EL GOBIERNO ANUNCIA QUE APELARÁ EL FALLO QUE SUSPENDE EL PROTOCOLO ANTIPIQUETES
30 diciembre, 2025La ministra de Seguridad confirmó que el Ejecutivo recurrirá la decisión judicial que declaró nula la normativa que regula la actuación de las fuerzas frente a cortes de calle, en medio de una fuerte disputa política y jurídica sobre el derecho a la protesta y el orden público.
El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo de la Justicia que suspendió el denominado “protocolo antipiquetes”, una de las medidas más polémicas impulsadas en materia de seguridad en los últimos años. La decisión fue anunciada este lunes por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, en rechazo a la resolución judicial que declaró la nulidad de la medida impulsada en 2023.
El protocolo, diseñado originalmente durante la gestión de Patricia Bullrich y mantenido por la actual administración, tiene por objetivo regular la actuación de las fuerzas de seguridad frente a manifestaciones que incluyan cortes de calles o piquetes. Sin embargo, fue puesto en cuestión por el juez federal Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, quien aceptó un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró nula la normativa por considerarla ilegítima al intentar regular derechos fundamentales sin intervención del Congreso.
Ante el revés judicial, Monteoliva calificó el fallo como un intento de sectores de la “vieja política” de avanzar sobre la herramienta que, según el Gobierno, permitió recuperar el orden en las calles. “Sin protocolo no hay orden, hay caos”, afirmó la ministra en su publicación, y aseguró que defenderán la vigencia de la normativa porque considera que tiene “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y ha permitido “devolver orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”.
En la misma línea, la senadora y exministra Bullrich también utilizó sus redes para cuestionar la decisión judicial y respaldar la apelación. Señaló que el protocolo había sido validado en múltiples ocasiones por jueces y que quienes celebran el fallo serían quienes “viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, subrayando que “el orden no se negocia”.
Por su parte, el fallo del juez Cormick sostiene que la Resolución 943/23 carece de validez como acto administrativo porque el Ministerio de Seguridad, al regular manifestaciones y atribuirse facultades que implican modificaciones en la legislación penal y orgánica policial, excedió sus competencias y vulneró derechos constitucionales como la libertad de reunión y protesta. El magistrado también habilitó a que las personas que se consideren afectadas por la aplicación de la medida realicen denuncias individuales ante la Justicia Penal.
La decisión de apelar abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Poder Ejecutivo y el ámbito judicial sobre el alcance de las políticas de control social y el espacio legítimo de la protesta en Argentina. Mientras para el Gobierno la apelación representa una defensa de la seguridad y el orden público, sectores de la sociedad civil y organismos de derechos humanos sostienen que el protocolo implicaba una restricción excesiva a derechos fundamentales.
