAC o mantenerlas fuera del sistema, en un contexto donde el Estado busca ampliar el control sobre uno de los materiales más sensibles para la seguridad nacional.
