ESCÁNDALO EN LA ANDIS: DETECTARON SOBREPRECIOS DE HASTA 4239% EN LA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADORES Y PRÓTESIS
11 mayo, 2026Una auditoría del Ministerio de Salud reveló presuntas maniobras irregulares millonarias en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante 2025. La investigación judicial apunta contra exfuncionarios, empresarios y proveedores vinculados entre sí que habrían manipulado contrataciones públicas para beneficiar a un grupo selecto de empresas. Hay 49 personas bajo investigación y la Justicia analiza audios, chats y documentación interna.
Un nuevo escándalo sacude al Estado nacional. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de una investigación judicial luego de que una auditoría técnica detectara presuntos sobreprecios de hasta el 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas, prótesis e insumos médicos realizadas durante 2025.
El informe, elaborado por el Ministerio de Salud y revelado en las últimas horas, expone una trama de contrataciones irregulares, vínculos empresariales cruzados y posibles maniobras de corrupción que habrían provocado un perjuicio multimillonario para el Estado nacional.
Según la documentación analizada, las irregularidades alcanzan compras de productos ortopédicos y médicos esenciales destinados a personas con discapacidad y pacientes con necesidades complejas de salud.
El caso más impactante detectado por los auditores fue el de un andador cuyo valor pagado por el Estado superaba en un 4239% el precio de referencia del mercado.
También aparecieron sillas de ruedas adquiridas con diferencias cercanas al 2000%, además de prótesis e insumos médicos que, según los investigadores, fueron facturados con valores “técnicamente indefendibles”.
La auditoría sostiene que las compras no respondían a criterios razonables ni a condiciones normales de competencia y advierte sobre la existencia de un esquema coordinado para direccionar contrataciones.
“El análisis de la documentación revela desvíos de precios injustificables”, señala el informe oficial que ahora forma parte del expediente judicial.
La causa quedó bajo la órbita del fiscal federal Franco Picardi y del juez Ariel Lijo, quienes investigan si existió una asociación ilícita integrada por exdirectivos de la ANDIS, operadores externos y empresarios vinculados al rubro médico y ortopédico.
De acuerdo con la investigación, el mecanismo funcionaba mediante licitaciones y contrataciones presuntamente manipuladas a través del sistema digital estatal conocido como Siipfis.
La fiscalía sostiene que los involucrados habrían vulnerado los controles para elegir de antemano qué empresas ganarían las adjudicaciones.
Los investigadores aseguran además que existía un grupo organizado que coordinaba las maniobras mediante chats privados de WhatsApp.
Uno de los grupos mencionados en el expediente fue bautizado como “grupo museo”, donde presuntamente se definían proveedores, cotizaciones y estrategias para garantizar negocios millonarios.
La auditoría también detectó relaciones societarias y familiares entre varias de las empresas beneficiadas.
Entre las firmas bajo sospecha aparecen Artrobone, Bymax Medical e Imnova, compañías que habrían facturado productos con valores extraordinariamente superiores a los precios habituales del mercado.
En uno de los casos investigados, una silla de ruedas fue facturada por cerca de 19 millones de pesos cuando el valor de referencia rondaba apenas 1,2 millones.
La diferencia encendió todas las alarmas dentro del Ministerio de Salud y derivó en la apertura de nuevas líneas de investigación.
Pero las irregularidades no se limitan únicamente a productos ortopédicos.
El expediente también analiza compras de dispositivos médicos de alta complejidad.
Uno de los ejemplos señalados por los auditores fue la adquisición de válvulas cardíacas por 425 millones de pesos, cuando el PAMI había comprado exactamente el mismo producto meses antes por apenas 124 millones.
Para los investigadores, las diferencias de precios no pueden justificarse ni por inflación, ni por calidad, ni por costos logísticos.
“Los desvíos resultan técnicamente indefendibles”, concluyó el informe oficial.
En el centro de la investigación aparece el contador Osmar Mariano Caballi, señalado como uno de los principales nexos entre empresas proveedoras y el organismo estatal.
Caballi fue socio mayoritario de Farma Salud, una firma que, según la fiscalía, recibió contratos por aproximadamente 7.900 millones de pesos.
Además, había ocupado previamente cargos jerárquicos dentro de la propia ANDIS durante la gestión del Frente de Todos.
La Justicia sospecha que esa experiencia y esos contactos internos habrían sido utilizados para facilitar negocios con el Estado.
En paralelo, varios empresarios y exfuncionarios comenzaron a desfilar por tribunales para prestar declaración indagatoria.
En total, ya son 49 las personas investigadas en el expediente judicial.
La causa también incluye peritajes sobre audios filtrados donde supuestamente se mencionan pagos ilegales y mecanismos de reparto de contrataciones.
El juez Ariel Lijo ordenó analizar la autenticidad de esas grabaciones para determinar si constituyen prueba válida dentro del expediente.
Mientras tanto, las defensas de los acusados buscan desacreditar parte de la investigación y plantearon pedidos de nulidad.
El escándalo genera enorme preocupación porque involucra fondos destinados a personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables del sistema sanitario y social argentino.
La ANDIS administra programas clave relacionados con pensiones no contributivas, ayudas técnicas, rehabilitación y cobertura de tratamientos.
Por eso, la posibilidad de que recursos destinados a pacientes hayan sido utilizados en maniobras fraudulentas provoca fuerte impacto político y social.
La investigación aparece además en un contexto particularmente sensible para el Gobierno nacional, atravesado por cuestionamientos sobre transparencia, denuncias cruzadas y crecientes tensiones internas dentro del oficialismo.
En las últimas semanas, distintas áreas del Ejecutivo quedaron envueltas en polémicas relacionadas con gastos públicos, declaraciones juradas y presuntas incompatibilidades de funcionarios.
El caso ANDIS ahora suma un nuevo frente de conflicto.
Sectores opositores ya reclaman explicaciones públicas y piden avanzar con auditorías más profundas sobre contrataciones estatales realizadas durante los últimos años.
También comenzaron a surgir pedidos para revisar otros organismos vinculados al sistema de salud y asistencia social.
La investigación podría ampliarse en los próximos días si aparecen nuevas pruebas o testimonios.
Mientras tanto, la Justicia intenta determinar si existió una estructura organizada dedicada a manipular licitaciones y direccionar contratos utilizando empresas vinculadas entre sí.
El expediente ya es considerado uno de los casos más graves de presunta corrupción en compras sanitarias de los últimos años y podría tener derivaciones políticas, judiciales y económicas de enorme magnitud.
