UNA LEY DEMOCRÁTICA PARA LAS COOPERADORAS ESCOLARES
7 octubre, 2020El viernes 2 de octubre el SUTEBA Merlo, el Consejo Escolar y representantes del área de Educación del municipio formaron parte de un conversatorio con el diputado provincial Juan Miguel López Parodi para informar y quitar dudas respecto al proyecto de ley de Cooperadoras Escolares. La finalidad, es que el proyecto que se viene trabajando desde una agrupación de Consejeros Escolares junto a la Federación de Cooperadoras Escolares de la provincia de Buenos Aires, no pierda estado parlamentario.
La Ley 26674 es la que regula la actividad de las Cooperadoras Escolares a nivel nacional, e insta a las provincias a generar normativa acorde. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, la regulación vigente proviene de un decreto impuesto durante el gobierno de facto de Lanusse en 1972.
ES NECESARIA UNA LEY DE LA DEMOCRACIA
El proyecto parlamentario fue presentado por López Parodi con el objetivo de dar un marco legal para que las Cooperadoras sean parte del Proyecto Institucional de las escuelas. Las considera como una institución que puede recibir subsidios y ejecutarlos. Propone también, la inembargabilidad de los fondos y puntualiza sobre la gratuidad de las cuentas bancarias. Además tiene una concepción más inclusiva, ya que reconoce a lxs estudiantes mayores de 12 años con voz y voto. Esto también tiene impacto en la vinculación pedagógica, ya que promueve la participación desde la organización de lxs jóvenes.
Por otra parte, el proyecto de ley brinda a las comunidades la posibilidad de un mayor y mejor control social sobre el Servicio Alimentario Escolar (SAE). No solo en cada escuela sino en todas a la vez, ya que además plantea la creación de Confederaciones de Cooperadoras Escolares.
Un trabajo que las familias y docentes hacen solidariamente, toma importancia incluso en términos de resguardo, ya que la ley propone un seguro de cobertura los 365 días del año en el desarrollo de este trabajo.
En paralelo, la diputada María Reigada presentó la propuesta de “Ley Sandra y Rubén” de Infraestructura Escolar. De salir ambas leyes, las Cooperadoras no tendrían que utilizar sus fondos para arreglos de edificio, ya que el área de infraestructura tendría asignados sus fondos específicos en el presupuesto provincial; entonces, las Cooperadoras invertirían en elementos de- por ejemplo- mejora pedagógica.
Es imprescindible que la comunidad se comprometa en la sanción de la ley para valorar el rol de la Cooperadora en la comunidad, y también así sembrar esta cultura en las generaciones venideras.
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