SE CAYÓ LA SESIÓN EN DIPUTADOS Y EL GOBIERNO NO PUDO AVANZAR CON LA LEY DE SOBERANÍA NI LA REFORMA DEL BANCO CENTRAL
19 noviembre, 2026La Libertad Avanza reunió 126 legisladores, pero necesitaba 129 para habilitar el debate. La convocatoria incluía la denominada Ley Malvinas, los cambios en la Carta Orgánica del BCRA, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la EFTA y convenios para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. La ausencia de bloques aliados dejó al oficialismo sin quórum y postergó toda la agenda.
El Gobierno de Javier Milei sufrió un revés en la Cámara de Diputados luego de que fracasara la sesión especial convocada para el miércoles 18 de noviembre. El oficialismo no consiguió reunir la cantidad de legisladores necesaria para iniciar el debate y quedaron pendientes varios proyectos centrales de su agenda parlamentaria, entre ellos la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La convocatoria había sido impulsada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros diputados oficialistas. La intención era avanzar con un temario amplio durante una jornada que se proyectaba extensa y que también incluía acuerdos comerciales internacionales, convenios judiciales con la Ciudad de Buenos Aires y modificaciones al régimen de pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, el oficialismo consiguió reunir solamente 126 diputados, tres menos de los 129 necesarios para alcanzar el quórum reglamentario. Ante esa situación, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión y los proyectos no llegaron a ser tratados.
El resultado expuso las dificultades del Gobierno para garantizar la presencia de sus aliados en el recinto. Aunque había negociaciones previas para organizar el debate y establecer los tiempos de exposición, esos acuerdos no alcanzaron para asegurar la cantidad de legisladores necesaria para abrir la sesión.
Entre las ausencias que resultaron determinantes estuvieron las de integrantes de Provincias Unidas y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). De acuerdo con el relevamiento de Infobae, la falta de esos diputados terminó impidiendo que el oficialismo alcanzara el número requerido.
LA LEY DE SOBERANÍA NACIONAL, UNO DE LOS PROYECTOS QUE QUEDÓ PENDIENTE
Uno de los principales objetivos del oficialismo era avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre de 2026 y conocida públicamente como Ley Malvinas.
El proyecto propone establecer un régimen integral para proteger los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes. Entre sus principales disposiciones contempla sanciones contra personas y empresas que realicen actividades de exploración o explotación de recursos naturales sin autorización de las autoridades argentinas.
La iniciativa incluye multas económicas, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones para desarrollar actividades económicas en el país. También establece penas de prisión para determinadas conductas vinculadas con la exploración y explotación no autorizada de recursos naturales.
En el caso de los hidrocarburos, el texto contempla sanciones especialmente severas. Para la exploración sin autorización prevé penas de entre 12 y 15 años de prisión, mientras que para determinadas actividades de explotación la escala puede alcanzar los 20 años.
El proyecto no se limita a las sanciones económicas y penales. También propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, con funciones de coordinación y asesoramiento en cuestiones estratégicas vinculadas con la defensa, la seguridad y la inteligencia.
Otro de los puntos que generó controversia durante el tratamiento en comisiones fue el capítulo referido a la injerencia extranjera en los procesos electorales y el financiamiento de actividades políticas. Ese apartado incorpora figuras penales que despertaron objeciones entre sectores opositores y bloques dialoguistas, que manifestaron preocupación por el alcance de las disposiciones y sus posibles consecuencias sobre derechos y libertades.
Además, ese capítulo requiere una mayoría especial de 129 votos para su aprobación, debido a que involucra cuestiones vinculadas con la legislación electoral. Por eso, aun si el oficialismo hubiera conseguido abrir la sesión, debía afrontar una negociación adicional para reunir los respaldos necesarios en esa parte del proyecto.
La iniciativa había obtenido dictamen de mayoría en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, aunque también se habían presentado dictámenes de minoría. La caída de la sesión impidió que comenzara su tratamiento en el recinto.
LA REFORMA DEL BANCO CENTRAL TAMBIÉN QUEDÓ SIN DEFINICIÓN
El segundo proyecto central de la convocatoria era la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa ya había recibido la aprobación inicial de Diputados, pero volvió a la Cámara baja después de que el Senado introdujera modificaciones.
Por ese motivo, los legisladores debían resolver si aceptaban los cambios realizados por la Cámara alta o si insistían con la redacción que habían aprobado originalmente. Se trataba de una instancia decisiva para completar el trámite legislativo y convertir la reforma en ley.
Uno de los principales objetivos del proyecto es establecer como función central del Banco Central la preservación del valor de la moneda nacional. La propuesta también busca limitar la posibilidad de que la autoridad monetaria financie directamente al Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario.
