DOCTRINA DE SEGURIDAD MACRISTA

DOCTRINA DE SEGURIDAD MACRISTA

4 julio, 2020 0 Por Marcelo Rodríguez

El aparente espionaje ilegal ejecutado durante el gobierno de Cambiemos, no parece haber tenido métodos ni características novedosas. Nada nuevo bajo el sol. La derecha moderna y democrática faltó a la cita. Lo que sí han podido mostrar como signo de modernidad respecto sistemas de inteligencia, es cómo copiar y pegar las metodologías de espionaje que nacieron en Estados Unidos a mediados del siglo pasado con la Doctrina de Seguridad Nacional.

El Juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena a comienzos de esta semana detuvo a Susana Martinengo (secretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri), y al ex jefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Diego Dalmau Pereyra, en el marco de la causa que investiga un supuesto sistema de espionaje ilegal y persecución contra funcionarios, dirigente políticos, sindicalistas, periodistas, dirigentes sociales y empresarios durante el gobierno de Cambiemos.  Además Villena ordenó otras 20 detenciones.

Durante el gobierno de Macri, el Estado se corrió de sus funciones con el fin de otorgar libertad de mercado al poder real. Esta puja entre Estado y Establishment se consolidó en los años 70. En el contexto de la guerra fría, Estados Unidos utilizó distintas prácticas de imposición política en América Latina a lo que consideró desde siempre su patio trasero. 

María Cecilia Míguez es Doctora en Ciencias Sociales y Politóloga. Entre sus trabajos de investigación abordó el significado de lo que se denominó la Doctrina de Seguridad Nacional. La investigadora del CONICET sostiene que en Argentina, en agosto de 1964, el General Juan Carlos Onganía, comandante en jefe del Ejército, asumió públicamente la Doctrina de Seguridad Nacional elaborada en los Estados Unidos. Además, dice que el discurso anticomunista y antipopular tenía como objetivo la idea de las fronteras ideológicas por parte de las Fuerzas Armadas y de los sectores dominantes, principalmente para justificar la proscripción del peronismo —partido político mayoritario— y al mismo tiempo legitimar el golpe de Estado en 1966.

Desde entonces las Fuerzas Armadas actuaron a favor de los intereses políticos de la clase dominante y por sobre todas las  cosas el destierro definitivo de la intervención del Estado en la Economía.

¿Alguien puede imaginar que durante el gobierno de facto en principio de Onganía, y más delante de la Junta que perpetró las peores atrocidades en la última dictadura Cívico Militar,  podrían estar al margen de las prácticas de espionaje que servirían para luego perseguir, secuestrar y desaparecer a militantes? Claro está que el gobierno que estuvo al frente de la Argentina entre diciembre de 2015 y fines de 2019 fue elegido por voto popular, pero todo indica que ha utilizado prácticas de espionaje ilegal y persecución como lo hacen las dictaduras.

La concentración del poder económico busca ampliar cada vez más sus privilegios y actúan como una secta de poder.

Además del espionaje, hubo otra práctica comparable con las dictaduras. Negocios paralelos que han llevado adelante los ejecutores de las directivas. Uno de los ejemplos que se pueden verificar con información pública, es el caso sufrido por los empresarios dueños del canal de noticias c5n.

“En los momentos de mayor presión, siempre aparecía un comprador ligado a la casa Rosada”, declaró estando preso Cristóbal López ante la jueza María Romilda Servini y el fiscal Guillermo Marijuán. Además López había denunciado ante la Justicia haber recibido presiones directas de Mauricio Macri días antes de asumir  presidencia. «Necesito el canal para ir por Cristina, me dijo Macri. ¿Qué significa ir por Cristina?, le pregunté yo. Hay que meterla presa. De ahí en más no me acuerdo porque me puse muy nervioso”, había declarado el empresario.

En 2014 la Unidad de Información Financiera encontró manejos irregulares en empresas vinculadas a militares que actuaron en la última dictadura, en su mayoría hombre de la Marina.

El 19 de abril de 1977 el presidente de facto Jorge Rafael Videla convocó a una conferencia de prensa para informar sobre el accionar del gobierno militar contra la “subversión”. Allí blanqueó que seis integrantes de la familia Graiver (dueños de Papel Prensa) estaban detenidos desde hacía varios meses, e informó que ese mismo día los pasarían a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y se les incautarían casi todos sus bienes. A la noche, representantes de los diarios Clarín, La Nación y La Razón depositaron en una escribanía el 98 por ciento del saldo restante para apropiarse de Papel Prensa.

Difícilmente puedan prosperar y calar hondo en las sociedades las metodologías de guerras judiciales, sin una prensa adicta al poder económico.

Ya en el año 2014, el por entonces titular del organismo antilavado Sbatella, había solicitado a la justicia que se investiguen «los delitos económicos perpetrados por la dictadura, que  fueron llevados a cabo en el marco de un plan criminal perfectamente organizado, en el que las ganancias eran rendidas a la superioridad y luego administradas y repartidas por los miembros de la fuerza».

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