NACE UNA ASAMBLEA SOCIOAMBIENTAL EN ITUZAINGÓ PARA FRENAR EL AVANCE INMOBILIARIO SOBRE LOS ESPACIOS VERDES

En el municipio de Ituzaingó comenzó a consolidarse una nueva Asamblea Socioambiental integrada por vecinxs, organizaciones y pobladorxs de distritos aledaños. El espacio, de carácter plural y multiactoral, surge con el objetivo de impulsar acciones concretas en defensa del territorio frente a distintas formas de extractivismo, particularmente ante el avance de los procesos urbanísticos y de expansión inmobiliaria sobre zonas ambientalmente sensibles del oeste bonaerense.

La iniciativa se desarrolla en un distrito históricamente reconocido por sus características naturales: la presencia de amplios espacios verdes, el arbolado público y una identidad barrial que aún conserva cierto “aspecto de pueblo”. Con más de 150 años de historia, Ituzaingó cuenta con una importante trayectoria en materia ambiental y posee áreas ecológicamente protegidas que forman parte central de la vida cotidiana de quienes habitan y transitan el territorio.

Sin embargo, desde la Asamblea advierten que esas mismas cualidades convierten al municipio en un espacio permanentemente disputado por el extractivismo urbano. En ese escenario conviven, por un lado, políticas locales vinculadas al reciclado, la gestión de residuos, el cuidado del arbolado y la educación ambiental; y, por otro, la presión de sectores inmobiliarios interesados en expandir negocios privados mediante la apropiación y mercantilización del suelo.

Según sostienen desde el espacio socioambiental, esta contradicción se expresa en la promoción institucional de discursos sobre “sustentabilidad” o “desarrollo sostenible” mientras avanzan emprendimientos inmobiliarios sobre barrios históricamente caracterizados por su impronta natural, como Los Cardales, Villa Ángela, Villa Udaondo, Villa Ariza, Villa Alberdi, Parque Leloir, El Jagüel y Barrio Nuevo. Para quienes integran la Asamblea, estos territorios conforman una estructura ecológica fundamental para la reproducción de la vida humana, animal y vegetal en la región.

Entre las principales preocupaciones aparecen la contaminación de la cuenca del Río Reconquista, el entubamiento y deterioro del humedal Arroyo Soto, y el crecimiento sostenido de desarrollos inmobiliarios sobre la avenida Martín Fierro, especialmente en Parque Leloir y Villa Udaondo. Desde la Asamblea consideran que estas transformaciones responden a un modelo de desarrollo orientado a favorecer la rentabilidad privada antes que las necesidades colectivas y ambientales de la población.

Frente a este escenario, el nuevo espacio busca construir estrategias comunitarias “verdaderamente democráticas y sustentables”, centradas en la defensa de los entornos naturales y en la revalorización de los espacios cotidianos donde se desarrolla la vida. La propuesta apunta a fortalecer redes territoriales vinculadas con la agroecología, los saberes ancestrales, la ética del cuidado y la participación comunitaria en las decisiones sobre el territorio.

“Las disputas ambientales son también disputas culturales, políticas y civilizatorias respecto de cómo queremos vivir y reproducir la vida en común”, expresaron integrantes de la Asamblea, que además remarcan su carácter autónomo y asambleario, diferenciado de estructuras político-partidarias tradicionales.

El surgimiento de este espacio también se encuentra estrechamente ligado al conflicto generado por el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Muchxs de quienes hoy participan de la Asamblea formaban parte previamente de iniciativas agroecológicas impulsadas desde ese organismo, como capacitaciones, huertas comunitarias, entrega de semillas y ecoferias.

La Estación Experimental AMBA había desarrollado durante años tareas de investigación en agricultura urbana y periurbana, extensión rural, formación técnica y articulación con organizaciones sociales y municipios. A través del histórico programa ProHuerta, se promovían experiencias vinculadas con la soberanía alimentaria, la agricultura familiar y la producción agroecológica.

De acuerdo con lo señalado por quienes integran el nuevo espacio socioambiental, el cierre de la dependencia —concretado entre febrero y marzo de 2026 luego de meses de conflicto— implicó la desarticulación de proyectos comunitarios construidos durante años. A pesar de las campañas públicas, los abrazos simbólicos y los intentos judiciales para frenar el proceso, se avanzó con el cierre de oficinas territoriales y agencias de extensión.

La medida afectó especialmente a productorxs, cooperativas y experiencias de economía social que dependían del acompañamiento técnico y comunitario del organismo para sostener producciones agroecológicas destinadas tanto al autoconsumo como a la comercialización directa. También implicó, según denuncian, la pérdida de redes comunitarias y espacios de formación colectiva.

A su vez, desde la Asamblea advierten sobre la creciente especulación inmobiliaria en torno a las tierras vinculadas al INTA y a otros sectores de alto valor ambiental del distrito. La preocupación central radica en la posibilidad de que esos espacios sean destinados a nuevos desarrollos privados que profundicen la urbanización acelerada, la deforestación y el deterioro del humedal Arroyo Soto.

En ese contexto, la Asamblea Socioambiental sostiene que su objetivo es “tejer aquello que intentan destejer”: reconstruir vínculos comunitarios, fortalecer redes territoriales y defender espacios construidos colectivamente durante años. “Las poblaciones cada vez nos vamos menos al mazo frente al saqueo de nuestros territorios y ecosistemas”, señalaron desde el espacio.

Finalmente, la organización planteó la necesidad de impulsar políticas públicas que garanticen infraestructura, salud, educación y transporte de calidad, pero también estrategias reales de protección ambiental que no descarguen la responsabilidad de la crisis ecológica sobre las poblaciones. “No queremos proyectos que profundicen la concentración de beneficios en manos de unos pocos a costa de degradar el territorio y las condiciones de vida de las mayorías”, expresaron.

La convocatoria concluye con un agradecimiento a asociaciones civiles, espacios comunitarios, trabajadorxs del INTA, productorxs, educadorxs y vecinxs que comenzaron a sumarse a esta construcción colectiva “desde abajo”, con el objetivo de defender a Ituzaingó, definido por sus habitantes como la “Córdoba chica” y el “pulmón del oeste”.