MODIFICAR LA LEY DE GLACIARES: RIESGOS AMBIENTALES Y COMPARACIONES INTERNACIONALES

Organizaciones ambientalistas y científicos advierten que la reforma podría poner en peligro recursos hídricos estratégicos, debilitar uno de los regímenes de protección más avanzados y abrir la puerta a impactos irreversibles, en un contexto donde los glaciares ya se están deteriorando por el cambio climático.

El proyecto enviado al Senado para modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial ha encendido una fuerte polémica entre ambientalistas, científicos y sectores sociales, que advierten sobre los peligros ambientales y sociales de debilitar una de las normas más emblemáticas de protección ambiental en Argentina.

La actual Ley de Glaciares, sancionada en 2010 tras un amplio debate social y parlamentario, protege a los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce, reguladoras de caudales y fuentes de biodiversidad y turismo, prohibiendo actividades con alto impacto ambiental como la exploración y explotación minera, la liberación de contaminantes y la instalación de industrias en esas zonas.

Especialistas y organizaciones como Greenpeace y más de 25 entidades ambientales han expresado su rechazo al proyecto y señalan que la modificación buscaría reducir los criterios de protección actual, permitiendo actividades extractivas en áreas hoy vedadas, lo que “abriría las puertas a la contaminación, destrucción y desaparición de ecosistemas únicos” y pondría en riesgo las fuentes de agua dulce de amplias regiones del país, especialmente en zonas áridas donde los glaciares son esenciales para el abastecimiento hídrico.

Un especialista citado en medios advirtió que la presencia de emprendimientos mineros en ambientes periglaciares “va a producir toxicidad en los recursos hídricos” y que esa contaminación “no hay forma de revertirla”, explicando además que los particulados generados por actividades extractivas pueden acelerar el derretimiento de hielo al bajar el albedo superficial.

Organizaciones ambientalistas también han denunciado que, con los criterios planteados para reducir áreas protegidas, miles de glaciares pequeños quedarían fuera de resguardo jurídico, lo cual tiene implicancias directas para la regulación de recursos hídricos en cuencas enteras.

Estas advertencias se producen en un momento en el que los glaciares están retrocediendo aceleradamente a nivel nacional y mundial como consecuencia del cambio climático. En Argentina, el emblemático glaciar Perito Moreno, que se creía estable, ha mostrado un retroceso de cerca de 2.000 m en los últimos siete años, con una pérdida acelerada de masa de hielo, lo que subraya la fragilidad del recurso que la ley busca proteger.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha alertado que los glaciares del planeta pierden el equivalente a tres piscinas olímpicas de hielo por segundo, con impactos ambientales, ecológicos y sociales en cascada, desde la elevación del nivel del mar hasta la disminución de caudales de agua dulce.

A diferencia de Argentina, que es uno de los pocos países con una ley específica de protección de glaciares, muchos estados carecen de marcos legales tan robustos. Un estudio de derecho comparado señala que Argentina es casi único en el mundo con una normativa federal explícita sobre protección de glaciares, mientras que otros países han debatido iniciativas similares sin llegar a sancionarlas.

En el caso de Chile, por ejemplo, ha existido prolongado debate legislativo sobre una ley de glaciares, pero a la fecha no se ha consolidado una protección tan amplia como la argentina, pese a la presión de grupos ambientales ante los impactos de la minería en zonas de hielo y permafrost andino.

Otra dimensión internacional se observa en litigios vinculados a los efectos del derretimiento glaciar debido al cambio climático. En el caso Lliuya v RWE AG en Alemania-Perú, un agricultor peruano buscó responsabilizar a una empresa por daños relacionados con el retroceso de glaciares, reflejando preocupaciones globales por cómo las acciones humanas afectan estos ecosistemas críticos.

La discusión sobre modificar la Ley de Glaciares no es solo técnica o jurídica: toca la preservación de recursos hídricos estratégicos, el equilibrio ecológico de las zonas montañosas, la regulación de actividades económicas de alto impacto y la soberanía ambiental frente a presiones extractivas. En un contexto donde los glaciares ya están amenazados por el calentamiento global, debilitar las barreras de protección podría acelerar procesos de degradación con consecuencias ambientales, sociales y económicas a largo plazo.