UNIVERSIDADES PÚBLICAS ADVIERTEN QUE PODRÍAN NO INICIAR LAS CLASES DE 2026 SI EL GOBIERNO NO CUMPLE LA LEY DE FINANCIAMIENTO
24 diciembre, 2025Gremios universitarios y docentes alertan que el ciclo lectivo corre riesgo por el incumplimiento del Ejecutivo de aplicar una ley clave para recomponer salarios, becas y presupuesto de las casas de altos estudios.
Las principales representaciones gremiales de las universidades públicas de Argentina advirtieron este miércoles que las clases del ciclo 2026 podrían no empezar si el presidente Javier Milei y su gobierno no cumplen de forma efectiva con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y respaldada por un fallo judicial que ordena su aplicación.
La Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió un comunicado en el que sostiene que, sin la ejecución de la normativa, “si no pagan lo que marca la ley, no empiezan las clases”, subrayando también que el Ejecutivo adeuda un incremento salarial del 46% a docentes y no docentes que debería ser aplicado de inmediato.
El conflicto se agudiza en un contexto en el que un fallo del juez federal Martín Cormick declaró inaplicable un decreto del Poder Ejecutivo que intentaba suspender la ejecución de la ley y ordenó recomponer salarios y becas estudiantiles, señalando que la omisión estatal afecta derechos constitucionales vinculados a la educación y la autonomía universitaria.
Los dirigentes gremiales también reclaman un incremento del presupuesto general para las universidades nacionales, la actualización de becas estudiantiles y la cobertura de los gastos de funcionamiento necesarios para el normal desarrollo de la actividad académica. Asimismo, expresan desconfianza sobre la voluntad del Gobierno de acatar la resolución judicial, ante la posibilidad de que ésta sea apelada.
Este reclamo no es aislado: la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y otros sindicatos del sector habían anticipado en semanas recientes que, sin la aplicación inmediata de la ley, la situación “no dará las condiciones” para comenzar el ciclo lectivo y podrían profundizar las medidas de protesta.
El debate sobre la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla la recomposición de salarios y un esquema de recursos presupuestarios automáticos para las universidades públicas, se sitúa en el centro de una creciente tensión entre el gobierno y la comunidad académica, en un escenario en el que la organización de mesas de examen y la planificación del próximo año académico también están en juego.
