DIPUTADOS DEBATEN LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD A 14 AÑOS EN UNA SESIÓN CLAVE

La Cámara de Diputados inició este jueves 12 de febrero una sesión especial para tratar el proyecto de Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, además de otros cambios al régimen penal juvenil. La agenda también incluye la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, en una jornada que pone a prueba las alianzas legislativas del oficialismo.

Este jueves, desde las 11 hs, la Cámara de Diputados de la Nación llevó adelante una sesión especial para debatir la iniciativa conocida como Ley de Régimen Penal Juvenil, una de las piezas legislativas más relevantes del paquete de reformas impulsadas por el Ejecutivo en este período de sesiones extraordinarias. El proyecto propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con un nuevo esquema de penas, sanciones alternativas y un enfoque integral del tratamiento de menores infractores.

UN PROYECTO CON DICTAMEN DE MAYORÍA

El avance del proyecto se consolidó el 11 de febrero, cuando un plenario de comisiones de la Cámara baja, Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto, logró firmar un dictamen de mayoría con numerosas firmas respaldando el texto que será debatido en el pleno.

Según fuentes oficiales, el despacho recogió alrededor de 75 firmas de diputados que apoyan el proyecto, que incluye, además de la baja de edad de imputabilidad, un nuevo régimen de penas y sanciones para menores, con una pena máxima de hasta 15 años para delitos graves y medidas alternativas como servicios comunitarios, tratamiento psicológico y programas educativos.

La diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal, encabezó el plenario que alcanzó el dictamen favorable, acompañado por bloques como La Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y MID.

QUE PROPONE LA LEY PENAL JUVENIL

El proyecto de ley prioriza la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que significa que jóvenes a partir de esa edad podrían ser juzgados penalmente por delitos graves bajo criterios ajustados, mientras que menores de 14 quedarían fuera de la jurisdicción penal común.

Además, contempla:

• Un nuevo régimen penal juvenil que reemplaza la ley vigente (Ley 22.278), que data de décadas atrás.
• Penas máximas de hasta 15 años de prisión para delitos graves cometidos por adolescentes imputables.
• Sanciones alternativas, que incluyen servicios comunitarios, repasos educativos, asesoramiento interdisciplinario y reparaciones económicas al damnificado.
• Mecanismos de mediación y suspensión del juicio a prueba para delitos menos graves.

La iniciativa fue consensuada tras meses de debate técnico y político; incluso el oficialismo retiró días atrás una versión más dura (que proponía bajar la edad hasta 13 años) para avanzar con un texto aceptable para la mayoría de los aliados parlamentarios.

DEBATE EN EL RECINTO

En el recinto, la discusión es extensa y compleja. El oficialismo enfatiza que la medida responde a la creciente preocupación social por la inseguridad y la participación de menores en delitos graves, y que la ley busca equilibrar responsabilidad penal con medidas de rehabilitación y reinserción social. En paralelo, la jornada también será la ratificación del tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, lo que convierte la sesión en un test político para las fuerzas que respaldan al Gobierno.

Por su parte, sectores opositores, organizaciones de derechos humanos y parte de la comunidad eclesiástica han cuestionado la iniciativa. Argumentan que bajar la edad de imputabilidad puede vulnerar derechos de los adolescentes, y advierten que debe existir un enfoque integral de políticas sociales y educativas antes que ampliar el acceso al sistema penal para menores.

REACCIONES EXTERNAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La dirigente Viviam Perrone, referente de Madres del Dolor y madre de una víctima de violencia, participó en la Cámara baja expresando su apoyo al debate, abogando por una ley que contemple tanto respaldo a las víctimas como rehabilitación y contención para jóvenes infractores.

Según encuestas recientes, la opinión pública muestra un amplio respaldo a la baja de la edad de imputabilidad: una consultora indicó que más del 80 % de los argentinos apoya la iniciativa general de reducción, aunque existen diferencias respecto al umbral preciso y las condiciones del régimen penal juvenil.

¿QUÉ VIENE DESPUÉS?

La sesión de este jueves definirá si el proyecto logra media sanción en la Cámara de Diputados. De lograrla, volverá al Senado de la Nación para su revisión y eventual sanción definitiva como ley. Si eso ocurre antes de que concluya el período de sesiones extraordinarias, la nueva normativa podría entrar en vigencia en 2026.

En caso de que no se apruebe ahora, la iniciativa deberá esperar al inicio de las sesiones ordinarias en marzo, y el debate político continuará siendo uno de los puntos centrales de la agenda legislativa y social argentina.