CAUSA VIALIDAD: LA DEFENSA DE CRISTINA KIRCHNER PRESENTÓ UNA NUEVA PRUEBA ANTE LA ONU PARA CUESTIONAR LA CONDENA

Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego difundieron un informe económico-financiero que, según sostienen, contradice uno de los fundamentos centrales de la sentencia. El estudio señala que empresas vinculadas a Lázaro Báez recibieron el 0,85% de los desembolsos analizados de la denominada Fuente 14 entre 2009 y 2015. La defensa incorporó el documento a su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y anunció que buscará una revisión de la condena.

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron este martes una nueva documentación con la que buscan cuestionar la condena dictada contra la expresidenta en la causa Vialidad. Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego brindaron una conferencia de prensa en Buenos Aires y explicaron que incorporarán el nuevo elemento a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La defensa sostiene que el documento contradice uno de los fundamentos utilizados durante el proceso judicial para establecer que existió un direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. El dato central del informe es que las empresas vinculadas al Grupo Austral recibieron, según el análisis presentado por los abogados, el 0,85% de los desembolsos de la Fuente 14 estudiados durante el período comprendido entre enero de 2009 y diciembre de 2015.

Beraldi explicó que el origen de la información está en una base de datos presentada recientemente en la causa conocida como Los Cuadernos por un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad que declaró como testigo a pedido de la fiscalía. De acuerdo con el abogado, el archivo contenía información sobre la distribución de los fondos del fideicomiso y los distintos proveedores que participaron de la obra pública.

A partir de esa documentación, la defensa encargó un análisis económico-financiero a especialistas de Specs Consultoria, con sede en San Pablo. El trabajo fue realizado por el economista brasileño Antonio Corrêa de Lacerda, junto con André Paiva Ramos y el contador Roberto Yassuo Shiroma. El informe tiene fecha del 14 de septiembre de 2026 y fue presentado por los abogados como el nuevo elemento de prueba para respaldar su planteo.

Según el estudio difundido por la defensa, durante el período analizado la Fuente 14 del Presupuesto Nacional financió 367 obras, ejecutadas por 114 empresas constructoras. Esos trabajos acumularon 3.855 certificados de obra pagados por aproximadamente US$2.200 millones, de acuerdo con la conversión utilizada en el informe.

Dentro de ese universo, los investigadores identificaron 17 obras relacionadas con empresas del Grupo Austral, vinculado a Báez. Esos trabajos representaron el 4,63% de las obras consideradas, pero recibieron 36 certificados, equivalentes al 0,93% de los certificados contabilizados.

El monto abonado por esas 17 obras habría alcanzado los US$18,66 millones, cifra que representa el 0,85% de los desembolsos totales analizados. Es sobre este último porcentaje que la defensa construye buena parte de su nuevo planteo.

Para Beraldi, esos números contradicen la hipótesis sobre la que se construyó la condena. Durante la conferencia, el abogado sostuvo que la sentencia fue “absolutamente injusta” y afirmó que la nueva documentación demostraría que Cristina Kirchner fue condenada pese a que, desde la perspectiva de la defensa, no existió el beneficio económico atribuido al Grupo Austral en la dimensión considerada por los tribunales.

Sin embargo, el informe no constituye por sí mismo una nueva decisión judicial ni modifica la condena vigente. El 0,85% corresponde específicamente al universo de fondos y al período analizados en el estudio presentado por la defensa. La interpretación de que ese dato demuestra la inexistencia del delito es una conclusión de los abogados y deberá ser evaluada por las autoridades judiciales competentes.

QUÉ DICE LA DEFENSA SOBRE LA NUEVA DOCUMENTACIÓN

El argumento de los abogados parte de una pregunta central: si el Grupo Austral recibió una proporción reducida de los fondos incluidos en el análisis, ¿puede sostenerse que existió un direccionamiento general de los recursos para beneficiar a Báez?

La defensa considera que la respuesta es negativa y que la nueva información pone en discusión uno de los elementos que, según su interpretación, fue utilizado para establecer la responsabilidad de Cristina Kirchner.

Valim, quien se incorporó al equipo jurídico de la expresidenta y participó anteriormente de la defensa internacional de Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el informe marca un cambio relevante en la estrategia del caso. Según sostuvo, los datos oficiales utilizados en el análisis muestran que la participación del Grupo Austral en el universo de fondos estudiado fue mínima.

Borrego, por su parte, concentró parte de su exposición en la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que forma parte de la condena. El abogado cuestionó la fundamentación de esa sanción y sostuvo que la defensa buscará que también sea revisada.

Los tres abogados plantearon que existen tres vías simultáneas para intentar revertir las consecuencias de la condena: el trámite ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, una eventual vía de revisión en la Justicia argentina y las herramientas vinculadas con el reclamo internacional presentado anteriormente.

EL RECLAMO ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

La nueva documentación será incorporada a la presentación que la defensa realizó el 29 de julio de 2026 ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El equipo jurídico sostiene ante ese organismo que durante el proceso judicial se vulneraron derechos de Cristina Kirchner y cuestiona aspectos relacionados con las garantías judiciales, la imparcialidad de los tribunales y la condena impuesta.

