DIPUTADOS APROBÓ LA “LEY HOJARASCA”: QUÉ SON LAS 70 NORMAS QUE EL GOBIERNO BUSCA MODIFICAR O DEROGAR

El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y avanza sobre decenas de leyes, regulaciones y organismos estatales. Desde la Casa Rosada aseguran que se trata de una “desburocratización histórica”, mientras que la oposición advierte sobre un fuerte proceso de desguace estatal y concentración de poder. La iniciativa, elaborada bajo la órbita de Federico Sturzenegger, representa uno de los pilares centrales del plan libertario de reforma estructural del Estado.

La Cámara de Diputados aprobó esta semana el proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, una de las iniciativas más ambiciosas impulsadas por el gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión. El texto, promovido principalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar, simplificar o directamente derogar cerca de 70 leyes nacionales que el oficialismo considera “obsoletas”, “innecesarias” o “contrarias a la libertad económica”.

La votación volvió a exponer el fuerte nivel de polarización política que atraviesa al Congreso. Mientras el oficialismo defendió el proyecto como un paso clave para “modernizar” la Argentina y reducir el peso del Estado sobre la economía, los bloques opositores denunciaron que detrás del discurso de simplificación administrativa se esconde un proceso de vaciamiento institucional, pérdida de controles y debilitamiento de derechos laborales, sociales y productivos.

La iniciativa se enmarca dentro del programa de reformas estructurales que Milei prometió durante la campaña presidencial y que comenzó a desplegar desde el primer día de gobierno con el DNU 70/2023, la Ley Bases y las distintas medidas de desregulación económica impulsadas por Sturzenegger.

El nombre “Hojarasca” no es casual. Desde el oficialismo aseguran que el Estado argentino se encuentra atravesado por miles de normas “acumuladas durante décadas”, muchas de ellas —según sostienen— sin utilidad práctica o convertidas en trabas burocráticas que afectan inversiones, producción y funcionamiento económico.

Sin embargo, detrás de esa definición técnica aparece un debate mucho más profundo: el rol del Estado, la capacidad regulatoria del sector público y el modelo de país que intenta construir el Gobierno libertario.

QUÉ MODIFICA LA LEY

El proyecto aprobado en Diputados avanza sobre un amplio conjunto de regulaciones vinculadas al comercio, la actividad industrial, organismos estatales, registros públicos, trámites administrativos y diferentes normativas históricas.

Entre las principales medidas incluidas aparecen:

• Derogación de regulaciones consideradas “duplicadas” en distintos organismos nacionales.
• Eliminación de registros y requisitos administrativos para actividades comerciales.
• Simplificación de procesos de habilitación empresarial.
• Modificaciones sobre regímenes de control estatal.
• Cambios en organismos descentralizados y entes reguladores.
• Reformas vinculadas a contrataciones públicas.
• Eliminación de normativas históricas vinculadas a controles económicos.
• Revisión de leyes relacionadas con abastecimiento, producción y fiscalización.

Desde el Gobierno sostienen que muchas de las leyes incluidas fueron creadas hace décadas y ya no tienen aplicación concreta. Incluso, funcionarios libertarios argumentan que varias normas “sobrevivieron” únicamente por inercia burocrática.

Federico Sturzenegger se convirtió en el principal arquitecto intelectual del proyecto. El ministro viene sosteniendo desde hace meses que el exceso de regulaciones es una de las causas estructurales de la crisis argentina y que el país necesita una “revolución desreguladora” para recuperar competitividad y crecimiento.

“Cada regulación innecesaria es un costo para producir, invertir y trabajar”, repiten desde el entorno del funcionario.

LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La oposición reaccionó con dureza frente al avance del proyecto. Legisladores de Unión por la Patria, la izquierda y distintos sectores provinciales denunciaron que la ley representa “un nuevo avance sobre el Estado” y advirtieron sobre posibles consecuencias en materia laboral, productiva y de control público.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” fueron creadas originalmente para garantizar mecanismos de protección industrial, controles sanitarios, regulación de mercados o defensa de consumidores.

“No están eliminando burocracia; están eliminando herramientas del Estado”, sostuvieron desde distintos bloques opositores durante el debate parlamentario.

También hubo críticas respecto al nivel de concentración de facultades que el Gobierno viene acumulando desde la aprobación de la Ley Bases. Distintos sectores políticos señalaron que el oficialismo intenta avanzar hacia un esquema de desregulación permanente sin debate profundo sobre las consecuencias sociales y económicas.

En paralelo, organizaciones sindicales y cámaras industriales expresaron preocupación por el posible impacto que las reformas puedan tener sobre pequeñas y medianas empresas, trabajadores y sectores productivos locales.

EL PROYECTO POLÍTICO DE MILEI

La “Ley Hojarasca” no es un proyecto aislado. Forma parte de una arquitectura política mucho más amplia impulsada por Javier Milei desde su llegada al poder.

El Presidente construyó buena parte de su identidad política sobre la idea de “destruir el Estado desde adentro”, una frase que él mismo utilizó reiteradamente durante la campaña electoral y que luego transformó en una bandera ideológica de gestión.

La creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado fue una señal concreta en ese sentido. Allí quedó concentrada la tarea de revisar estructuras administrativas, eliminar organismos y reformular marcos regulatorios históricos.

Desde el oficialismo aseguran que el objetivo final es construir un “Estado mínimo”, enfocado exclusivamente en funciones esenciales y con menor intervención sobre la economía. Para la oposición, en cambio, el proceso implica un desmantelamiento de capacidades estatales estratégicas y una transferencia de poder hacia grandes grupos económicos.

La aprobación de la “Ley Hojarasca” llega además en un contexto político sensible para el Gobierno. En las últimas semanas, la administración libertaria enfrentó denuncias judiciales, conflictos internos, tensiones parlamentarias y crecientes dificultades para sostener la agenda legislativa.

Por eso, dentro de Casa Rosada la media sanción fue celebrada como una señal política importante. Milei necesitaba mostrar capacidad de avance parlamentario y volver a instalar su agenda económica después de varios días marcados por la crisis política y las denuncias que involucran a funcionarios cercanos.

QUÉ PUEDE PASAR EN EL SENADO

Ahora el proyecto deberá ser tratado en el Senado, donde el panorama aparece mucho más complejo para el oficialismo. Gobernadores provinciales, bloques federales y sectores peronistas ya anticiparon reparos frente a varios artículos de la iniciativa.

El Gobierno intentará negociar modificaciones parciales para garantizar la aprobación definitiva, aunque desde la oposición advierten que el debate recién comienza y que muchas de las derogaciones propuestas podrían generar conflictos políticos, judiciales e incluso económicos.

Mientras tanto, el oficialismo insiste en avanzar con velocidad. La estrategia libertaria apunta a profundizar el proceso de reformas antes de que el desgaste político y social complique aún más la gobernabilidad.

En ese marco, la “Ley Hojarasca” se convirtió en mucho más que una simple reforma administrativa: es una pieza central del proyecto ideológico de Javier Milei y uno de los capítulos más profundos del debate sobre el futuro del Estado argentino.