EL GOBIERNO IMPULSA UNA PROFUNDA REFORMA DE LA LEY DE SOCIEDADES Y BUSCA CAMBIAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS EN LA ARGENTINA

La administración de Javier Milei enviará al Congreso un proyecto para modificar de manera integral la Ley General de Sociedades, una norma vigente desde 1972 que regula la constitución, organización y funcionamiento de las empresas. La iniciativa promete menos controles estatales, más digitalización y nuevas figuras vinculadas a la inteligencia artificial y el universo blockchain. Sin embargo, también abre un fuerte debate sobre los límites de la desregulación y el rol del Estado en la actividad económica.

El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de su programa de reformas estructurales. Luego de las modificaciones impulsadas a través de la Ley Bases, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los cambios en organismos públicos y las políticas de desregulación económica, ahora la Casa Rosada apunta a transformar uno de los pilares del derecho comercial argentino: la Ley General de Sociedades.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que el proyecto será enviado al Congreso para su tratamiento parlamentario. La iniciativa fue elaborada por equipos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, junto con el Ministerio de Justicia, la Secretaría Legal y Técnica y organismos vinculados al control societario.

La legislación actual fue sancionada en 1972 y, aunque atravesó distintas modificaciones a lo largo de las últimas décadas, continúa siendo el marco normativo principal para la constitución, funcionamiento, disolución y liquidación de sociedades comerciales en la Argentina. Para el oficialismo, se trata de una norma que quedó desactualizada frente a los cambios tecnológicos y económicos del siglo XXI.

UNA REFORMA QUE APUESTA A REDUCIR LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO

Uno de los ejes centrales del proyecto consiste en limitar la capacidad de intervención estatal sobre las empresas y ampliar la autonomía de los socios para definir cómo organizar sus actividades.

Según explicó Sturzenegger, las disposiciones legales pasarían a tener carácter supletorio, lo que significa que prevalecerían las reglas establecidas por los propios accionistas en los estatutos societarios. Bajo esta lógica, el Estado dejaría de tener un rol tan activo en la regulación interna de las compañías y las restricciones serían excepcionales.

Se trata de uno de los cambios más profundos planteados por el Gobierno: trasladar gran parte de las decisiones desde los organismos de control hacia los propios actores privados.

Desde la administración libertaria sostienen que el actual esquema genera burocracia innecesaria, demora inversiones y desalienta la creación de nuevas empresas. Los sectores críticos, en cambio, advierten que una reducción excesiva de controles podría generar mayores riesgos de abuso societario, conflictos entre accionistas y dificultades para supervisar operaciones empresariales complejas.

OBJETOS SOCIALES MÁS AMPLIOS Y MENOS RESTRICCIONES

Otro de los puntos destacados es la modificación del denominado “objeto social”, es decir, la actividad que una empresa declara realizar al momento de constituirse.

Actualmente muchas sociedades deben especificar con precisión cuáles serán sus actividades y, en algunos casos, demostrar una relación entre ellas. El proyecto oficial elimina esa exigencia y permite que una misma sociedad pueda desarrollar múltiples actividades sin necesidad de conexión entre sí. Incluso, si el estatuto no define expresamente un objeto social, se presumirá que la empresa puede realizar cualquier actividad lícita.

Para el Gobierno, esta flexibilidad resulta indispensable en un contexto económico donde los modelos de negocio cambian rápidamente y muchas compañías combinan actividades tecnológicas, financieras, comerciales y productivas.

EL FIN DEL PAPEL Y LA DIGITALIZACIÓN TOTAL

La reforma también propone una transformación integral de los procedimientos administrativos.

Entre los cambios previstos se encuentran la utilización de domicilios electrónicos, libros digitales, registros virtuales, asambleas remotas y la posibilidad de constituir sociedades mediante firma digital o electrónica. Además, cada empresa contaría con un legajo digital accesible para la realización de distintos trámites.

El objetivo oficial es acelerar procesos que actualmente pueden demandar semanas o meses y reducir costos administrativos tanto para emprendedores como para grandes compañías.

La digitalización aparece como una de las banderas más fuertes del proyecto y se enmarca dentro de la estrategia más amplia de modernización estatal impulsada por el Gobierno nacional.

