LA CORTE PUSO UN LÍMITE A LOS DNU: EL EJECUTIVO NO PUEDE REEMPLAZAR AL CONGRESO

La Corte Suprema volvió a remarcar que los decretos de necesidad y urgencia son una herramienta excepcional y que el Poder Ejecutivo no puede utilizarlos como mecanismo habitual para modificar leyes. El criterio se apoya en una línea de jurisprudencia que exige una situación de urgencia concreta que haga incompatible recurrir al trámite legislativo ordinario.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a poner el foco sobre los límites constitucionales que tiene el Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta que permite al Presidente adoptar disposiciones de carácter legislativo únicamente bajo circunstancias excepcionales.

El criterio adquiere especial relevancia durante el gobierno de Javier Milei, que desde el comienzo de su gestión recurrió en numerosas oportunidades a esta herramienta para avanzar con reformas y modificaciones normativas.

La Constitución Nacional establece, en su artículo 99, inciso 3, que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo cuando existan circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes. Además, los DNU no pueden regular materias penal, tributaria, electoral ni el régimen de los partidos políticos.

El principio constitucional, por lo tanto, establece una regla y una excepción: la potestad de legislar corresponde al Congreso y el uso de los DNU debe quedar reservado para situaciones extraordinarias.

QUÉ DIJO LA CORTE SOBRE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA

La doctrina de la Corte Suprema sobre los DNU no comenzó con el actual Gobierno. El máximo tribunal construyó durante décadas una serie de precedentes que delimitan las circunstancias en las que el Ejecutivo puede recurrir a esta herramienta.

Uno de los fallos centrales es “Verocchi”, de 1999. Allí la Corte sostuvo que las circunstancias excepcionales pueden configurarse, entre otros supuestos, cuando resulta imposible seguir el procedimiento legislativo ordinario o cuando la situación requiere una respuesta inmediata, incompatible con los tiempos que demanda la sanción de una ley. Ese criterio fue posteriormente retomado en distintos pronunciamientos.

La jurisprudencia también avanzó sobre otro punto fundamental: la excepcionalidad no puede convertirse en una vía alternativa para que el Poder Ejecutivo legisle de manera permanente.

En el caso “Consumidores Argentinos”, la Corte cuestionó que mediante un DNU se introdujeran modificaciones permanentes a una ley del Congreso. El criterio fue que una medida excepcional debe estar vinculada con una situación coyuntural y extraordinaria, y no utilizarse simplemente para evitar el debate parlamentario.

El mismo razonamiento aparece en otros precedentes del máximo tribunal, entre ellos “Pino, Seberino” y “Morales, Blanca”, en los que volvió a analizarse el alcance de las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo.

EL CONGRESO ES EL ÁMBITO NATURAL PARA LEGISLAR

La discusión de fondo gira alrededor de la división de poderes establecida por la Constitución.

El Congreso tiene la función de debatir, modificar y sancionar las leyes. El Poder Ejecutivo, en cambio, tiene la responsabilidad de administrar y ejecutar esas normas. Los DNU constituyen una excepción a esa distribución de funciones.

Por eso, la utilización de esta herramienta exige una justificación particularmente estricta.

La propia normativa oficial recuerda que el artículo 99, inciso 3, establece que el Ejecutivo no puede dictar disposiciones legislativas “en ningún caso”, salvo que existan las circunstancias excepcionales previstas por la Constitución.

Esto implica que la existencia de una urgencia política o la conveniencia de avanzar rápidamente con una determinada reforma no alcanza por sí sola para justificar un DNU.

La cuestión central es determinar si realmente existe una situación que no pueda esperar el tratamiento legislativo ordinario.

LOS ANTECEDENTES QUE MARCARON EL CAMINO

La Corte Suprema fue estableciendo progresivamente límites a esta herramienta.

En “Verocchi”, el tribunal estableció que la urgencia debe ser de tal magnitud que la solución legislativa no pueda esperar el trámite normal de una ley.

En “Consumidores Argentinos”, profundizó esa interpretación y descartó que los DNU puedan utilizarse para introducir modificaciones permanentes a las leyes del Congreso bajo el argumento genérico de una situación excepcional.

