LA ONU DENUNCIA REPRESIÓN Y TORTURAS EN ARGENTINA: LLAMADO URGENTE AL ESTADO
30 noviembre, 2025El Comité contra la Tortura advierte que la situación en cárceles y comisarías es “grave”; reclama el respeto al derecho a protestar y urge a reformar normas represivas.
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) dio a conocer sus Observaciones Finales tras revisar el séptimo informe periódico de la Argentina, aprobadas en el 83° período de sesiones en Ginebra. En ese marco, alertó sobre una “situación grave” en el país marcada por detenciones arbitrarias, torturas y represión sistemática de protestas sociales.
El documento, que recoge también aportes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y de mecanismos locales, cuestiona duramente el uso de comisarías como lugares de detención prolongada, pese a no estar preparados para ello. Exige que el Estado cese esa práctica, garantice condiciones dignas, y adopte mecanismos que respeten estándares internacionales en materia de privación de libertad.
Pero no se trata solo de las condiciones de encierro: el CAT apunta también a la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones. Cuestiona la normatividad vigente, como la polémica norma conocida como “Protocolo Antipiquetes”, y su aplicación desproporcionada mediante armas menos letales, gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. En su informe, hace hincapié en la falta de transparencia de las investigaciones de denuncias por abuso policial, detenciones arbitrarias y agresiones graves ocurridas en protestas, incluidas en ciudades como la Capital Federal y en provincias como Jujuy.
En particular, el Comité señala que no se brindan datos confiables sobre cuántas causas judiciales se abrieron, cuántas terminaron en procesamiento o condena, ni cuántas reparaciones se otorgaron. Recomienda que tanto en el ámbito nacional como provincial, los poderes del Estado adopten las observaciones como “hoja de ruta” para garantizar la dignidad humana, especialmente en contextos de encierro y protesta social.
El alerta internacional coincide con denuncias locales: organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que en 2025 aumentó la represión policial, que hubo un alza en detenciones arbitrarias y cientos de heridos en manifestaciones. Entre ellos, se reportan casos graves como lesiones oculares, impacto de gases y disparos de armas no letales contra manifestantes y trabajadores de prensa.
Este pronunciamiento de la ONU vuelve a poner en primer plano el conflicto entre el derecho a la protesta social y la respuesta estatal: exige que Argentina revise sus prácticas, respete los estándares internacionales y garantice el derecho a manifestarse sin miedo a la violencia institucional.