SOCIEDADES MANEJADAS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Quizás el aspecto más novedoso y controvertido de la iniciativa sea la incorporación de nuevas figuras empresariales vinculadas a la tecnología.

El proyecto reconoce legalmente las denominadas “Sociedades Automatizadas”, organizaciones que podrían funcionar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin necesidad de contar con empleados para sus operaciones ordinarias. También incluye a las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), estructuras vinculadas al ecosistema blockchain y al uso de tokens digitales.

Ambas figuras tendrían personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada, algo que hasta ahora no estaba contemplado de forma específica en la legislación argentina.

La propuesta coloca a la Argentina entre los pocos países que buscan adaptar de manera explícita su legislación societaria a modelos empresariales basados en inteligencia artificial y tecnologías descentralizadas.

Desde el oficialismo sostienen que esto permitirá atraer inversiones globales ligadas a la innovación tecnológica. Sin embargo, especialistas en derecho empresarial advierten que todavía existen numerosas zonas grises sobre la responsabilidad legal de sistemas automatizados y el control efectivo de este tipo de organizaciones.

INVERSORES, CAPITAL DE RIESGO Y NUEVAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS

La iniciativa también incorpora mecanismos orientados a facilitar el financiamiento privado.

Entre ellos aparecen los instrumentos de inversión convertibles, que permitirían a un inversor aportar capital sin convertirse automáticamente en socio de la empresa. Recién adquiriría participación societaria cuando decidiera ejercer ese derecho.

La medida apunta especialmente al ecosistema emprendedor y tecnológico, donde este tipo de herramientas son utilizadas frecuentemente para financiar startups y proyectos de innovación.

Asimismo, el proyecto habilita la renovación automática de la duración de las sociedades y establece que los mandatos de directores y síndicos sean por tiempo indeterminado salvo disposición contraria de los estatutos.

CONFLICTOS BAJO LEYES EXTRANJERAS

Otro punto que genera debate es la posibilidad de que las sociedades argentinas sometan determinados conflictos internos a legislación extranjera o mecanismos de arbitraje internacional.

La propuesta permitiría que los socios acuerden resolver controversias bajo normas jurídicas de otros países o mediante tribunales arbitrales privados, evitando la intervención de la Justicia ordinaria argentina.

Desde el Gobierno consideran que esta herramienta puede brindar mayor seguridad jurídica a inversores internacionales. Los críticos, en cambio, sostienen que podría debilitar la capacidad regulatoria nacional y generar escenarios donde empresas radicadas en Argentina terminen resolviendo disputas relevantes fuera del sistema judicial local.

EL CONTEXTO POLÍTICO DE LA REFORMA

La iniciativa llega en un momento donde el oficialismo intenta profundizar su agenda de transformación económica pese a las dificultades para conseguir mayorías parlamentarias estables.

Durante las últimas semanas, el Gobierno avanzó con proyectos vinculados a desregulaciones, modificaciones regulatorias y reformas económicas orientadas a reducir la intervención estatal en distintos sectores.

La reforma societaria aparece como una pieza central dentro de esa estrategia y refleja con claridad la visión ideológica de la administración Milei: menos regulaciones, mayor autonomía privada y un marco legal diseñado para favorecer la llegada de inversiones.

No obstante, el debate parlamentario promete ser intenso. Sectores de la oposición ya anticipan cuestionamientos relacionados con la pérdida de controles públicos, la incorporación de mecanismos jurídicos extranjeros y el reconocimiento de estructuras empresariales vinculadas a la inteligencia artificial.

UNA DISCUSIÓN QUE EXCEDE A LAS EMPRESAS

Más allá de las cuestiones técnicas, la reforma vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre qué modelo económico necesita la Argentina.

Mientras el Gobierno sostiene que la competitividad requiere eliminar trabas burocráticas y modernizar las reglas del juego, distintos sectores advierten que la ausencia de controles puede favorecer prácticas especulativas y aumentar los riesgos para trabajadores, consumidores e incluso para el propio sistema productivo.

Lo cierto es que el proyecto ya comenzó a generar repercusiones en el mundo empresarial, jurídico y político. Y aunque todavía deberá atravesar el debate legislativo, anticipa una nueva batalla parlamentaria en torno a uno de los ejes centrales de la gestión libertaria: la redefinición del rol del Estado en la economía argentina.