ITUZAINGÓ: HUMEDAL ARROYO SOTO

Organización comunitaria y disputas por las formas de habitar la naturaleza.

La organización territorial logró el traslado de tortugas, peces y lagartos overos para resguardar su vida frente a las intervenciones sobre el humedal. Marcelo Swier es integrante de la asamblea socio ambiental de Ituzaingó, y al respecto sostuvo que la experiencia expresa una disputa que va más allá de la preservación de la biodiversidad: también pone en discusión las formas de hacer política y de relacionarse con la naturaleza.

Después de días de insistencia, reclamos y monitoreo permanente por parte de la Asamblea Socio-Ambiental de Ituzaingó, se logró el traslado de tortugas, peces y lagartos overos desde un sector del Humedal Arroyo Soto hacia la continuidad del humedal, del lado de Hurlingham. La acción tuvo como objetivo resguardar la vida de estos animales y alejarlos de las máquinas que continúan interviniendo el territorio.

Para Swier, integrante de la experiencia de organización territorial, este avance es resultado de la presencia comunitaria y del seguimiento sostenido de quienes defienden el humedal y su biodiversidad. Sin embargo, advierte que el traslado de la fauna no resuelve el conflicto de fondo: las intervenciones continúan sin el consenso de la Asamblea ni de otras organizaciones del territorio.

En ese sentido, sostiene la necesidad de que las intervenciones incorporen criterios ambientales, medidas efectivas de protección de la fauna y mecanismos de participación para las organizaciones que vienen trabajando en la defensa del humedal. La protección de un ecosistema, desde esta perspectiva, no puede limitarse a responder ante situaciones puntuales cuando el daño ya está en curso, sino que requiere planificación, prevención y decisiones que contemplen las particularidades del territorio.

La organización comunitaria como práctica política y pedagógica

Al reflexionar sobre estas experiencias, Swier destaca el interés que despiertan las formas de militancia territorial que se distancian de las lógicas tradicionales de organización política. Se trata de espacios autoconvocados, autogestivos y apartidarios que apuestan por la horizontalidad, la construcción colectiva y la autonomía.

Estas experiencias pueden comprenderse, además, como espacios contrahegemónicos, en tanto cuestionan los sentidos dominantes sobre el ambiente, el desarrollo y el uso del territorio. Su alcance no se reduce a intervenir ante una problemática concreta: también comprende la construcción de conocimientos, la generación de vínculos comunitarios y el desarrollo de procesos pedagógicos que promuevan una conciencia crítica.

Desde esta mirada, la defensa del Humedal Arroyo Soto permite problematizar las desigualdades urbanas, la degradación ambiental y las relaciones de poder que condicionan qué territorios se protegen, cuáles se transforman y qué poblaciones y formas de vida quedan expuestas a las consecuencias de esas intervenciones.

La cuestión ambiental deja así de ser entendida como un asunto exclusivamente natural para reconocerse en su dimensión social, política e histórica. La organización territorial no solo disputa decisiones sobre un espacio determinado, sino que también produce saberes y habilita otras maneras de comprender y abordar los conflictos ambientales.

En este marco, la horizontalidad constituye algo más que una modalidad organizativa: representa una apuesta por democratizar las decisiones y reconocer que los conocimientos necesarios para comprender los problemas ambientales no se encuentran exclusivamente en las instituciones estatales, los organismos técnicos o los espacios académicos.

¿Qué naturaleza se defiende?

El traslado de los animales permite introducir otra discusión fundamental: la relación que las sociedades construyen con las demás especies y con los ecosistemas de los que forman parte.

Desde una perspectiva ecodependiente, la naturaleza no constituye un escenario externo a la sociedad ni un conjunto de recursos disponibles para satisfacer necesidades humanas. La reproducción de la vida depende de complejas relaciones ecológicas cuya alteración puede afectar tanto a las demás especies como a las propias condiciones de existencia de las comunidades.

Reconocer esta interdependencia implica cuestionar aquellas concepciones que subordinan lo no humano a la utilidad económica y asumir responsabilidades colectivas frente a las consecuencias de las intervenciones sobre los ecosistemas.

En los conflictos ambientales conviven distintas formas de concebir, utilizar y cuidar la naturaleza. Las perspectivas antropocéntricas suelen ubicar las necesidades humanas en el centro de las decisiones; las lógicas extractivas subordinan los bienes comunes a su valorización económica; mientras que las perspectivas conservacionistas ponen el acento en la protección de especies y ecosistemas. Las miradas ecodependientes, por su parte, buscan comprender las relaciones entre sociedad y naturaleza, reconociendo que la vida humana no puede separarse de las condiciones ecológicas que la hacen posible.

Para Swier, estas diferencias permiten comprender que los conflictos ambientales no se limitan a discutir el destino de un espacio físico. También expresan disputas por los sentidos que se atribuyen a los territorios, por los intereses que orientan sus transformaciones y por las formas de vida que se priorizan en cada decisión.

En ese contexto, el traslado de la fauna no constituye únicamente una acción puntual de preservación. También expresa una manera de posicionarse frente a la naturaleza: reconocer la fragilidad de otras especies, cuestionar la idea de que un territorio puede transformarse sin considerar sus consecuencias y sostener que el cuidado de la biodiversidad debe formar parte de toda intervención sobre un ecosistema.

Defender el humedal es disputar el territorio

Los conflictos ambientales son también conflictos por el territorio y por las formas de reproducir la vida. En ellos se ponen en juego intereses económicos, decisiones institucionales, relaciones de poder y sentidos contrapuestos sobre los espacios cotidianos.

Un humedal puede ser concebido como un ecosistema que sostiene biodiversidad y cumple funciones ambientales fundamentales, como un espacio de arraigo y apropiación comunitaria o como una superficie susceptible de transformación según determinados intereses. Estas concepciones no son neutrales: expresan distintas maneras de comprender la relación entre sociedad y naturaleza y de definir los usos considerados legítimos.

Por eso, la defensa del Humedal Arroyo Soto excede la preservación de determinadas especies o la protección de un espacio verde. Implica intervenir en una disputa sobre qué territorios se construyen, qué formas de vida se reconocen y qué lugar ocupa la comunidad en las decisiones que afectan sus condiciones de existencia.

El logro alcanzado demuestra que la organización territorial puede producir respuestas concretas. Al mismo tiempo, pone de manifiesto que el cuidado ambiental no puede descansar exclusivamente en el esfuerzo de quienes se organizan voluntariamente para advertir daños, realizar reclamos y exigir intervenciones responsables. También requiere que las instituciones asuman sus obligaciones y garanticen mecanismos efectivos de participación, prevención y protección ambiental.

Desde la experiencia de la Asamblea Socio-Ambiental de Ituzaingó, Swier recupera la defensa del humedal como parte de una construcción colectiva que excede la resolución inmediata de cada conflicto. Se trata de una práctica política y pedagógica que cuestiona las formas dominantes de habitar, producir y relacionarse con la naturaleza, al tiempo que busca construir alternativas desde el territorio.

En definitiva, la disputa por el Humedal Arroyo Soto también pone en discusión las relaciones entre sociedad y naturaleza, las formas de organización política y el lugar de la comunidad en la defensa de la vida. Una discusión que no se agota en la intervención sobre un espacio particular, sino que remite a los modelos de territorio y de sociedad que se construyen colectivamente.