Más adelante, en “Pino, Seberino”, la Corte volvió a señalar que no alcanza con invocar una situación de emergencia: debe demostrarse que existe una necesidad concreta de adoptar medidas inmediatas y que el trámite parlamentario resulta incompatible con esa urgencia.

La jurisprudencia también reconoce que los DNU cuentan con un mecanismo de control posterior del Poder Legislativo, a través del procedimiento establecido por la Ley 26.122.

EL CONTROL DEL CONGRESO

Los decretos de necesidad y urgencia no quedan fuera del control parlamentario.

La Comisión Bicameral Permanente tiene intervención en el análisis de estas medidas y debe elevar sus dictámenes a las cámaras del Congreso para su tratamiento.

La Ley 26.122 establece el procedimiento mediante el cual Diputados y el Senado deben pronunciarse respecto de la validez de los decretos.

Sin embargo, la existencia de ese control posterior no significa que el Ejecutivo tenga vía libre para legislar mediante decretos.

La jurisprudencia de la Corte deja en claro que la intervención posterior del Congreso forma parte del sistema de control, pero no elimina la exigencia constitucional de que exista una situación verdaderamente excepcional antes de dictar el DNU.

LOS DNU Y EL GOBIERNO DE MILEI

La discusión tiene una dimensión política particular durante la administración de Javier Milei.

Desde diciembre de 2023, el Gobierno utilizó decretos de necesidad y urgencia para impulsar distintas medidas de alto impacto. El caso más conocido fue el DNU 70/2023, que declaró la emergencia y modificó una extensa cantidad de normas.

Ese decreto generó una fuerte controversia política y judicial y puso nuevamente en el centro del debate el alcance de las facultades presidenciales.

Con el correr de la gestión, distintos tribunales también analizaron otros DNU. En junio de 2026, por ejemplo, la Cámara Civil y Comercial Federal declaró inválidos artículos del DNU 366/2025 vinculados con el régimen de ciudadanía, al considerar que el Ejecutivo no había demostrado las circunstancias excepcionales necesarias para utilizar esa vía y que la medida afectaba funciones reservadas a otros poderes.

El antecedente muestra que el debate sobre los límites de los DNU continúa abierto en los tribunales, más allá de las discusiones políticas que generan las medidas.

UNA HERRAMIENTA EXCEPCIONAL, NO UN CAMINO ALTERNATIVO

El punto central de la doctrina judicial puede resumirse en una cuestión: el Presidente no puede convertir la excepción constitucional en una forma ordinaria de legislar.

La Constitución permite los DNU cuando existe una situación extraordinaria que requiere una respuesta inmediata. Pero cuando el Congreso puede reunirse, debatir y sancionar una ley mediante los mecanismos establecidos, la regla general vuelve a imponerse.

El propio Estado nacional ha citado esta jurisprudencia al fundamentar sus propios decretos. En el DNU 627/2025, por ejemplo, el Gobierno recordó expresamente los precedentes de la Corte y sostuvo que las circunstancias excepcionales deben implicar una urgencia incompatible con el trámite normal de las leyes.

La discusión, entonces, no pasa solamente por qué medida adopta el Ejecutivo, sino también por por qué decide hacerlo mediante un DNU y no a través del Congreso.

Ese criterio resulta especialmente relevante en un sistema republicano en el que la división de poderes constituye uno de los pilares institucionales.

EL LÍMITE CONSTITUCIONAL

La advertencia que surge de la jurisprudencia de la Corte es clara: los decretos de necesidad y urgencia no son una herramienta destinada a reemplazar al Congreso.

El Poder Ejecutivo puede utilizarlos cuando una situación excepcional y urgente lo exige, pero debe justificar por qué resulta imposible recurrir al procedimiento legislativo ordinario.

El Congreso conserva su función como órgano encargado de debatir y sancionar las leyes, mientras que la Justicia tiene la potestad de revisar si el Ejecutivo respetó los límites establecidos por la Constitución.

En definitiva, el debate sobre los DNU vuelve a colocar en primer plano una cuestión esencial del sistema republicano: la velocidad con la que un Gobierno quiere implementar una política no puede, por sí sola, convertir una decisión legislativa en una situación de necesidad y urgencia.