DIPUTADOS DEBATE EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO 2027 EN MEDIO DEL CONFLICTO CON EL GOBIERNO

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja recibirá este martes a funcionarios de Educación para discutir los recursos previstos para las universidades nacionales. Mientras el Ejecutivo propone destinar $7,3 billones al sector, las instituciones reclaman $11 billones. La reunión se realizará tras una nueva marcha federal universitaria y en medio de la disputa por el cumplimiento de la ley de financiamiento.

La discusión por el financiamiento de las universidades públicas volverá este martes al centro de la agenda parlamentaria. Desde las 10, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados analizará los fondos previstos para el sistema universitario en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, con la participación del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

El encuentro se desarrollará en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno de Javier Milei y las autoridades universitarias, los sindicatos docentes y no docentes y las organizaciones estudiantiles. El conflicto tiene como eje el deterioro de los recursos destinados a las casas de estudio y la implementación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La propuesta presupuestaria del Ejecutivo contempla una asignación de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el sistema universitario reclama alrededor de $11 billones para sostener su funcionamiento. La diferencia entre ambos planteos es de $3,7 billones, aunque la comparación debe analizarse teniendo en cuenta las necesidades de cada institución, los salarios, los gastos operativos y las previsiones inflacionarias para el próximo año.

Los funcionarios nacionales defenderán la propuesta oficial y sostendrán que la administración cumple con las normas presupuestarias vigentes. En particular, el subsecretario Álvarez cuestionó la forma en que se aprobó la ley de financiamiento universitario y argumentó que la norma asignó fondos sin identificar adecuadamente las fuentes de financiamiento, por lo que el Gobierno considera aplicables disposiciones de la legislación de administración financiera.

La posición oficial se enfrenta con la de las universidades, que reclaman la actualización de sus partidas y una recomposición de los salarios docentes y no docentes. Las autoridades académicas advierten que la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los costos de funcionamiento dificultan sostener las actividades de enseñanza, investigación, extensión y atención sanitaria en los hospitales universitarios.

El conflicto no se limita al presupuesto que se discutirá para 2027: también gira alrededor de una ley aprobada por el Congreso que el Gobierno se resiste a implementar en los términos reclamados por las universidades.

La Ley 27.795, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, fue sancionada en 2025 con el objetivo de actualizar los recursos destinados a las instituciones públicas y mejorar las condiciones salariales de sus trabajadores. La norma contempló mecanismos de actualización de partidas y medidas vinculadas con el sostenimiento del sistema universitario.

El presidente Milei se opuso a la iniciativa y el conflicto escaló entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. La discusión llegó a la Justicia, donde las universidades buscaron que se garantizara la aplicación de la legislación. El Gobierno, por su parte, sostuvo que debía resguardarse el equilibrio fiscal y cuestionó el mecanismo de financiamiento previsto.

En la actualidad, la controversia judicial continúa y el Ejecutivo afirma que actuó conforme a derecho al promulgar la norma y suspender su ejecución, además de sostener que cumplió con las medidas cautelares dictadas. La interpretación del alcance de esas decisiones es parte de la disputa entre ambas partes.

La discusión parlamentaria también llega pocos días después de una nueva Marcha Federal Universitaria, realizada el jueves 15 de octubre en distintos puntos del país. La movilización reunió a autoridades académicas, docentes, no docentes, estudiantes y organizaciones sociales para reclamar el cumplimiento de la ley, la actualización de los salarios y la recuperación de los fondos destinados al funcionamiento de las instituciones.

La protesta tuvo como escenario central la zona del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires y estuvo marcada por incidentes hacia el final de la jornada, cuando se registraron enfrentamientos y la intervención de las fuerzas de seguridad. Las organizaciones universitarias volvieron a advertir sobre las consecuencias del ajuste en la educación pública y exigieron respuestas al Ejecutivo.

En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una asignación global de $9,8 billones para el área educativa. Dentro de esa planificación, también se prevén cambios en programas nacionales, becas e infraestructura, mientras que el Gobierno destacó los recursos destinados al Plan Nacional de Alfabetización. La distribución final de los fondos y su impacto sobre cada nivel educativo forman parte de la discusión presupuestaria general.

La reunión de este martes será una instancia informativa dentro del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027. La presencia de Torrendell y Álvarez permitirá a los diputados consultar al Ejecutivo sobre los criterios utilizados para calcular las partidas universitarias y las respuestas que prevé frente a los reclamos de las instituciones.

El debate se produce en una semana de intensa actividad legislativa, con otras iniciativas previstas para el recinto y negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores. Sin embargo, el financiamiento universitario aparece como uno de los temas de mayor sensibilidad política, debido a la movilización social que generó y al alcance nacional de las instituciones involucradas.

El desafío para el Congreso será determinar si los recursos previstos resultan suficientes para sostener el sistema universitario y cómo se resolverá la controversia por la aplicación de la ley vigente. Mientras el Gobierno defiende su propuesta bajo el argumento del equilibrio fiscal, las universidades reclaman fondos que permitan afrontar los gastos cotidianos y evitar un mayor deterioro de los salarios y de la calidad educativa.