PIDEN SOMETER A JUICIO POLÍTICO AL GOBERNADOR DE RIO DE JANEIRO TRAS MASACRE EN LAS FAVELAS
4 noviembre, 2025La ola de indignación en Brasil se disparó luego de una operación policial en los complejos de favelas Complexo da Penha y Complexo do Alemão, que dejó más de 120 muertos. Organizaciones de derechos humanos y manifestantes exigen la renuncia y el juicio político del gobernador Cláudio Castro, a quien acusan de promover una política de represión en lugar de preservación de la vida.
Azul Spalletta/ Una masiva operación conjunta de fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro, en la madrugada del 28 de octubre de 2025, dejó un saldo de al menos 121 muertos según la policía; la Defensoría Pública local calcula que podrían ser alrededor de 132 víctimas.
La ofensiva, denominada “Operación Contención”, fue lanzada contra el grupo criminal Comando Vermelho (CV) en los barrios populares de Penha y Alemão, donde confluyen pobreza estructural, presencia de pandillas y acciones de policía militarizadas.
El gobernador Cláudio Castro, del partido Liberal (PL), encabezó la campaña de represión, declarando que el estado está en “guerra contra el narco-terrorismo” y clasificando la operación como un éxito. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil denuncian que la acción se realizó sin garantías procesales, con cuerpos encontrados atados, con signos de tortura, y en muchos casos víctimas que no estaban vinculadas con la criminalidad organizada.
Las protestas ya forman parte de una ola mayor de rechazo ciudadano. Cientos de personas marcharon por las favelas de Río de Janeiro y otras ciudades brasileñas con consignas como “¡Castro asesino!” y “¡basta de masacres!”, exigiendo su salida del cargo y la apertura de un proceso de juicio político.
Asimismo, grupos de mujeres negras y de derechos humanos han lanzado campañas pidiendo, además del impeachment, la intervención federal en políticas de seguridad pública del estado.
La crisis alcanza además esferas judiciales: la Supremo Tribunal Federal (STF) citó al gobernador para que responda por los hechos, mientras la opinión pública y analistas jurídicos debaten si existieron delitos de homicidio, omisión estatal o crímenes contra la humanidad en la intervención.
El acontecimiento plantea preguntas clave sobre la política de seguridad en Brasil: ¿hasta qué punto está permitido el uso de fuerza letal por parte del estado? ¿Se está aplicando una lógica de “guerra” en zonas urbanas de pobreza? ¿Y quién rinde cuentas cuando el poder estatal actúa con brutalidad? Como concluye un análisis reciente, “la operación fue una masacre, no una política de seguridad”.
Con el reclamo por juicio político puesto sobre la mesa, la gobernación de Río de Janeiro entra en una crisis institucional. Si bien el gobernador aún mantiene el control oficial del Ejecutivo, su legitimidad social y política se encuentran profundamente minadas. La presión crece, tanto dentro de Brasil como a nivel internacional, por un cambio radical en cómo se define y aplica la seguridad pública en las favelas.
