EL TRABAJO SEXUAL, DE LA MANO DEL TRABAJO SOCIAL
19 agosto, 2020
Por: Eugenia Carraro
El aislamiento obligatorio por el COVID-19 pone en problemas a las trabajadoras sexuales que deben encontrarse con sus clientes para ejercer. Desde AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) están, por primera vez, articulando con el Estado diferentes políticas públicas para cubrir las necesidades básicas de las compañeras.
Bella Natasha es trabajadora sexual y vive en San Miguel de Tucumán. Si bien está inscripta en AMMAR hace varios años, no había encontrado la forma de conectarse con sus compañeras de la provincia. Cuando empezó la pandemia, que visibilizó la extrema vulnerabilidad en la que están las trabajadoras sexuales, dijo: “hay que armar algo”. Comenzó a juntarse con otras mujeres que conocía y fueron realizando una colecta de alimentos. Hace unos meses se reunió con la Directora de la Secretaría de la Mujer de Tucumán para pedir módulos y ayuda alimentaria fija, estable. Si bien en cuarentena hay muchas personas que donan, quiere lograr que esto se mantenga en el tiempo. “Conocí las realidades de varias compañeras que viven en zonas periféricas, que trabajan en la calle hace 25 años y no tienen ningún derecho. Algunas ni documento tienen”, cuenta.
El aislamiento obligatorio complica a las trabajadoras sexuales que necesitan encontrarse con clientes, ya sea en la calle o en departamentos privados. En Argentina son más de 80.000 y el 86% de ellas, según el último censo de 2011, son madres jefas de hogar y tienen entre 1 y 7 hijo/as. En este contexto, desde AMMAR pusieron en funcionamiento en la sede principal, en el barrio de Constitución, una especie de dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. Allí articulan con el Estado subsidios alimentarios, habitacionales, DNI y documentos para migrantes y asisten a cientos de personas. Esta modalidad se está replicando en cada una de las provincias en que AMMAR tiene sede. “Nos hemos convertido desde el Sindicato en una suerte de ministerio, tratando de asistir a un montón de compañeras, pagándoles el alquiler para que no las desalojen”, cuenta Valentina Pereyra, Secretaria General de AMMAR de la ciudad de La Plata.
Al momento de salir a la calle a trabajar, el miedo no es al virus sino a los abusos sistemáticos de la policía. La cuarentena potenció la violencia porque las fuerzas de seguridad dirimen con impunidad quién cumple y quién viola las reglas. Muchas trabajadoras que ya fueron detenidas varias veces tienen terror de que las lleven y estar ausentes de sus casas porque sus hijo/as se quedan solos. “La violencia institucional por parte de la policía la venimos denunciando hace bocha, pero con esto se dio vía libre para arremeter contra las trabajadoras sexuales, contra las trans y las travestis, y si es inmigrante peor. En mi zona hay un montón de compañeras que no están laburando y ni siquiera pueden salir al supermercado o a la farmacia porque se presume que están ejerciendo el trabajo sexual y van detenidas”, cuenta Valentina.
Una de las modalidades del trabajo sexual es el sexo virtual, que en este contexto de aislamiento se ve favorecido. Hay quienes ejercen la actividad de esta forma, pero para aquellas que están acostumbradas a trabajar mediante contacto físico no es fácil adaptarse. Muchas trabajaron así toda su vida y no conocen otro modo o no saben realizarlo. “Hay compañeras que ni tienen internet, entonces esto ya las excede. No está esa posibilidad de pasar a lo virtual. Quizás las que ya estábamos antes de la pandemia nos abocamos un poco más porque es la forma de generar, para no estar paradas”, dice Natasha.
En junio pasado, el Ministerio de Desarrollo Social lanzó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) e incluyó la categoría de trabajadores sexuales. Fue un reconocimiento institucional a la actividad. Pero ese formulario estuvo disponible apenas unas horas y fue dado de baja porque despertó polémicas dentro y fuera del Gobierno. “La idea era poder tener un registro cuantitativo y cualitativo: cuántas somos a nivel nacional, cómo vivimos, si tenemos hijes. Esto es básico para poder generar políticas públicas”, explica Valentina. Durante el lapso en que estuvo vigente el registro, todas las delegadas de AMMAR de cada provincia estuvieron compartiendo la información e inscribiendo gente. Lograron hacerlo alrededor de 800 compañeras. No obstante, la emoción duró poco. “Fue un papelón. Brindamos un montón de datos que ahora no sabemos qué van a hacer con eso. Qué jueguito macabro nos hicieron”, sostiene Natasha.
Si bien en Argentina el trabajo sexual no es delito (no está tipificado como tal en el Código Penal), tampoco está reconocido como trabajo, por lo que sus trabajadoras no pueden realizar aportes, ni tener obra social ni jubilarse. Lo del registro nacional es algo que en AMMAR venían soñando hacía mucho, teniendo en cuenta que hace 25 años que empezaron a organizarse. La meta final desde AMMAR es llegar a una ley que regule el Trabajo Sexual Autónomo y proteja su ejercicio.
