MASACRE EN RÍO DE JANEIRO: LULA CONVOCA UNA REUNIÓN DE URGENCIA TRAS LA OPERACIÓN POLICIAL MÁS LETAL DE LA HISTORIA
29 octubre, 2025El presidente de Brasil reunió a su gabinete de seguridad luego de una operación contra el Comando Vermelho que dejó al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro. Evalúan aplicar la figura de Garantía de la Ley y el Orden (GLO) para desplegar a las Fuerzas Armadas.
Azul Spalletta/ El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó una reunión de urgencia con el gabinete de seguridad, el Ministerio de Justicia y la dirección de la Polícia Federal para definir los próximos pasos tras la operación policial más letal registrada en la ciudad de Río de Janeiro.
La jornada había quedado marcada por el devastador saldo: al menos 64 muertos y 81 detenidos, como resultado de una operación policial de gran escala contra el grupo criminal Comando Vermelho en varios complejos de favelas de la capital carioca. El gobernador del estado, Cláudio Castro, calificó la intervención como “la mayor” en su tipo contra el narcoterrorismo.
Las imágenes que emergen son de desolación: playas vacías, clases suspendidas, negocios cerrados, favelas cuya actividad cotidiana fue frenada por la magnitud del operativo.
La operación se desplegó en los densamente poblados complejos del Norte de Río, incluidos el Complexo do Alemão y el Complexo da Penha, zonas donde el Comando Vermelho tenía presencia consolidada. Participaron más de 2.500 agentes de seguridad, con el objetivo de ejecutar unas 100 órdenes de detención.
El enfrentamiento escaló rápidamente: barricadas en las calles, incendios, uso de drones por parte del crimen organizado para hostigar a la policía, según reportes de especialistas.
Ante la magnitud de la crisis, Lula decidió poner en marcha una estrategia de alto perfil. El plan que se discute comprende la activación de una medida llamada GLO (Garantía de la Ley y el Orden), que permitiría desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía civil y federal, aunque esta figura está regulada de modo muy estricto por la Constitución brasileña.
En la reunión convocada participan, además del ministro de Justicia, Jorge Messias, y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. El Gobierno federal “evaluará la asistencia que se ofrecerá a la ciudad” y “garantizará la seguridad” de manera inmediata.
Escalada de violencia: que 64 personas pierdan la vida en un solo día de operación policial muestra el alarmante grado de enfrentamiento que existe entre el Estado brasileño y el crimen organizado en Río.
Desafío sobre los derechos humanos: Organismos de derechos humanos ya advierten que el empleo de fuerzas militares en tareas de seguridad ocupacional plantea riesgos sobre el uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales.
El cierre de escuelas, el vaciamiento de playas y negocios (hasta hace poco bulliciosos) muestran lo que el periodista llamó “un estado de guerra urbana”.
Desde hace años, el combate al narcotráfico y a la violencia urbana es un tema central en la política brasileña. La operación puede marcar un punto de inflexión para la gestión de Lula, de cara a su reelección.
La posibilidad de activar la GLO y desplegar efectivos militares plantea una cuestión clave: ¿será este un método de contención o un paso hacia la militarización permanente de la seguridad interior? El antecedente de la G20 en Río (donde ~9.000 militares fueron desplegados) da una pista de la magnitud que podrían alcanzar estas acciones.
El Gobierno federal dará a conocer en las próximas horas un plan concreto para asistencia y restablecimiento del orden en la ciudad.
Las fuerzas de seguridad también buscan desarticular las células del Comando Vermelho en estados vecinos, ante amenazas explícitas que se extienden a regiones como Ceará, Bahía y Espírito Santo.
Organismos de derechos humanos y la sociedad civil exigirán rendición de cuentas: quiénes murieron, por qué, y cuál será la política sustentable de la ciudad contra la violencia estructural.
Lo ocurrido en Río de Janeiro no es solo un episodio más de violencia urbana: representa un punto de quiebre en la estrategia brasileña de seguridad. Para Lula y su gabinete, la hora del “más de lo mismo” parece haber terminado: o se actúa con contundencia (y asumen los costos políticos y sociales), o el control de amplias zonas de la ciudad seguirá en manos del crimen. Para los sectores populares de las favelas, el desafío es doble: sobrevivir al fuego cruzado y no ser borrados del mapa en el nombre de la “guerra al narcotráfico”.
