MÁS DE 1.100 FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE MILEI ACCEDIERON A CRÉDITOS HIPOTECARIOS DEL BANCO NACIÓN Y CRECE LA POLÉMICA
1 junio, 2026Datos oficiales revelaron que entre enero de 2024 y marzo de 2026 el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP), una cifra que reavivó las denuncias por presuntos privilegios para funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo. Mientras el Gobierno sostiene que no existió ninguna irregularidad, la Justicia ya investiga las condiciones en las que se aprobaron los préstamos.
La controversia en torno a los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios nacionales volvió a ocupar el centro de la escena política luego de conocerse nuevos datos oficiales que muestran el alcance de la operatoria durante la gestión de Javier Milei.
Según información obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública y difundida por distintos medios, entre enero de 2024 y marzo de 2026 la entidad financiera estatal aprobó un total de 25.391 créditos hipotecarios. De ese universo, 1.120 fueron destinados a Personas Expuestas Políticamente (PEP), una categoría que incluye a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de otros cargos alcanzados por controles especiales de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La cifra representa aproximadamente el 4,4% del total de préstamos concedidos durante ese período, es decir, uno de cada 23 créditos otorgados por el Banco Nación.
UNA POLÉMICA QUE COMENZÓ CON CRÉDITOS MILLONARIOS
El tema comenzó a escalar a principios de 2026 cuando trascendió que varios funcionarios del equipo económico libertario habían accedido a préstamos hipotecarios por montos equivalentes a cientos de miles de dólares.
Entre los nombres que aparecieron en los registros figuran el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el asesor económico y director del BICE, Felipe Núñez; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; además de otros funcionarios, directivos de organismos públicos y legisladores vinculados a La Libertad Avanza.
Las cifras llamaron particularmente la atención por el volumen de los préstamos y por las condiciones financieras obtenidas en un contexto de fuerte ajuste económico, caída del consumo y dificultades de acceso al crédito para gran parte de la población.
De acuerdo con las denuncias realizadas por sectores opositores, algunos créditos habrían alcanzado montos cercanos a los 500 millones de pesos, con plazos extensos y tasas consideradas favorables en comparación con otras opciones disponibles en el mercado financiero argentino.
EL GOBIERNO NIEGA CUALQUIER PRIVILEGIO
Desde el oficialismo rechazaron las acusaciones y aseguraron que todos los funcionarios beneficiados accedieron a los préstamos bajo las mismas condiciones que cualquier ciudadano que cumpliera con los requisitos exigidos por la entidad bancaria.
El ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los principales defensores de la operatoria. En distintas declaraciones públicas afirmó que “no hay nada ilegal ni inmoral” en que funcionarios soliciten créditos hipotecarios y sostuvo que los préstamos fueron otorgados respetando los criterios habituales del banco.
En la misma línea se expresaron Federico Furiase y Felipe Núñez, quienes argumentaron que realizaron los trámites como cualquier cliente y negaron haber recibido beneficios especiales o trato preferencial.
Por su parte, el Banco Nación emitió comunicados institucionales defendiendo la transparencia del programa “+ Hogares con BNA”, remarcando que la línea hipotecaria se basa en reglas objetivas, procesos estandarizados y criterios técnicos aplicados a todos los solicitantes.
LAS MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS QUE DESPERTARON SOSPECHAS
Uno de los aspectos que más cuestionamientos generó fue la modificación realizada por el Banco Nación durante septiembre de 2024.
Según trascendió, la entidad incorporó expresamente a cargos políticos designados y electivos dentro de los potenciales beneficiarios de determinadas líneas crediticias, situación que derivó en presentaciones judiciales y pedidos de informes en el Congreso.
Además, distintas investigaciones periodísticas señalaron que se habrían eliminado restricciones que originalmente establecían que los préstamos debían destinarse exclusivamente a la primera vivienda, ampliando las posibilidades de acceso para funcionarios y dirigentes políticos.
La principal crítica de la oposición apunta a una aparente contradicción política: mientras el Gobierno impulsa un discurso de reducción del Estado, privatizaciones y ajuste del gasto público, numerosos integrantes de la administración accedieron a beneficios otorgados por uno de los principales bancos estatales del país.
LA JUSTICIA YA INVESTIGA EL CASO
El escándalo derivó rápidamente en una serie de denuncias penales que comenzaron a tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py.
Durante abril, distintos jueces dieron curso a investigaciones para determinar si existieron irregularidades en la aprobación de los créditos y si algunos funcionarios obtuvieron ventajas indebidas gracias a su posición dentro del Estado.
Como parte de esas actuaciones, la Justicia ordenó auditorías y requirió documentación vinculada con los criterios utilizados por el Banco Nación para aprobar los préstamos cuestionados.
Las denuncias apuntan a determinar posibles delitos vinculados con abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público o eventuales beneficios incompatibles con la función estatal.
UN CASO QUE TUVO CONSECUENCIAS POLÍTICAS
La polémica también generó repercusiones dentro del propio Gobierno.
Uno de los episodios más resonantes ocurrió cuando Leandro Massaccesi, entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, fue desplazado de su cargo tras conocerse que figuraba entre los beneficiarios de los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación.
Aunque desde la administración nacional negaron que la salida estuviera relacionada directamente con el escándalo, el caso profundizó las sospechas y aumentó la presión política sobre el Ejecutivo.
EL DEBATE SOBRE EL ROL DEL ESTADO
La discusión alrededor de los créditos hipotecarios excede el aspecto judicial y se instaló también como un debate político e ideológico.
Mientras el Gobierno sostiene que cualquier funcionario tiene derecho a acceder a una línea crediticia si cumple con los requisitos establecidos, sectores opositores cuestionan la legitimidad política de esos beneficios en medio de un contexto marcado por el ajuste fiscal, la reducción del gasto público, los despidos estatales y la pérdida de poder adquisitivo de amplios sectores sociales.
La controversia aparece además en momentos en que la administración libertaria impulsa reformas estructurales sobre organismos públicos, empresas estatales y distintos programas sociales, bajo el argumento de reducir el tamaño del Estado y equilibrar las cuentas públicas.
Por eso, para gran parte de la oposición, el caso de los créditos del Banco Nación se transformó en un símbolo de las contradicciones que atraviesan al discurso oficial. Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo documentación y testimonios para determinar si detrás de las operaciones existió simplemente una utilización legal de herramientas crediticias o si hubo algún tipo de privilegio incompatible con la función pública.
