KICILLOF Y COSTA ANUNCIARON MEDIDAS CONTRA LOS ABUSOS DE LAS BILLETERAS VIRTUALES

KICILLOF Y COSTA ANUNCIARON MEDIDAS CONTRA LOS ABUSOS DE LAS BILLETERAS VIRTUALES

22 agosto, 2026 Desactivado Por Marcelo Rodríguez

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires abrió una investigación contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud luego de recibir 2.240 denuncias durante el primer semestre de 2026. Las presentaciones incluyen presuntos incumplimientos de la Ley de Defensa del Consumidor, falta de información, acoso y hostigamiento. Las empresas deberán explicar cómo determinan las tasas de interés y el costo financiero total de los créditos.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, anunciaron nuevas medidas para proteger a los consumidores de billeteras virtuales y plataformas de servicios financieros digitales, en un contexto marcado por el crecimiento del endeudamiento y la morosidad de las familias.

La decisión surgió a partir de las denuncias recibidas por la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor. Según informó Costa, durante los primeros seis meses de 2026 se registraron 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud, vinculadas a presuntos incumplimientos de la normativa de defensa del consumidor, además de situaciones de acoso y hostigamiento.

A partir de esos reclamos, la Provincia abrió un expediente de investigación y comenzó a avanzar con imputaciones vinculadas a las situaciones denunciadas. Las empresas involucradas deberán presentar sus descargos y aportar información sobre las condiciones bajo las cuales ofrecen sus servicios financieros.

LA PROVINCIA PEDIRÁ EXPLICACIONES SOBRE LAS TASAS

Uno de los principales puntos de la investigación estará puesto en la forma en que las empresas determinan las tasas de interés de los créditos que ofrecen a sus usuarios.

Costa explicó que la Provincia solicitará a las compañías que detallen los criterios utilizados para establecer esas tasas y que informen cuál es la composición real del costo financiero total, es decir, cuánto termina pagando efectivamente una persona cuando toma un crédito.

El funcionario también señaló que entre los reclamos recibidos aparecen problemas vinculados con la información proporcionada a los consumidores y mecanismos de cobranza considerados abusivos.

En declaraciones difundidas por Radio Provincia, Costa sostuvo que la administración bonaerense no tiene facultades para regular integralmente el funcionamiento financiero de las billeteras virtuales, una competencia que corresponde al Gobierno nacional. Sin embargo, remarcó que la Provincia sí tiene atribuciones para aplicar la Ley de Defensa del Consumidor frente a situaciones denunciadas por los usuarios.

MULTAS DE HASTA $1.883 MILLONES

La investigación podría derivar en sanciones económicas si se comprueban los incumplimientos denunciados.

Según explicó Costa, las multas previstas por la normativa pueden alcanzar los $1.883 millones, además de la obligación para las empresas de revertir las prácticas que eventualmente sean consideradas contrarias a la legislación vigente.

El ministro aclaró que las compañías todavía deberán presentar sus descargos y que las sanciones dependerán de lo que determine el procedimiento administrativo. Por lo tanto, las denuncias y las imputaciones no implican que los incumplimientos hayan sido definitivamente comprobados.

La investigación buscará establecer, entre otros aspectos, si existieron deficiencias en la información brindada a los usuarios, condiciones contractuales que vulneren sus derechos y prácticas de cobranza que puedan constituir acoso u hostigamiento.

KICILLOF VINCULÓ EL ENDEUDAMIENTO CON LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Durante el anuncio, Kicillof puso el foco en el crecimiento del endeudamiento de los hogares. El gobernador afirmó que el 60% de la población adulta del país está endeudada y que cerca de seis millones de personas se encuentran en situación de mora.

El mandatario bonaerense sostuvo que muchas familias recurren al crédito para cubrir gastos básicos como alimentación, medicamentos y alquileres, y responsabilizó a la política económica del Gobierno de Javier Milei por la caída de los ingresos que, según su diagnóstico, habría profundizado esa situación.

“Esto no es un problema entre privados”, planteó Kicillof, al considerar que el endeudamiento de los hogares debe analizarse dentro del contexto económico general.

El gobernador también cuestionó que las billeteras virtuales hayan ampliado sus actividades más allá de los pagos electrónicos y que actualmente participen de manera creciente en el mercado crediticio.

EL CRECIMIENTO DE LAS FINTECH Y EL CRÉDITO DIGITAL

Las billeteras virtuales modificaron durante los últimos años la manera en que millones de argentinos realizan pagos, reciben dinero y acceden a servicios financieros. Plataformas como Mercado Pago, Ualá y otras fintech incorporaron herramientas de crédito que permiten solicitar préstamos o financiar consumos directamente desde una aplicación.

Ese proceso facilitó el acceso al crédito para personas que, en algunos casos, tienen dificultades para acceder al sistema bancario tradicional. Al mismo tiempo, abrió un debate sobre las condiciones de esos préstamos, las tasas de interés y los mecanismos utilizados para cobrar las deudas.

Desde la Provincia remarcaron que el objetivo de la investigación no es impedir el acceso al crédito, sino garantizar que los consumidores conozcan previamente las condiciones de las operaciones y que las empresas cumplan con las obligaciones establecidas por la legislación.

Costa también cuestionó la falta de claridad en algunos servicios ofrecidos a los consumidores y mencionó específicamente cuestiones como el acceso al botón de arrepentimiento y la información sobre los costos de los préstamos.

UN CONFLICTO QUE TRASCIENDE A LAS BILLETERAS

El anuncio bonaerense se produce en un contexto de creciente preocupación por el endeudamiento de los hogares argentinos. Un informe difundido esta semana señaló que la morosidad de distintos tipos de crédito aumentó durante la gestión de Milei, aunque esos datos corresponden a mediciones y fuentes distintas de las utilizadas por el Gobierno bonaerense.

La discusión también alcanza al papel que deben tener las fintech dentro del sistema financiero. Mientras las empresas tecnológicas ampliaron su participación en pagos y créditos, organismos públicos y asociaciones de consumidores plantean la necesidad de garantizar que exista información clara sobre tasas, plazos, comisiones y costo financiero.

El punto central de la disputa es quién debe controlar las condiciones bajo las cuales millones de personas acceden actualmente al crédito digital.

En ese sentido, la Provincia busca utilizar las herramientas que tiene disponibles en materia de defensa del consumidor, mientras reclama al Gobierno nacional mayores controles sobre el funcionamiento general de las plataformas financieras.

QUÉ PASARÁ AHORA

El expediente iniciado por la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor continuará con la notificación a las empresas involucradas. Las compañías deberán presentar sus descargos y responder a los requerimientos de información formulados por la administración bonaerense.

A partir de esos elementos, la Provincia deberá determinar si existieron infracciones y, eventualmente, qué sanciones corresponden.

Por ahora, no existe una sanción firme contra las empresas mencionadas: se trata de una investigación administrativa iniciada a partir de las denuncias recibidas.

La medida representa, además, un nuevo capítulo de la disputa política entre la administración de Kicillof y el Gobierno nacional. Mientras la Provincia sostiene que debe reforzarse la protección de las familias endeudadas, el Ejecutivo bonaerense cuestiona que la Nación no esté tomando medidas suficientes frente al crecimiento del crédito digital y la morosidad.

Con 2.240 denuncias acumuladas en apenas seis meses, la problemática de los créditos ofrecidos a través de billeteras virtuales quedó instalada en el centro de la agenda de defensa de los consumidores bonaerenses.

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