REVÉS JUDICIAL AL GOBIERNO: UN JUEZ DECLARÓ NULO EL PROTOCOLO ANTIPIQUETES DE PATRICIA BULLRICH
30 diciembre, 2025La Justicia federal anuló la resolución que regulaba la actuación de las fuerzas de seguridad ante cortes de calles y piquetes, generando una fuerte polémica política. El Gobierno ya anticipó que apelará la decisión.
Un juez federal declaró nulo el controvertido “protocolo antipiquetes” que impulsó la exministra de Seguridad Patricia Bullrich en diciembre de 2023 para reglamentar el accionar de las fuerzas de seguridad frente a cortes de calle y manifestaciones que obstaculicen la circulación. La medida, que generó un intenso debate sobre el equilibrio entre el orden público y la libertad de protesta, fue considerada inválida por el magistrado Martín Cormick del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11.
En su fallo, el juez sostuvo que la resolución 943/2023, base del protocolo, excedía las competencias del Poder Ejecutivo y vulneraba derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de reunión, expresión y petición ante las autoridades, al intentar regular aspectos que, según la Constitución, requieren la intervención del Congreso Nacional. La decisión se originó a partir de una acción colectiva presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que argumentó que la medida implicaba una “represalia de derechos” contra sectores vulnerables y ponía en jaque el derecho a la protesta social.
El protocolo habilitaba a las fuerzas federales y al Servicio Penitenciario Federal a intervenir de inmediato en cortes de calles o rutas sin orden judicial previa, con facultades para identificar a manifestantes, organizadores y vehículos, y sancionar a quienes bloquearan la circulación. Para sus impulsores, esta normativa representaba una herramienta clave para garantizar el orden público y la libre circulación.
La nulidad de la medida desató una fuerte reacción en el ámbito político. La actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno apelará el fallo ante instancias superiores, defendiendo el protocolo como una herramienta “con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” que, en su visión, “devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”. Monteoliva calificó la decisión judicial como un intento de sectores de la “vieja política” de retroceder en políticas de seguridad.
Por su parte, la propia Bullrich también se pronunció en las redes sociales, cuestionando la resolución del juez Cormick y resaltando que el protocolo había contado previamente con validaciones judiciales y, según sus dichos, respaldo social. La dirigente argumentó que quienes celebran el fallo son “los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”.
El fallo marca un nuevo capítulo en la disputa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo sobre el alcance de las políticas de control social y el espacio legítimo de la protesta en Argentina. Mientras el Gobierno prepara su estrategia legal para revertir la nulidad, la decisión de la Justicia vuelve a poner en el centro del debate público los límites entre seguridad pública y derechos constitucionales en un contexto de creciente conflictividad social.
