LA UBA ORGANIZA CLASES ABIERTAS Y UNA NUEVA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA EN MEDIO DEL CONFLICTO CON EL GOBIERNO

La Universidad de Buenos Aires confirmó una jornada nacional de clases públicas y actividades de visibilización para el próximo 11 de mayo, en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada por docentes, estudiantes, no docentes y rectores de todo el país. La medida surge en medio del fuerte conflicto presupuestario con el gobierno de Javier Milei, que ya provocó paros, movilizaciones masivas y advertencias sobre el funcionamiento de hospitales universitarios y facultades.

La comunidad universitaria argentina volverá a salir a las calles. La Universidad de Buenos Aires (UBA), junto a federaciones estudiantiles, sindicatos docentes, centros de estudiantes y autoridades académicas de distintas casas de estudio, anunció la realización de clases abiertas y una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 11 de mayo.

La convocatoria se produce en un contexto de creciente tensión entre el sistema universitario público y el gobierno nacional, luego de meses de reclamos por presupuesto, salarios docentes, financiamiento científico y funcionamiento de hospitales universitarios.

Las actividades incluirán clases públicas en plazas, parques y espacios abiertos, además de charlas, debates y movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal se realizará frente al Congreso de la Nación y culminará con un acto central en Plaza de Mayo.

Desde la UBA explicaron que el objetivo es “visibilizar la situación crítica que atraviesan las universidades nacionales” y alertar sobre las consecuencias del ajuste presupuestario impulsado por el Ejecutivo nacional.

“Las universidades públicas no pueden sostenerse con presupuestos reconducidos y salarios pulverizados por la inflación”, señalaron desde distintos sectores académicos que participan de la organización de la protesta.

La medida llega después de semanas de fuerte conflicto entre las universidades y el gobierno de Javier Milei. Durante 2025 y los primeros meses de 2026, rectores, decanos y gremios universitarios denunciaron una caída abrupta del financiamiento estatal, retrasos en partidas operativas y una pérdida salarial histórica para docentes y trabajadores no docentes.

Uno de los puntos más delicados del conflicto es la situación de los hospitales universitarios, especialmente el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la UBA, que atiende a miles de pacientes diariamente.

Días atrás, autoridades de la universidad denunciaron que el Gobierno nacional no transfirió fondos suficientes para garantizar el normal funcionamiento del sistema hospitalario universitario, lo que provocó nuevas críticas hacia la administración libertaria.

En ese marco, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, había advertido que la universidad atraviesa “uno de los momentos más complejos de su historia reciente” debido al deterioro presupuestario y a la imposibilidad de proyectar inversiones, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica.

El conflicto universitario se convirtió además en uno de los principales focos de resistencia social contra las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional.

La primera Marcha Federal Universitaria, realizada en abril de 2024, reunió a cientos de miles de personas en todo el país y significó una de las movilizaciones más masivas desde la asunción de Javier Milei.

Aquella protesta logró unir a estudiantes, docentes, investigadores, sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos diversos bajo una misma consigna: la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad.

Sin embargo, pese al impacto político de aquella movilización, el conflicto nunca terminó de resolverse.

Durante los meses posteriores, el Gobierno mantuvo fuertes cuestionamientos al sistema universitario público. Javier Milei y distintos funcionarios nacionales denunciaron supuestos “privilegios”, “gastos innecesarios” y falta de auditorías en las universidades.

El propio Presidente calificó en reiteradas oportunidades a sectores universitarios como parte de una “casta” sostenida con recursos estatales, mientras desde el oficialismo insistieron con la necesidad de revisar presupuestos y mecanismos de financiamiento.

Las declaraciones provocaron un endurecimiento del conflicto y una creciente preocupación dentro del ámbito académico.

En paralelo, los gremios docentes denuncian que los salarios perdieron gran parte de su poder adquisitivo frente a la inflación acumulada durante el último año.

Según estimaciones sindicales, muchos trabajadores universitarios quedaron por debajo de la línea de pobreza, especialmente docentes con dedicaciones simples y auxiliares de cátedra.

“La universidad pública está funcionando por el enorme esfuerzo de trabajadores que sostienen el sistema prácticamente con salarios de emergencia”, advirtieron desde CONADU y FEDUN.

A eso se suma la crisis en el sistema científico nacional. Investigadores del CONICET y universidades nacionales vienen denunciando recortes en becas, paralización de proyectos y reducción de fondos destinados a investigación y desarrollo.

Para muchos especialistas, el deterioro universitario no solo afecta a estudiantes y docentes, sino también al sistema sanitario, científico y tecnológico argentino.

La UBA, por ejemplo, no solo es la universidad más grande del país, sino también una de las instituciones académicas más reconocidas de América Latina. Cuenta con más de 300 mil estudiantes, hospitales propios, centros de investigación y una extensa red de actividades científicas y sociales.

En rankings internacionales recientes, incluso en medio de la crisis económica argentina, la universidad continuó posicionándose entre las mejores de la región.

Por eso, desde distintos sectores consideran que el conflicto universitario excede una discusión presupuestaria y se transformó en un debate de fondo sobre el rol del Estado y el modelo educativo.

En las últimas horas, dirigentes estudiantiles confirmaron que la jornada del 11 de mayo buscará recuperar el espíritu de las históricas movilizaciones universitarias argentinas, apelando no solo a la protesta sino también a la participación abierta de la sociedad.

Las clases públicas estarán orientadas a mostrar el trabajo cotidiano que realizan docentes e investigadores y a explicar cómo impactan los recortes en laboratorios, hospitales, carreras y proyectos académicos.

También participarán estudiantes secundarios, sindicatos, agrupaciones científicas y organizaciones sociales.

En varias universidades nacionales ya comenzaron asambleas y reuniones para coordinar actividades locales, mientras se espera una importante movilización federal en provincias como Córdoba, La Plata, Rosario, Mendoza, Tucumán y Mar del Plata.

El conflicto universitario, además, se cruza con un contexto económico extremadamente delicado para millones de familias argentinas.

La caída del consumo, el aumento de tarifas, el deterioro salarial y la recesión profundizaron la preocupación en sectores medios que históricamente encontraron en la universidad pública una herramienta de movilidad social ascendente.

Por eso, distintos referentes académicos sostienen que el debate actual también pone en discusión el acceso a la educación superior y el futuro de las nuevas generaciones.

“Defender la universidad pública no es solamente defender edificios o presupuestos: es defender el derecho de millones de jóvenes a estudiar y construir un futuro mejor”, remarcaron desde la organización de la marcha.

Mientras tanto, desde el Gobierno nacional continúan defendiendo la política de ajuste fiscal y sostienen que las universidades deben avanzar en mecanismos de auditoría y eficiencia presupuestaria.

El enfrentamiento, lejos de apaciguarse, parece ingresar en una nueva etapa.

Con clases abiertas, movilizaciones y una nueva Marcha Federal Universitaria en preparación, el conflicto entre el sistema universitario argentino y la administración de Javier Milei vuelve a ocupar el centro de la escena política y social del país.