EL GOBIERNO CONVOCA A UNA MEGASESIÓN EN DIPUTADOS PARA FRENAR EL RECHAZO AL DNU 70/23

La Libertad Avanza buscará impulsar una sesión para el 21 de octubre con una agenda que incluye una nueva propuesta sobre tierras rurales, discapacidad, endeudamiento familiar y la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas. La maniobra apunta a restarle apoyo a la sesión opositora del 15 de octubre, que busca rechazar el decreto de Javier Milei. El escenario cambió tras una nueva decisión de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.

El Gobierno nacional prepara una nueva estrategia parlamentaria para evitar que la oposición consiga los votos necesarios para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, una de las principales normas de desregulación impulsadas por el presidente Javier Milei. El bloque de La Libertad Avanza prevé solicitar una sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles 21 de octubre, con un temario que incluiría iniciativas sobre propiedad privada y tierras rurales, discapacidad, endeudamiento familiar y defensa de la soberanía nacional.

La convocatoria busca modificar el escenario legislativo de cara a la sesión solicitada por distintos bloques opositores para el jueves 15 de octubre. Ese día, a partir de las 14, los diputados que impulsan la iniciativa pretenden debatir el rechazo al DNU 70/23, un régimen para atender el endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta fines de 2027.

La estrategia oficialista consiste en ofrecer una agenda alternativa que permita abordar algunos de esos reclamos sin poner en discusión la continuidad del decreto en su conjunto. De esa manera, el Gobierno intenta conservar el respaldo de bloques dialoguistas que cuestionan determinados aspectos del DNU, pero no necesariamente están dispuestos a votar su rechazo integral.

Uno de los puntos centrales será la discusión sobre la Ley de Tierras Rurales, derogada por el artículo 154 del DNU 70/2023. El oficialismo busca incorporar restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Para avanzar con esa alternativa, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General fueron convocadas para el miércoles 14 de octubre a las 16.

La propuesta representa un cambio respecto de la posición original del Gobierno, que había eliminado los límites establecidos por la legislación anterior. El objetivo político es ofrecer una respuesta a los bloques que rechazan la posibilidad de que extranjeros adquieran tierras rurales sin las restricciones que regían hasta la derogación, pero que tampoco quieren respaldar la caída de todo el DNU.

Según los lineamientos que trascendieron durante las negociaciones legislativas, se analiza una regulación más flexible que la ley derogada. Entre las alternativas discutidas en el Congreso figuran elevar del 15% al 25% el límite de propiedad extranjera, impedir la compra por parte de Estados extranjeros, otorgar a las provincias facultades para autorizar o rechazar operaciones y mantener restricciones para las zonas de frontera. Estos puntos forman parte de las negociaciones y no deben confundirse con una ley ya aprobada.

El tratamiento de esa propuesta también podría abrir una discusión reglamentaria. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llegó a Diputados después de que el Senado eliminara el capítulo referido a las tierras rurales antes de otorgarle media sanción. Por eso, la eventual reincorporación de ese contenido podría ser objetada por sectores opositores, que sostienen que existen límites constitucionales para que la Cámara revisora vuelva a introducir disposiciones que la Cámara de origen no aprobó.

La decisión de la Corte Suprema modificó el escenario político de la discusión. El viernes 9 de octubre, el máximo tribunal dispuso suspender provisionalmente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras. La resolución respondió a otra demanda judicial y restableció temporalmente las restricciones mientras continúa el análisis de la controversia. No constituye todavía una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación.

La intervención judicial se produjo después de un fallo anterior en el que la Corte había revocado una decisión favorable al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata por considerar que la organización no tenía legitimación para promover esa demanda. En aquella resolución, el tribunal no se había pronunciado sobre la constitucionalidad de la derogación. La nueva medida cautelar surgió de otra causa, impulsada por la asociación ambiental Árbol de Pie, que planteó la afectación del derecho a un ambiente sano.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía que la titularidad extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También fijaba límites por nacionalidad, restricciones para determinadas zonas de frontera y un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola para un mismo titular extranjero, con equivalencias según la región. Su derogación mediante el DNU había eliminado esos límites específicos, aunque otras normas y restricciones podían seguir siendo aplicables según las características de cada operación.