La reforma se inscribe en la estrategia económica de Milei, que considera que la emisión monetaria para financiar el gasto público es uno de los factores que alimentan la inflación. Desde esa perspectiva, el Gobierno busca establecer mayores restricciones sobre los mecanismos de asistencia financiera del BCRA al Estado.
La iniciativa también contempla cambios en el funcionamiento institucional del organismo, entre ellos disposiciones relacionadas con las autoridades de su directorio y la utilización de sus resultados financieros.
La falta de quórum impidió que Diputados resolviera si aceptaba las modificaciones del Senado, por lo que el proyecto continúa sin sanción definitiva.
EL ACUERDO ENTRE EL MERCOSUR Y LA EFTA
El temario también incluía el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
El entendimiento busca ampliar el intercambio comercial entre ambos bloques, reducir barreras y establecer condiciones para facilitar el comercio de bienes y servicios. Para Argentina, el acuerdo representa una oportunidad de ampliar los destinos de exportación y profundizar los vínculos económicos con países europeos que no forman parte de la Unión Europea.
Las negociaciones entre el Mercosur y la EFTA comenzaron en 2017 y atravesaron distintas etapas hasta alcanzar un entendimiento político sobre el contenido del tratado. Su implementación requiere completar los procedimientos institucionales correspondientes en cada uno de los países involucrados.
Junto con ese convenio, los diputados tenían previsto tratar una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, destinada a actualizar las reglas regionales que regulan ese sector.
Ninguno de los dos instrumentos llegó a discutirse debido a la caída de la sesión.
EL TRASPASO DE COMPETENCIAS JUDICIALES A LA CIUDAD
Otro capítulo de la agenda estaba relacionado con la transferencia progresiva de competencias judiciales desde la Nación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los legisladores iban a tratar dos convenios suscriptos entre el Estado nacional y el Gobierno porteño. Uno de ellos contempla la transferencia de nuevas competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad, mientras que el otro aborda atribuciones vinculadas con la Justicia criminal y correccional de menores.
El traspaso forma parte de un proceso más amplio relacionado con la autonomía de Buenos Aires, reconocida en la reforma constitucional de 1994. Desde entonces, la Ciudad avanzó gradualmente en la incorporación de competencias judiciales, aunque todavía existen áreas que permanecen bajo jurisdicción nacional.
La transferencia de funciones requiere acuerdos entre ambas administraciones y la aprobación legislativa correspondiente. Por eso, los convenios incluidos en el temario representaban un nuevo paso dentro de una discusión institucional que lleva varias décadas.
La falta de quórum también dejó esos expedientes sin tratamiento.
UNA MODIFICACIÓN PARA INCORPORAR A LAS COOPERATIVAS AL RÉGIMEN MiPyME
El último de los proyectos principales contemplados en la convocatoria proponía modificar la Ley 24.467, que establece el marco regulatorio para las pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa buscaba incorporar a las cooperativas entre las entidades que pueden acceder al certificado MiPyME y, de esa manera, facilitar su ingreso a los instrumentos de promoción y beneficios previstos para ese universo productivo.
El certificado permite acreditar la condición de micro, pequeña o mediana empresa y acceder a distintas herramientas de asistencia, financiamiento y beneficios fiscales, de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
La modificación apuntaba a reconocer las particularidades de las cooperativas dentro del entramado productivo y ampliar las posibilidades de acceso a esos instrumentos. Sin embargo, al igual que el resto de los proyectos, no llegó a ser debatida.
UN NUEVO OBSTÁCULO PARA LA ESTRATEGIA LEGISLATIVA DE MILEI
La caída de la sesión representó un problema para el oficialismo en un momento en que el Gobierno busca avanzar con distintas iniciativas antes del cierre del período de sesiones ordinarias.
El episodio dejó en evidencia que los acuerdos alcanzados para organizar el funcionamiento del debate no necesariamente se traducen en el respaldo político y la presencia efectiva de los legisladores. La Libertad Avanza necesitaba apenas tres diputados más para habilitar la sesión, pero no logró reunirlos.
El resultado también volvió a poner de manifiesto la dependencia del Gobierno respecto de los bloques aliados y provinciales para impulsar su agenda en el Congreso. Aunque el oficialismo puede conseguir apoyos para determinados proyectos, la construcción de mayorías requiere negociaciones que no siempre se sostienen al momento de votar.
En paralelo, el Ejecutivo tiene otros asuntos prioritarios en el Congreso, entre ellos el Presupuesto 2027, que ya obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y cuyo tratamiento estaba previsto para el 25 de noviembre.
La sesión del 18 de noviembre terminó sin que se debatiera ninguno de los proyectos previstos. La Ley de Soberanía Nacional, la reforma del Banco Central, el acuerdo Mercosur-EFTA y los convenios judiciales quedaron pendientes, mientras el Gobierno deberá reorganizar sus apoyos parlamentarios para intentar retomar esas iniciativas.



