DIPUTADOS EXIGEN UN INFORME AL GOBIERNO POR LA SUSPENSIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL IPC
3 febrero, 2026Legisladores de la Cámara de Diputados presentaron un pedido formal al ministro de Economía para que explique por qué se postergó indefinidamente la actualización de la metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tras la renuncia del titular del INDEC y la controversia política y técnica en torno al cálculo de la inflación.
Un grupo de diputados nacionales presentó este martes 3 de febrero un proyecto de resolución para que el ministro de Economía, Luis Caputo, brinde un informe detallado ante la Cámara de Diputados sobre la decisión del Gobierno de suspender la actualización de la metodología con la que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mide la inflación, así como las circunstancias que rodearon la salida de Marco Lavagna como director del organismo.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas), quien sostuvo que la suspensión de la actualización del IPC y la salida de Lavagna podrían vulnerar la autonomía del INDEC, generar dudas sobre la confiabilidad de los índices oficiales y evidenciar una intromisión inadmisible del Poder Ejecutivo en una función técnica y estadística del Estado.
Qué piden los diputados
El proyecto de resolución plantea que Caputo, quien ya confirmó a través de medios que la aplicación del nuevo IPC quedó supeditada a que la inflación “baje totalmente” y que el índice se mantendrá con la canasta vigente desde 2004, debe explicar ante el cuerpo legislativo:
- Los motivos técnicos y políticos detrás de la postergación indefinida de la actualización del IPC.
- Las razones específicas de la renuncia de Marco Lavagna como director del INDEC, funcionario que encabezó el desarrollo del nuevo método.
- Qué criterios se utilizaron para decidir mantener la canasta antigua y si existen estimaciones sobre el efecto que ello tiene en la representatividad de la medición estadística.
Paulón además denunció a través de redes sociales que la salida de Lavagna por haberse negado a postergar la actualización del IPC “vulnera la autarquía y autonomía del instituto, reinstaura dudas sobre la confiabilidad de los índices y abre la puerta a litigios por bonos atados a la inflación”.
El pedido también destaca que la canasta de consumo actual para calcular el IPC se basa en patrones de consumo de 2004 y 2005, lo que a juicio de Paulón y otros críticos genera distorsiones significativas en la medición de la inflación real de los hogares argentinos, al no contemplar bienes y servicios habituales hoy en día, como conectividad o plataformas digitales, entre otros.
Contexto de la controversia
La exigencia de informes llega en medio de la controversia abierta por la suspensión de la actualización metodológica del IPC, originalmente prevista para entrar en vigencia en enero de 2026 con una canasta basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017–2018, más representativa de los hábitos actuales de consumo, en reemplazo de la antigua de 2004.
Esa modificación, que pretendía ajustar ponderaciones y relevamientos para reflejar mejor los cambios en precios de bienes y servicios como electricidad, gas, transporte o educación, quedó sin fecha luego de la renuncia de Lavagna, en un contexto en el cual el Gobierno nacional sostuvo que no era prudente aplicar un cambio metodológico en medio del proceso de desinflación vigente.
El ministro Caputo afirmó recientemente que el índice actualizado será aplicado “cuando la inflación baje totalmente”, y por ahora el INDEC continuará utilizando la metodología histórica con la canasta de 2004, lo que mantiene encendida la discusión sobre la calidad técnica y la interpretación política de los datos estadísticos oficiales.
Debate legislativo y alcance institucional
El pedido de informe pone en el centro del debate parlamentario la transparencia y la autonomía técnica del INDEC, un organismo cuya credibilidad es considerada clave para el funcionamiento de políticas económicas, la elaboración de contratos indexados, la negociación salarial, la movilidad jubilatoria y la evaluación del desempeño económico general.
Sectores opositores y algunos analistas económicos sostienen que decisiones sobre la metodología del IPC no deberían quedar sujetas a criterios de oportunidad política sino a criterios técnicos independientes, para evitar dudas sobre la veracidad de las estadísticas oficiales y preservar la confianza de mercados, ciudadanos y organismos internacionales.
El proyecto de resolución será leído en la Cámara baja y, de obtener tratamiento, podría derivar en una comparecencia formal de Caputo y otros funcionarios ante comisiones parlamentarias para aportar detalles y responder preguntas sobre este tema sensible para la economía y la política pública.
