PRIVATIZACIONES: EL GOBIERNO APROBÓ LAS NUEVAS CONCESIONES DE LAS RUTAS QUE VAN A URUGUAY Y BRASIL
19 noviembre, 2025La Secretaría de Transporte adjudicó seis tramos viales estratégicos que forman parte del corredor Mercosur, incluyendo rutas nacionales que conectan con pasos fronterizos hacia Uruguay y Brasil. Las empresas asumirán mantenimiento, explotación y obras bajo el sistema de peaje, en el marco del plan de privatización de infraestructura que impulsa el Gobierno.
Azul Spalletta/ El Gobierno nacional avanzó este miércoles en uno de los puntos centrales de su política de infraestructura al aprobar, mediante la Resolución 80/2025, nuevas concesiones para seis tramos de rutas nacionales fundamentales para la conexión terrestre con Uruguay y Brasil. La medida, firmada por el secretario de Transporte Luis Octavio Pierrini y publicada en el Boletín Oficial, forma parte del ambicioso plan oficial para privatizar y concesionar cerca de 9.000 kilómetros de la red vial argentina, apostando a un modelo donde el sector privado asuma la conservación, el mantenimiento y las obras a cambio de explotar el sistema de peajes. No se trata solo de una reorganización administrativa: el Gobierno reconoce que estas rutas constituyen un eje comercial clave dentro del Mercosur y que su modernización es imprescindible para mejorar el flujo logístico y la competitividad de las exportaciones argentinas.
El llamado Tramo Oriental, uno de los más relevantes adjudicados, quedó a cargo de Autovía Construcciones y Servicios S.A., e incluye corredores que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Comprende la Ruta Nacional 12 desde Zárate hasta el acceso a la Ruta Provincial 16; la Ruta Nacional 14 en todo su trayecto hasta Paso de los Libres; la Ruta Nacional 135, que conduce al Puente Internacional General Artigas hacia Uruguay; el acceso a Salto Grande por la Ruta A-015; y la Ruta Nacional 117, que llega al límite con Brasil. Este conjunto de vías es utilizado diariamente por miles de camiones que conectan puertos, industrias y centros fronterizos, por lo que su concesión involucra no solo recaudación sino una responsabilidad estratégica en términos de infraestructura regional.
Por otro lado, el denominado Tramo Conexión, que incluye la Ruta Nacional 174 —correspondiente al puente Rosario–Victoria— también fue concesionado, en este caso a un consorcio conformado por las empresas ObrIng S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. Se trata de un tramo de enorme importancia para la articulación entre Santa Fe y Entre Ríos, utilizado tanto por transporte liviano como pesado, y que históricamente ha requerido inversiones constantes debido al tránsito intenso que lo atraviesa. La licitación establece obligaciones de mantenimiento integral, ampliaciones progresivas y la prestación de servicios a los usuarios, desde auxilio mecánico hasta mejoras en la señalización y la seguridad vial.
El Gobierno defendió la entrega de estos corredores al sector privado bajo el argumento de que el Estado ya no puede sostener el nivel de inversión necesario para garantizar condiciones óptimas de circulación y que el esquema de obras por peaje permitirá modernizar la infraestructura sin recurrir a subsidios. Sin embargo, diversos sectores críticos advierten que este modelo puede encarecer el tránsito para usuarios frecuentes, además de generar dudas sobre la capacidad de control y fiscalización estatal para garantizar que las empresas cumplan con los estándares exigidos. También recordaron experiencias pasadas en las que las concesionarias no realizaron las obras comprometidas o mantuvieron tarifas elevadas sin mejoras acordes en la infraestructura.
La aprobación de estas concesiones marca un nuevo capítulo en el proceso de transformación del esquema vial argentino y en la redefinición del rol del Estado dentro de la red de transporte. Las rutas entregadas son, ni más ni menos, que arterias fundamentales del comercio binacional y regional. Su futuro bajo administración privada abre interrogantes, expectativas y tensiones en un contexto en el que la infraestructura se ubica en el centro del debate político y económico del país.
