SIN ACUERDO: EL GOBIERNO Y LAS UNIVERSIDADES MANTUVIERON SUS POSTURAS ANTE LA JUSTICIA POR EL FINANCIAMIENTO
22 agosto, 2026El Ejecutivo y representantes del sistema universitario se reunieron ante la Justicia para intentar destrabar el conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La audiencia convocada por el juez Martín Cormick terminó sin avances sustanciales y las partes sostuvieron sus diferencias sobre el alcance de las obligaciones presupuestarias.
El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales volvió este viernes a los tribunales, donde representantes del Gobierno nacional y del sistema universitario expusieron sus posiciones frente al juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11.
La audiencia había sido convocada con el objetivo de acercar a las partes y encontrar una salida al enfrentamiento generado por la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, pero el encuentro concluyó sin un acuerdo de fondo. El Gobierno y las universidades mantuvieron sus diferencias respecto de la aplicación de la normativa y de los recursos que deben recibir las casas de altos estudios.
La convocatoria había surgido a partir de una presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y contó con la participación del Ejecutivo y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades nacionales.
El CIN había expresado inicialmente reparos frente a la realización de la audiencia y planteado que debía avanzarse directamente con el cumplimiento de la medida cautelar vigente. Finalmente, decidió participar del encuentro para plantear su posición ante el magistrado.
EL PUNTO CENTRAL: LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
El conflicto tiene como eje la Ley 27.795, sancionada por el Congreso durante 2025. La norma estableció mecanismos destinados a recomponer el financiamiento del sistema universitario, incluyendo la actualización de los salarios de trabajadores docentes y no docentes y la recomposición de determinadas partidas vinculadas con becas y programas estudiantiles.
El Gobierno nacional había vetado originalmente la ley, pero el Congreso consiguió insistir con la iniciativa y convertirla en ley. Posteriormente, el Ejecutivo dictó el Decreto 759/25, mediante el cual condicionó su aplicación.
A partir de esa situación, el CIN y representantes gremiales recurrieron a la Justicia. El conflicto terminó llegando a la Corte Suprema, que dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado nacional a avanzar con determinados artículos de la Ley 27.795.
La resolución judicial alcanzó particularmente a las disposiciones relacionadas con la actualización salarial y las becas estudiantiles, mientras que otros componentes del reclamo universitario quedaron fuera de esa decisión.
QUÉ RECLAMAN LAS UNIVERSIDADES
Durante la audiencia, el sistema universitario planteó que el problema no se limita a los salarios. Las universidades también reclaman recursos para afrontar los gastos de funcionamiento, el financiamiento de los hospitales universitarios, las becas y las partidas destinadas a ciencia y tecnología.
La UBA había solicitado que estos aspectos también fueran considerados dentro de la discusión judicial.
Los reclamos se producen además en medio de una nueva etapa del conflicto gremial. La CONADU Histórica convocó a un paro nacional que se extiende hasta este sábado 22 de agosto, mientras que distintas federaciones universitarias anunciaron nuevas medidas de fuerza para fines de mes. Entre las demandas figuran la recomposición salarial, el cumplimiento de la ley, la actualización de las becas y mayores recursos para las universidades.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
El Gobierno sostiene que viene realizando transferencias al sistema universitario y que está cumpliendo con compromisos salariales asumidos con los gremios.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, informó días atrás que el Ejecutivo había transferido $666.823.011.021 en concepto de gastos en personal e incrementos salariales correspondientes a junio de 2026 y a la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. También aseguró que se estaban cumpliendo los aumentos establecidos en el acta paritaria firmada el 10 de junio.
Además, el Gobierno había acordado transferencias para incrementar los salarios, los gastos de funcionamiento y las partidas destinadas a hospitales universitarios. Sin embargo, desde el sistema universitario sostienen que esos recursos resultan insuficientes frente a las obligaciones establecidas por la Ley 27.795.
UN CONFLICTO QUE VIENE DESDE 2025
La discusión presupuestaria no comenzó este año. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las universidades nacionales vienen denunciando un deterioro de sus partidas frente a la inflación y reclamando una actualización integral de los recursos.
En diciembre de 2025, el CIN había advertido que el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo contemplaba $4.872.017 millones para las universidades nacionales y señalaba que, de mantenerse la inflación proyectada oficialmente, esa asignación implicaría una caída real del 3,5% respecto del presupuesto previsto para 2025. El organismo estimaba que para evitar un mayor deterioro financiero era necesario un presupuesto aproximadamente 61% superior al proyectado.
La disputa derivó en movilizaciones masivas, paros y reclamos judiciales que atravesaron 2025 y continuaron durante 2026.
La intervención de la Justicia adquirió especial relevancia cuando la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar las disposiciones de la ley relacionadas con salarios y becas. Esa decisión mantiene abierta la discusión mientras avanza el proceso judicial de fondo.
SIN UNA SALIDA A LA VISTA
La audiencia convocada por Cormick buscaba generar un espacio para que las partes pudieran acercar posiciones. Sin embargo, el encuentro no produjo un acuerdo que permita cerrar el conflicto y las diferencias sobre el alcance de la Ley 27.795 y el financiamiento universitario continúan vigentes.
Para las universidades, la prioridad es que el Gobierno cumpla con las disposiciones establecidas por la ley y con las decisiones judiciales, además de garantizar recursos suficientes para salarios, funcionamiento, hospitales, becas y ciencia.
El Ejecutivo, en cambio, sostiene que está realizando transferencias y atendiendo los compromisos asumidos, al tiempo que mantiene diferencias respecto del alcance de las obligaciones presupuestarias que las universidades pretenden hacer cumplir.
Mientras el expediente continúa su recorrido judicial, el conflicto permanece abierto en las aulas, en las calles y ahora también en los tribunales. Las nuevas medidas de fuerza previstas para las próximas semanas anticipan que la discusión por el financiamiento universitario seguirá siendo uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno de Milei y la comunidad universitaria.
