EL ESTADO RETIRA SU QUERELLA EN LA INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA CON EL FMI

El Gobierno nacional dispuso que el Estado deje de ser querellante en la causa que investiga el préstamo que la Argentina contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, una de las causas judiciales más resonantes en torno al endeudamiento externo durante el gobierno de Mauricio Macri. La decisión fue oficializada este jueves mediante el Decreto 87/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

La medida implica que la Procuración del Tesoro de la Nación cesará su intervención como querellante particular en la causa N° 3561/2019, caratulada “Macri, Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires.

MOTIVOS OFICIALES Y MARCO LEGAL
El decreto deroga el artículo 1° del Decreto N° 239/2021, dictado durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, que había instruido a la Procuración del Tesoro a presentarse como querellante en representación del Estado en esa investigación.

Según el Gobierno, la salida de la querella se basa en que la causa fue archivada el 2 de febrero por la jueza interviniente, quien consideró que no se cometieron delitos penales en el marco de las decisiones económicas investigadas y definió que muchos de los cuestionamientos eran discrepancias con políticas públicas y no conductas ilícitas.

Además, la administración actual argumentó que la Procuración del Tesoro no está especializada en litigios penales complejos como este, en el que se investigan delitos económicos, y que corresponde que el Ministerio Público Fiscal (fiscalía) sea el principal impulsor de la acción penal.

EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
La causa penal se originó tras denuncias que apuntan al enorme préstamo que la Argentina suscribió ante el FMI en junio de 2018 por un valor de hasta 50 mil millones de dólares, que terminó desembolsándose parcialmente y que dejó una deuda de alrededor de 44.500 millones que siguió impactando sobre las cuentas públicas con el correr de los años.

En aquel entonces, autoridades de distintos sectores cuestionaron la velocidad con la que se firmó el acuerdo, la falta de controles técnicos y la dirección de los fondos, con acusaciones, desde varios frentes políticos, de que parte de ese dinero terminó favoreciendo a la fuga de capitales.

REACCIONES EN LA JUSTICIA Y EN LA FISCALÍA
Aunque la jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió el archivo de la investigación, la fiscalía a cargo de Franco Picardi apeló esa decisión, calificándola de arbitraria y prematura, y denunciando que la evaluación de la jueza no consideró en su conjunto las pruebas que podrían demostrar la existencia de “esquemas defraudatorios” durante la toma del crédito.

Esto abre una nueva etapa procesal donde, a pesar de que el Estado, a través de su representante legal en la causa, se retire como parte querellante, el proceso judicial continuará bajo la acción del fiscal, quien apeló el cierre de la causa ante instancias superiores.

POLÉMICA POLÍTICA Y DEBATE PÚBLICO
La decisión de retirar al Estado como querellante trae aparejadas críticas y cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales. Para algunos analistas, esto puede interpretarse como un gesto que reduce la participación institucional en causas de alto impacto político y económico, mientras que para otros refleja una apuesta del Gobierno a racionalizar el uso de recursos del Estado y a evitar lo que califican como “activismo judicial estatal”.

El caso mantiene vivo el debate sobre la transparencia de los acuerdos de deuda externa, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión de la economía y el rol de la justicia en los procesos donde se investigan decisiones económicas de alto impacto.