PARO Y MARCHA DEL JUEVES 15 DE OCTUBRE: QUÉ SERVICIOS SE VERÁN AFECTADOS Y CUÁLES SON LOS RECLAMOS

La jornada reunirá una huelga nacional de trabajadores estatales y la quinta Marcha Federal Universitaria, con movilizaciones en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal será frente al Congreso, en reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y contra el DNU 70/23.

Este jueves 15 de octubre habrá una jornada de protesta con impacto en distintas dependencias públicas y actividades estatales. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas, mientras que docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias participarán de una nueva Marcha Federal Universitaria. La convocatoria tendrá su principal punto de concentración frente al Congreso de la Nación y se replicará en diferentes ciudades del país.

La medida de ATE busca exigir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al comienzo de su gestión. En paralelo, la comunidad universitaria reclamará que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Las dos convocatorias confluirán en una misma jornada, aunque responden a reclamos específicos.

En la Ciudad de Buenos Aires, ATE anunció una movilización desde las 13.30 hacia el Congreso, mientras que la convocatoria universitaria está prevista para la tarde. También participarán las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), organizaciones sociales y sectores políticos. En la provincia de Buenos Aires, además, los gremios docentes del sector público anunciaron un paro de 24 horas por demandas salariales y de financiamiento educativo.

QUÉ SERVICIOS PODRÍAN VERSE AFECTADOS

El alcance del paro dependerá de la adhesión de los trabajadores y de las modalidades que defina cada representación sindical. Según el anuncio de ATE, habrá restricciones en distintas áreas de la administración pública nacional, provincial y municipal.

En el sistema de salud se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencias en centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores. Por eso, quienes necesiten realizar consultas o trámites no urgentes deberán verificar previamente cómo funcionará el establecimiento al que concurran.

También podrían registrarse interrupciones en la recolección de residuos, las tareas de auxiliares de educación, la guardia urbana y otros servicios municipales. La medida incluye a trabajadores de Migraciones, agentes de tránsito y personal que realiza controles sanitarios del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en puertos y aduanas.

En el área de transporte y aviación, la convocatoria alcanza a controladores aéreos, trabajadores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). ATE informó que, en el caso de la ANAC, se garantizarán únicamente los vuelos sanitarios y de Estado. La medida podría ocasionar demoras o alteraciones operativas, por lo que se recomienda a quienes tengan vuelos consultar con su aerolínea antes de trasladarse al aeropuerto.

La huelga también afectará la atención en organismos como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), donde el sindicato anunció que se atenderán únicamente emergencias. Además, se prevén limitaciones en actividades de radiooperadores de medios públicos, personal dedicado al manejo de incendios forestales y trabajadores vinculados con el mantenimiento de plantas nucleares.

Estas previsiones corresponden al alcance anunciado por el gremio y no implican que todos los servicios vayan a permanecer completamente cerrados en cada jurisdicción. La modalidad concreta dependerá de la adhesión y de las decisiones de cada organismo.

POR QUÉ SE REALIZA LA MARCHA UNIVERSITARIA

La movilización del jueves será la quinta Marcha Federal Universitaria y tendrá como principal objetivo exigir la aplicación efectiva de la Ley 27.795, sancionada en 2025, que establece medidas de financiamiento para las universidades y de recomposición salarial para sus trabajadores.

El conflicto se profundizó después de que el Gobierno vetara la norma y el Congreso insistiera con su sanción. La comunidad universitaria sostiene que la falta de actualización de los recursos y de los salarios compromete el funcionamiento de las casas de estudio, las actividades de investigación y extensión, y las condiciones de enseñanza. Entre sus reclamos también figuran la actualización de las becas estudiantiles y la asignación de fondos suficientes para sostener el sistema público de educación superior.

La protesta se produce después de meses de paros, clases públicas y movilizaciones en distintas universidades nacionales. Rectores, sindicatos docentes y no docentes y centros de estudiantes mantienen el reclamo de que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley vigente y con las decisiones judiciales vinculadas a su aplicación.

La discusión no se limita a los salarios. Las universidades también advierten sobre las dificultades para sostener gastos de funcionamiento, equipamiento, investigación y políticas de bienestar estudiantil. Para la comunidad educativa, el financiamiento es una condición necesaria para garantizar el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes.

EL RECLAMO CONTRA EL DNU 70/23

El paro de ATE tiene como otro eje central el rechazo al DNU 70/23, una de las primeras medidas de alcance general del Gobierno de Milei. El decreto introdujo cambios en numerosas áreas de la economía y la regulación estatal, con modificaciones sobre normas laborales, comerciales, contractuales y de funcionamiento del Estado. Desde su publicación, distintos artículos fueron cuestionados en ámbitos políticos y judiciales.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el objetivo de la huelga es lograr la derogación completa de la norma. El sindicato cuestiona las reformas que considera perjudiciales para los trabajadores y objeta que el Poder Ejecutivo haya utilizado un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con cambios de amplio alcance.

Entre los puntos que forman parte de la discusión se encuentra la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. En octubre de 2026, la Corte Suprema dispuso suspender provisionalmente los efectos del artículo 154 del DNU, que había derogado esa ley, hasta que se resuelva una cuestión procesal vinculada con la legitimación de quienes promovieron la demanda. La medida judicial es cautelar y no equivale a una sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia.

El debate sobre el decreto también se trasladó al Congreso, donde sectores de la oposición impulsaron una sesión especial para tratar su rechazo y otros temas. La coincidencia entre la actividad parlamentaria, el paro estatal y la marcha universitaria convierte al Congreso en el principal escenario político de la jornada.

La protesta del jueves reunirá, así, reclamos que se desarrollan en paralelo: la defensa del financiamiento universitario, la recomposición de los salarios del sector público y el rechazo al DNU 70/23. Mientras las organizaciones convocantes buscarán dar visibilidad a sus demandas en las calles, el alcance de las interrupciones en los servicios dependerá de la adhesión en cada área y de las medidas que adopten las distintas jurisdicciones.