EL FUTURO DE «LA JUSTICIA»

El presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de Ley de “Reforma en la Justicia” que hace hincapié en el reordenamiento y en la ampliación de los Juzgados Federales de todo el país.  En este sentido el presidente designó un consejo asesor conformado por 11 notables y dictaminó que solo busca «restablecer la República que todos declaman pero que algunos humillaron».

Los objetivos del proyecto de Ley:

Justicia Federal Penal

Se unificarán los 12  juzgados penales federales con los 11 en lo penal económico. También  se duplicarán y llegarán a 46 tribunales.

Nuevos magistrados

Se buscará aplicar un sistema de subrogancias (sustitución de jueces) para ocupar los nuevos juzgados. Intervendrán en la elección: la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

Actuales Juicios en curso

El proyecto contempla el principio del juez natural. Los actuales juicios quedarán bajo la jurisdicción de los tribunales orales donde actualmente se estén tramitando, con sus respectivos jueces.

Juzgados, fiscalías y defensorías

La iniciativa propone unir las cámaras de apelaciones y ampliar el sistema de justicia con la creación de nuevos tribunales orales, fiscalías y defensorías. El Consejo de la Magistratura abrirá nuevos concursos para cubrir las vacantes  mediante prueba de oposición oral y pública.

Transferencia de la competencia federal penal a la Ciudad

El proyecto propone transferir a la Ciudad de Buenos Aires los procesos judiciales que investiguen delitos no federales cometidos en su jurisdicción.

Fusión en el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo

La principal finalidad es evitar las demoras en los trámites judiciales.

Fortalecimiento de la justicia en todo el país

La propuesta contempla la creación de juzgados federales en todo el territorio del país.

Los 11 juristas elegidos:  

Carlos Beraldi, ex fiscal federal, ministro de seguridad bonaerense;  Leon Arslanian, ex camarista del juicio a las juntas y también titular de la cartera de seguridad; Inés Weinberg de Roca, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires; Claudia Sbdar, Corte Suprema de Tucumán;  Hilda Kogan, actual ministra de la Suprema Corte Bonaerense; María del Carmen Battaini del Superior Tribunal de la provincia de Tierra del Fuego; Omar Palermo, de la Suprema Corte de Mendoza. Los abogados y profesores de Derecho Constitucional Raúl Gustavo Ferreyra y Andrés Gil Domínguez. Marisa Herrera, de Derecho de Familia y Enrique Bacigalupo de Derecho Penal, 

No caben dudas que en cuestiones ligadas al Derecho, es el lugar donde el presidente se siente más cómodo. Su titularidad en la Facultad de Derecho como docente y la necesidad de poner en discusión popular cuestiones que a lo largo de la historia pertenecieron a una elite, presumen su intención de tomar de toro por las astas. Es sumamente complejo gobernar con un permanente bombardeo de cautelares que condicionan desde las leyes, hasta las decisiones del Poder Ejecutivo. Probablemente haya sido el motivo de mayor relevancia a la hora de haber sido elegido como candidato a presidente. Uno de los tópicos de campaña fue la necesidad de reforma en la justicia. Nadie puede sorprenderse de esta decisión.

Tan importante como lograr instalar la discusión sobre la necesaria  Reforma Judicial, es poder capitalizar políticamente el anuncio.

El presidente de la Nación es el mejor comunicador que tiene el gobierno. Se evidencia ante cada presentación pública que realiza en cuestiones de Salud Pública. Ahora bien. ¿Con esto alcanza para que se haga carne en la  población?

¿Cómo se manifestó la corporación Judicial cuando vio que algunos de sus privilegios podrían verse amenazada por ideas reformistas intentadas en el gobierno de Cristina Kirchner?

Ya no parece necesario que el poder económico dominante tenga que dar la voz de mando para que se inicie una campaña demonizadora antireforma. Los engranajes comienzan a funcionar automáticamente. Quedó a la luz con Vicentín y con el impuesto a las grandes fortunas. Es sabido como actuarán  los dueños de los privilegios y sus empleados.

Mandarán a poner trabas dentro de la propia corporación  judicial, dirigentes de la oposición actuaran como sus representantes en el Congreso de la Nación, no darán la discusión, ensuciarán los debates y hasta denunciarán amenazas.

Pondrán en funcionamiento la archiconocida maquinaria mediática en defensa de  “La República”. Lograrán convencer a una importante porción de la sociedad que probablemente, ya de antemano desee ser  permeable a los intereses reales.

Se hace imprescindible equiparar el sistema de comunicación pública, cualitativa y cuantitativamente. No puede quedar en manos de los opinadores de turno una cuestión trascendental como lo es el futuro de la Justicia.