La decisión judicial más reciente alivió parte de la presión sobre el oficialismo, pero no resolvió el conflicto legislativo. La oposición mantiene su convocatoria para el 15 de octubre y sostiene que el Congreso debe pronunciarse sobre el DNU, más allá de las medidas cautelares que se dicten en los tribunales.

El oficialismo, por su parte, considera que la derogación integral del decreto podría generar incertidumbre jurídica por la cantidad de normas que modificó o dejó sin efecto. El DNU 70/2023, publicado en diciembre de 2023, introdujo cambios en distintas áreas de la economía, el comercio, los alquileres, la salud y las relaciones laborales, entre otras materias. Su continuidad constituye una de las principales prioridades legislativas de La Libertad Avanza.

La sesión opositora del jueves 15 no se limita, sin embargo, a la discusión sobre tierras. El temario incluye un proyecto sobre endeudamiento familiar y otro para extender la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Los promotores de la convocatoria consideran que esos asuntos pueden reunir apoyos de sectores que tienen diferencias con el Gobierno, pero que no necesariamente coinciden en el rechazo al DNU.

En materia de discapacidad, el oficialismo prepara una propuesta propia que contempla mantener las pensiones no contributivas, actualizar sus montos por inflación, establecer un nomenclador universal de prestaciones y unificar aranceles. También analiza permitir la compatibilidad entre una pensión y un empleo registrado cuando la remuneración no supere dos salarios mínimos, vitales y móviles. La iniciativa busca ofrecer una alternativa al proyecto opositor que pretende extender la emergencia vigente.

En cuanto al endeudamiento familiar, el texto que promueve el Gobierno apunta a reforzar la información sobre las condiciones de los créditos, las tasas de interés y los costos asociados, además de establecer mecanismos de validación de identidad y aceptación para los préstamos digitales. La propuesta oficialista no contempla topes generales a los intereses ni una reducción obligatoria del capital adeudado, diferencias que la separan de algunos proyectos opositores, que plantean mecanismos de refinanciación y desendeudamiento.

La agenda que el oficialismo pretende llevar al recinto también podría incorporar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, relacionado con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. La iniciativa prevé sanciones para empresas y actores que desarrollen determinadas actividades sin autorización argentina y contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Este punto también genera diferencias políticas por el alcance de las atribuciones que se proyecta asignar al organismo.

La disputa legislativa se desarrolla, además, en un contexto de movilización social. Para el 15 de octubre está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria, que coincidirá con la sesión solicitada por la oposición frente al Congreso. La concentración por el financiamiento de las universidades públicas suma presión sobre una jornada parlamentaria que ya reúne reclamos de distintos sectores.

El principal desafío de los bloques opositores será conseguir el quórum de 129 diputados para abrir el debate. Según las estimaciones que trascendieron durante las negociaciones, los impulsores de la sesión todavía necesitaban sumar apoyos de fuerzas provinciales y espacios dialoguistas. El Gobierno apuesta a que esos legisladores opten por discutir proyectos específicos en lugar de acompañar el rechazo general al decreto.

La convocatoria oficialista para el 21 de octubre aún debe atravesar las instancias formales correspondientes y terminar de definir su temario. Si prospera, el Congreso tendrá dos jornadas de alto voltaje político en una misma semana, con el DNU 70/2023 como eje de la disputa y negociaciones paralelas por tierras, discapacidad, deudas familiares y soberanía nacional.

La estrategia de La Libertad Avanza busca así trasladar la discusión desde el rechazo integral del decreto hacia el tratamiento de iniciativas puntuales. El resultado dependerá de la capacidad del oficialismo para reunir a sus aliados, de las objeciones reglamentarias que puedan surgir y de la decisión de la oposición de sostener su convocatoria del 15 de octubre pese al nuevo escenario judicial.