EL GOBIERNO CONFÍA EN QUE LA OPOSICIÓN NO LOGRARÁ DEROGAR EL DNU 70/23 Y ANTICIPA: “NO VA A CAER”

La Casa Rosada sostiene que la oposición no reunirá los votos necesarios para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en la sesión especial convocada para el 15 de octubre. El oficialismo apuesta al respaldo de aliados y gobernadores para bloquear el intento de derogar una de las principales herramientas del programa económico de Javier Milei.

El Gobierno nacional se mostró confiado en que la oposición no conseguirá avanzar con el rechazo del DNU 70/2023, el denominado “megadecreto” firmado por Javier Milei a pocos días de asumir la Presidencia y que impulsó una amplia desregulación de la economía argentina.

La definición fue transmitida desde distintos sectores del oficialismo luego de que bloques opositores convocaran a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo 15 de octubre, donde buscarán tratar el rechazo del decreto junto con otros proyectos vinculados al endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.

“No va a caer”, aseguran en la Casa Rosada, donde consideran que la oposición no alcanzará el número necesario para avanzar con la derogación de la norma. La estrategia oficial se apoya en el diálogo con gobernadores y bloques aliados, especialmente sectores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, con el objetivo de evitar que prospere el tratamiento parlamentario.

El DNU 70/2023 fue firmado el 20 de diciembre de 2023 y constituye una de las piezas centrales del programa de reformas impulsado por Milei. El decreto introdujo más de 300 modificaciones normativas, entre ellas la derogación de la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento, el régimen de sociedades del Estado y la Ley de Tierras Rurales, además de cambios en materia laboral, comercial y económica.

La discusión volvió al centro de la escena política luego del reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. El máximo tribunal revocó una sentencia que había suspendido la aplicación del artículo 154 del DNU, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La Corte aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto, sino que rechazó la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata por considerar que no tenía legitimación para litigar en ese caso. Sin embargo, la decisión judicial reactivó el debate político sobre el alcance del DNU y motivó a distintos bloques opositores a impulsar su rechazo en Diputados.

En el oficialismo sostienen que una eventual derogación del decreto implicaría retrotraer numerosas reformas implementadas desde el inicio de la gestión. Entre ellas, mencionan el regreso de regulaciones sobre alquileres, precios y restricciones vinculadas a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La oposición, en cambio, argumenta que el DNU excedió las facultades del Poder Ejecutivo y avanzó sobre materias que deberían haber sido debatidas por el Congreso. Distintos bloques consideran que el decreto modificó aspectos centrales de la legislación económica y social mediante un mecanismo excepcional previsto por la Constitución para situaciones de necesidad y urgencia.

El debate también tiene un antecedente parlamentario relevante. En marzo de 2024, el Senado rechazó el DNU 70/2023, pero el decreto continuó vigente porque la ley que regula este tipo de normas establece que para dejarlo sin efecto ambas cámaras deben pronunciarse en el mismo sentido. Por eso, la votación en Diputados aparece como un paso decisivo dentro de la disputa política alrededor del decreto.

En la Cámara baja, el escenario continúa abierto. La oposición necesita reunir el quórum de 129 diputados para habilitar la sesión y luego alcanzar las mayorías necesarias para rechazar el decreto. El oficialismo, mientras tanto, trabaja para sostener el respaldo de sus aliados y evitar una derrota legislativa sobre una norma que considera clave para el proceso de desregulación económica iniciado en diciembre de 2023.

El resultado de esa sesión no solo definirá el futuro del DNU 70/2023, sino que también se convertirá en una nueva prueba de fuerza entre el Gobierno y la oposición en un Congreso donde ninguna de las fuerzas cuenta por sí sola con mayoría propia.