LA CORTE SUPREMA DISPUSO QUE LA DENUNCIA CONTRA PATRICIA BULLRICH POR REPRESIÓN SEA INVESTIGADA POR LA JUSTICIA FEDERAL
6 marzo, 2026La decisión del máximo tribunal resolvió un conflicto de competencia y confirmó que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi deberá avanzar en la investigación por presuntos apremios ilegales y abuso de autoridad durante un operativo policial en una protesta frente al Congreso.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la denuncia presentada contra la exministra de Seguridad y actual dirigente de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por la represión en una protesta en las inmediaciones del Congreso sea investigada por la Justicia federal. De esta manera, el máximo tribunal determinó que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi continúe al frente de la causa.
La decisión se tomó para resolver un conflicto de competencia entre el juzgado federal y un tribunal de la justicia nacional en lo criminal y correccional. Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron con el dictamen de la Procuración General y definieron que el expediente permanezca en el ámbito federal.
La causa investiga presuntos delitos de abuso de autoridad y apremios ilegales vinculados a un operativo de seguridad realizado durante una protesta social en las inmediaciones del Congreso, en la que intervinieron fuerzas federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
La denuncia y los hechos investigados
El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por el exsecretario de Derechos Humanos y diputado Horacio Pietragalla, quien apuntó contra Bullrich por el operativo desplegado el 4 de septiembre de 2024 durante una movilización contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Según la presentación judicial, durante el procedimiento policial “se ejerció violencia contra un grupo de manifestantes”. La protesta derivó en enfrentamientos y dejó alrededor de 30 personas heridas, entre ellas ocho trabajadores de prensa, mientras las fuerzas de seguridad aplicaban el denominado protocolo antipiquetes para despejar las calles.
Durante esa jornada, Bullrich siguió el desarrollo del operativo desde el centro de monitoreo del Ministerio de Seguridad. La investigación busca determinar si hubo responsabilidades penales en el accionar de las fuerzas federales y en las órdenes impartidas desde la conducción política del operativo.
El conflicto judicial que llegó a la Corte
Inicialmente, el juez Martínez De Giorgi había planteado que el caso podía estar vinculado con otra causa relacionada con la validez de la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, que establece el protocolo de actuación ante cortes de calles y rutas. Por ese motivo, había intentado derivar el expediente a la justicia ordinaria.
Sin embargo, el juez del fuero nacional rechazó esa postura al considerar que el objeto del proceso era diferente: no se trataba de discutir la legalidad del protocolo, sino de investigar posibles delitos cometidos durante un operativo concreto.
Ante esa disputa de competencias, la cuestión llegó a la Corte Suprema, que finalmente resolvió que el caso debe seguir tramitándose en la justicia federal.
Una investigación que recién comienza
Con el fallo del máximo tribunal, el juez Martínez De Giorgi quedó ratificado como responsable de la causa y deberá avanzar en la recolección de pruebas para determinar si existieron abusos en el operativo policial y si corresponde atribuir responsabilidades penales a la exministra de Seguridad.
La decisión de la Corte no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad de Bullrich, pero sí marca el camino procesal que seguirá la investigación. A partir de ahora, la justicia federal deberá analizar las pruebas, reconstruir lo ocurrido durante la protesta y establecer si el accionar de las fuerzas de seguridad y de sus autoridades se ajustó a la ley.
