PROCESARON A JOSÉ LUIS ESPERT POR LAVADO DE DINERO Y LE PROHIBIERON SALIR DEL PAÍS

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli dictó el procesamiento del exdiputado por una transferencia de 200.000 dólares recibida en 2020 y vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. La resolución también dispuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y alcanzó al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza SA. La defensa anticipó que apelará la decisión.

La Justicia Federal procesó a José Luis Espert por presunto lavado de activos en una causa que investiga el origen de los 200.000 dólares que recibió en una cuenta bancaria en Estados Unidos, en una operación vinculada a una estructura empresarial relacionada con Federico “Fred” Machado. La resolución fue dictada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien además ordenó un embargo de $1.000 millones sobre los bienes del exdiputado y le prohibió salir del país.

La medida también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, señalado por la fiscalía como partícipe necesario de la maniobra, y a Varianza SA, una sociedad vinculada al exlegislador y su entorno familiar. Según la información publicada por distintos medios a partir de fuentes judiciales, Cosentino recibió un embargo de $700 millones, mientras que sobre la empresa se fijó uno de $500 millones.

El procesamiento no equivale a una condena: significa que el magistrado consideró que existen elementos suficientes para que la investigación penal continúe contra los imputados. La resolución puede ser apelada ante la Cámara Federal de San Martín, que deberá revisar los cuestionamientos que presente la defensa.

El expediente tiene como eje una transferencia realizada el 22 de enero de 2020 a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos. El dinero fue enviado por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una compañía que los investigadores vinculan con la estructura empresarial de Machado. Para justificar el ingreso, el exdiputado sostuvo que los fondos correspondían a un contrato de asesoramiento profesional para Minas del Pueblo, una empresa minera radicada en Guatemala y vinculada al empresario.

El acuerdo contemplaba honorarios por un total de un millón de dólares, aunque Espert afirmó que solamente recibió los primeros 200.000 dólares y que los pagos restantes no se concretaron. La fiscalía, a cargo de Fernando Domínguez, cuestionó la existencia de una prestación efectiva de servicios y sostuvo que el contrato habría sido utilizado para dar una apariencia legal a fondos de origen ilícito.

En su resolución, Mirabelli consideró acreditada, con el alcance propio de esta etapa del proceso, la aplicación de los fondos recibidos en operaciones patrimoniales. Entre los elementos analizados figuran movimientos bancarios y la compra de vehículos de alta gama. El juez también cuestionó la explicación contractual presentada para justificar el ingreso del dinero.

El recorrido de los 200.000 dólares

La investigación busca reconstruir cómo se movió el dinero desde su ingreso a la cuenta estadounidense de Espert hasta su utilización posterior. De acuerdo con la hipótesis fiscal, parte de los fondos habría sido transferida a una cuenta local y destinada a la compra de bienes, entre ellos un automóvil BMW. Posteriormente, el exdiputado adquirió un vehículo Lexus de alta gama.

Los investigadores también examinaron operaciones patrimoniales y documentación contable vinculada con Varianza SA. La fiscalía sostiene que esa estructura societaria habría contribuido a respaldar ingresos cuya procedencia estaba bajo sospecha. Asimismo, analiza certificaciones de origen de fondos elaboradas por el contador Cosentino para determinadas operaciones.

El planteo de la acusación es que el dinero habría atravesado distintas etapas para incorporarse al circuito económico formal: primero, mediante su ingreso al sistema financiero; luego, a través de transferencias y movimientos entre cuentas; y finalmente, por medio de la adquisición de activos. La Justicia deberá determinar durante el proceso si esas operaciones constituyeron efectivamente una maniobra de lavado y cuál fue la responsabilidad individual de cada imputado.

La hipótesis sobre el destino de los fondos también incluyó un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda. Sin embargo, según la reconstrucción publicada por Clarín sobre la resolución judicial, el magistrado consideró que no estaba probado que parte de los 200.000 dólares hubiera sido destinada a ese emprendimiento. Por eso, no corresponde presentar ese punto como un hecho judicialmente acreditado.

El vínculo con Fred Machado

La relación entre Espert y Machado es anterior a la transferencia investigada. El empresario brindó apoyo al economista durante su campaña presidencial de 2019, cuando todavía no formaba parte de La Libertad Avanza. Entre los elementos que se conocieron posteriormente figuran el uso de aeronaves privadas vinculadas con Machado y otros recursos que habrían facilitado actividades de campaña.

Machado fue investigado en Estados Unidos por delitos financieros relacionados con operaciones comerciales con aeronaves y por posibles vínculos con el narcotráfico. Tras su extradición desde la Argentina, reconoció delitos de fraude y lavado de dinero en el marco de un acuerdo judicial. Ese antecedente forma parte del contexto de la investigación sobre los fondos recibidos por Espert, pero no prueba por sí solo que el exdiputado conociera el origen ilícito del dinero: ese es uno de los aspectos que la Justicia debe establecer en su caso.

El vínculo entre ambos tomó relevancia pública en 2025, cuando se conoció la transferencia de los 200.000 dólares y avanzó una denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois. En ese momento, Espert encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires y presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

La controversia derivó en su salida de la candidatura oficialista antes de las elecciones legislativas de octubre de ese año. El caso tuvo un fuerte impacto político porque Espert era una figura cercana al presidente Javier Milei y uno de los dirigentes centrales del oficialismo en materia económica y presupuestaria.

La defensa y los próximos pasos

Espert rechazó las acusaciones y sostuvo que la transferencia correspondía a un contrato real de servicios profesionales. Durante su declaración indagatoria, presentó un descargo y documentación con la que buscó respaldar su versión de los hechos. Su defensa también cuestionó aspectos de la investigación y planteó objeciones sobre el alcance de la causa.

Con el procesamiento, la discusión judicial entra ahora en una nueva etapa. La defensa podrá recurrir la decisión ante la Cámara Federal de San Martín, que deberá analizar los argumentos de las partes y resolver si confirma, modifica o revoca la medida. Mientras tanto, continúan vigentes las restricciones dispuestas por el juez, incluida la prohibición de salida del país, salvo que sean modificadas por una resolución posterior.

El caso no se limita a determinar si Espert recibió los 200.000 dólares, una transferencia que reconoció, sino que busca establecer si el dinero provenía de actividades ilícitas, si el contrato invocado para justificarlo fue simulado y si los movimientos patrimoniales posteriores tuvieron como finalidad ocultar su origen.

La resolución representa un avance significativo en una investigación que combina aspectos financieros, contables y políticos. No obstante, la responsabilidad penal de Espert, de su contador y de la sociedad involucrada deberá definirse en el marco del proceso judicial, con posibilidad de revisión de las decisiones y ejercicio del derecho de defensa.