Entre las medidas solicitadas por la defensa también figura el levantamiento de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto tiene una consecuencia política directa porque, si la sanción continuara vigente, Cristina Kirchner no podría presentarse como candidata a un cargo electivo mientras dure la inhabilitación.

El procedimiento ante Naciones Unidas, sin embargo, no equivale a una apelación automática de una sentencia argentina. El Comité de Derechos Humanos analiza denuncias individuales vinculadas con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus decisiones tienen características diferentes de las de un tribunal penal argentino.

La defensa sostiene que una eventual resolución favorable del organismo debería generar consecuencias en el ámbito interno. La discusión sobre el alcance jurídico de esas recomendaciones, no obstante, es controvertida y existen antecedentes de la Corte Suprema argentina que han señalado que los organismos internacionales no funcionan como una instancia adicional de apelación de las sentencias nacionales.

CÓMO TERMINÓ LA CAUSA VIALIDAD

La causa Vialidad investigó irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La sentencia fue recurrida por las defensas. En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena, aunque modificó parcialmente otros aspectos del fallo. Posteriormente, la defensa llevó el planteo ante la Corte Suprema.

El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por la defensa y dejó firme la condena. La resolución fue adoptada por los tres ministros que integraban entonces el máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

De esa manera, la sentencia adquirió carácter definitivo dentro de las vías ordinarias del proceso penal argentino.

Cristina Kirchner comenzó a cumplir la pena bajo prisión domiciliaria, con una serie de condiciones fijadas judicialmente. Actualmente cumple la condena en su departamento del barrio porteño de Constitución.

La defensa continúa intentando modificar esa situación mediante distintas presentaciones. De hecho, un día antes de la conferencia de prensa, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja de los abogados contra los embargos preventivos relacionados con bienes de Cristina Kirchner y de las sociedades Hotesur y Los Sauces, vinculados con la ejecución de la sentencia.

EL PUNTO DE DISCUSIÓN SOBRE LÁZARO BÁEZ

Uno de los aspectos centrales del nuevo planteo es la relación entre la obra pública investigada y las empresas de Lázaro Báez, empresario que concentró una parte importante de los contratos de infraestructura vial en Santa Cruz durante los años analizados por la Justicia.

La sentencia de Vialidad consideró probado que existió una maniobra destinada a favorecer al Grupo Austral mediante la asignación irregular de obras y otras decisiones administrativas.

La defensa de Cristina Kirchner sostiene ahora que el nuevo análisis financiero demuestra que la participación de las empresas de Báez dentro del universo completo de recursos de la Fuente 14 fue mucho menor de lo que, según los abogados, surge de la interpretación de la sentencia.

El nuevo informe, no obstante, no analiza por sí solo todos los elementos considerados por el Tribunal Oral Federal N.º 2, la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Por eso, el dato del 0,85% constituye el eje de una nueva argumentación defensiva, pero no implica que la condena haya sido anulada ni que exista actualmente una decisión judicial que haya modificado sus fundamentos.

UNA CAUSA QUE MARCÓ A LA POLÍTICA ARGENTINA

El expediente Vialidad se convirtió en uno de los procesos judiciales de mayor impacto político de las últimas décadas. La investigación involucró a exfuncionarios nacionales y provinciales y analizó contratos de obra pública otorgados principalmente durante los gobiernos kirchneristas.

Además de Cristina Kirchner, fueron condenados otros exfuncionarios y empresarios. Entre ellos estuvo José López, exsecretario de Obras Públicas, quien recibió una pena de seis años de prisión. El empresario Lázaro Báez, por su parte, fue condenado en el expediente por administración fraudulenta y recibió una pena de seis años, posteriormente confirmada en instancias superiores.

El caso también tuvo una fuerte repercusión política porque la condena contra Cristina Kirchner incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una sanción que adquirió especial relevancia de cara al escenario electoral de los próximos años.

La defensa sostiene que esa inhabilitación debe ser revisada y que la expresidenta debe recuperar la posibilidad de participar electoralmente.

QUÉ PUEDE PASAR AHORA

La presentación de la nueva prueba no produce automáticamente ningún cambio en la situación de Cristina Kirchner. La condena continúa firme y la expresidenta continúa cumpliendo prisión domiciliaria, mientras sus abogados intentan abrir una vía de revisión.

El documento será utilizado en el planteo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, paralelamente, la defensa anticipó que buscará utilizarlo dentro del sistema judicial argentino.

El eventual trámite internacional puede extenderse durante un período considerable. Además, incluso una resolución favorable del Comité deberá ser analizada en función de sus efectos jurídicos dentro del ordenamiento argentino.

Mientras tanto, la defensa busca instalar que la información incorporada recientemente modifica la lectura sobre el destino de los fondos investigados. El dato del 0,85% es presentado por los abogados como un elemento que contradice la hipótesis de un beneficio generalizado para Báez, pero su valor probatorio y sus consecuencias sobre la sentencia todavía deben ser determinados por las autoridades competentes.

Así, la causa Vialidad vuelve al centro de la escena política y judicial. A más de tres años de la condena de primera instancia y después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia, la defensa de Cristina Kirchner intenta abrir un nuevo capítulo con documentación surgida de otra investigación judicial y trasladar parte de la discusión al ámbito internacional.