URUGUAY APRUEBA LA PRIMERA LEY DE EUTANASIA EN AMÉRICA LATINA
19 octubre, 2025Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar una ley que regula la eutanasia, reconociendo el derecho a una muerte asistida para adultos con enfermedades incurables o terminales. La norma establece un protocolo estricto y crea mecanismos de supervisión para garantizar la transparencia del proceso.
Azul Spalletta/ La palabra eutanasia proviene del griego eu (“buena”) y thanatos (“muerte”), y significa literalmente “buena muerte”. Se refiere al acto mediante el cual, con asistencia médica y consentimiento informado, una persona decide poner fin a su vida para evitar el sufrimiento causado por una enfermedad irreversible o incurable.
La nueva ley reconoce el derecho de los adultos mentalmente competentes, en etapa terminal o con padecimientos incurables e irreversibles que provoquen sufrimientos insoportables y un grave deterioro de su calidad de vida, a solicitar asistencia médica para morir, dentro de un protocolo estricto.
A diferencia de Colombia y Ecuador, donde la eutanasia fue despenalizada a través de fallos judiciales, Uruguay optó por la vía legislativa directa, convirtiéndose en el primer país de América Latina en aprobar una ley de este tipo por decisión del Parlamento.
El procedimiento contempla una solicitud escrita del paciente, la evaluación por dos médicos independientes, la ratificación ante testigos y la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento. En caso de discrepancia entre los profesionales, podrá intervenir una junta médica.
Además, la ley prevé la creación de una Comisión Honoraria de Revisión para supervisar los casos y garantizar la transparencia del proceso. Los prestadores públicos de salud deberán garantizar el acceso al servicio, aunque se contempla la objeción de conciencia para los profesionales que no deseen participar del procedimiento.
El impulso original de esta iniciativa se vincula a Fernando Sureda, exdirigente deportivo que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y se convirtió en un referente del debate público antes de su fallecimiento en 2020. Años más tarde, el diputado Ope Pasquet retomó la propuesta, que atravesó varias legislaturas hasta obtener la aprobación definitiva con el respaldo del Frente Amplio y el apoyo parcial del Partido Colorado y el Partido Nacional.
Con esta medida, Uruguay reafirma su tradición de políticas sociales progresistas, que incluye la legalización del aborto (2012), el matrimonio igualitario (2013) y los derechos de las personas trans (2018).
La aprobación generó reacciones contrapuestas: mientras sectores progresistas celebraron el avance en los derechos individuales y la autonomía personal, la Iglesia Católica reiteró su rechazo, defendiendo “la protección de la vida en todas sus etapas”.
El Poder Ejecutivo tiene ahora un plazo de seis meses para promulgar y reglamentar la norma. Una vez en vigor, Uruguay se consolidará como referente regional en materia de muerte asistida, marcando un nuevo hito en la agenda de derechos humanos del continente.
