EL SENADO POSTERGÓ LA LEY DE INVIOLABILIDAD DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL OFICIALISMO SUMÓ OTRO REVÉS PARLAMENTARIO

La Cámara alta decidió aplazar el tratamiento definitivo del proyecto impulsado por el Gobierno nacional para reformar aspectos vinculados a expropiaciones, desalojos, venta de tierras rurales y protección de la propiedad privada. La iniciativa, considerada una de las apuestas legislativas de Javier Milei y Federico Sturzenegger, encontró resistencias incluso entre sectores dialoguistas y deberá seguir siendo negociada antes de regresar al recinto.

El Senado de la Nación volvió a convertirse en un escenario complejo para el oficialismo. En una jornada atravesada por negociaciones de último momento, desacuerdos internos y pedidos de modificaciones por parte de bloques aliados, el Gobierno nacional se vio obligado a postergar la aprobación de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos que formaban parte de la agenda legislativa impulsada desde la Casa Rosada.

La iniciativa había sido presentada por el Poder Ejecutivo a fines de marzo de 2026 y buscaba introducir modificaciones en distintos regímenes vinculados con la propiedad privada, las expropiaciones, los desalojos, la venta de tierras rurales y aspectos de la Ley de Manejo del Fuego.

Sin embargo, a medida que avanzó el debate parlamentario, comenzaron a surgir objeciones de distintos sectores políticos, incluyendo espacios que habitualmente acompañan algunas iniciativas del Gobierno.

Finalmente, la falta de consensos obligó a La Libertad Avanza a retirar el tratamiento para continuar negociando cambios antes de una futura sesión.

UN PROYECTO CLAVE PARA LA CASA ROSADA

La propuesta fue enviada al Congreso mediante el Mensaje 22/26 del Poder Ejecutivo y comenzó a ser debatida en abril por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado. Durante aquellas reuniones participaron funcionarios nacionales encabezados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a especialistas y representantes de distintos sectores.

Desde el Gobierno argumentan que la iniciativa busca fortalecer las garantías sobre la propiedad privada, agilizar procedimientos vinculados a ocupaciones ilegales y modernizar diversos marcos normativos considerados obsoletos.

Según la visión oficial, se trata de una herramienta destinada a brindar mayor seguridad jurídica para propietarios, inversores y productores agropecuarios.

No obstante, la discusión rápidamente excedió la cuestión estrictamente jurídica y derivó en una disputa política sobre el modelo de país y el alcance de las reformas impulsadas por la administración libertaria.

LOS CAMBIOS QUE GENERARON CONTROVERSIA

Durante el tratamiento en comisión, el proyecto original sufrió numerosas modificaciones.

Uno de los puntos más debatidos fue la eliminación del capítulo relacionado con el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), una herramienta creada para relevar asentamientos y villas en todo el país. La exclusión de ese apartado fue interpretada como una derrota para el equipo encabezado por Sturzenegger y generó fuertes debates entre oficialismo y oposición.

Otro de los aspectos polémicos estuvo vinculado a la venta de tierras rurales a extranjeros.

La versión modificada del proyecto otorgó mayor participación a las provincias para definir restricciones y regulaciones sobre la transferencia de tierras, una decisión celebrada por varios gobernadores pero que también abrió nuevas discusiones dentro del Congreso.

Asimismo, se incorporaron cambios en materia de expropiaciones.

Entre ellos figura un límite del 30% para el cálculo del lucro cesante, la modificación de los mecanismos para determinar tasas de interés y nuevos criterios para establecer el valor de los bienes sujetos a expropiación.

DESALOJOS, TIERRAS Y LEY DE FUEGO

La cuestión de los desalojos también ocupó buena parte de las discusiones.

El proyecto distingue entre ocupantes ilegales y locatarios con derechos contractuales, buscando evitar que ambas situaciones sean tratadas bajo el mismo régimen jurídico. Según explicó el oficialismo durante el debate, el objetivo es agilizar los procedimientos contra usurpaciones sin afectar garantías previstas para quienes mantienen relaciones contractuales legítimas.

Otro de los capítulos que despertó fuertes controversias fue el referido a la Ley de Manejo del Fuego.

La iniciativa propone eliminar algunas restricciones establecidas en años anteriores respecto al uso de tierras afectadas por incendios forestales. El tema generó cuestionamientos de legisladores opositores y especialistas ambientales, quienes advirtieron sobre posibles consecuencias para la protección de bosques nativos y ecosistemas vulnerables.

EL ROL DE PATRICIA BULLRICH EN EL SENADO

Uno de los datos políticos más llamativos de la jornada fue el protagonismo de la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

La dirigente libertaria encabezó buena parte de las negociaciones vinculadas al proyecto y defendió las modificaciones incorporadas durante el tratamiento en comisión. Sin embargo, distintos sectores parlamentarios continuaron reclamando nuevos cambios, lo que terminó frustrando las expectativas del oficialismo de lograr una aprobación inmediata.

La sesión estuvo atravesada además por otros debates que evidenciaron tensiones internas y dificultades para construir mayorías estables dentro de la Cámara alta.

La postergación de una ley considerada prioritaria para el Gobierno volvió a mostrar que el oficialismo continúa dependiendo de acuerdos con sectores dialoguistas para avanzar con su agenda parlamentaria.

LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde distintos bloques opositores cuestionaron tanto el contenido como la velocidad con la que el Gobierno intentó avanzar con la iniciativa.

Algunos senadores señalaron que las modificaciones fueron distribuidas pocas horas antes de las reuniones de comisión, dificultando un análisis profundo de los cambios propuestos. Otros plantearon la necesidad de ampliar el debate sobre cuestiones sensibles como tierras rurales, expropiaciones y protección ambiental.

Sectores del peronismo también advirtieron que determinadas reformas podrían favorecer procesos de concentración de tierras o debilitar mecanismos de protección para poblaciones vulnerables.

Por su parte, legisladores provinciales reclamaron una participación más activa de las jurisdicciones locales en decisiones vinculadas a recursos naturales y propiedad rural.

UN PROYECTO QUE NACE DEL PACTO DE MAYO

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada forma parte del conjunto de reformas que el Gobierno asocia a los principios planteados durante el denominado Pacto de Mayo, el acuerdo político impulsado por Javier Milei para avanzar en cambios estructurales en distintos ámbitos del Estado y la economía.

Dentro de esa estrategia, la administración libertaria considera que la protección de la propiedad privada constituye uno de los pilares fundamentales para fomentar inversiones y crecimiento económico.

No obstante, la discusión legislativa demuestra que existe un amplio debate acerca de cómo garantizar esos objetivos sin afectar otras regulaciones vinculadas a derechos sociales, ambientales y federales.

LO QUE VIENE

Tras la postergación, el proyecto permanecerá en negociación durante las próximas semanas.

El oficialismo intentará sumar consensos para volver a llevar la iniciativa al recinto con mayores posibilidades de aprobación, mientras que la oposición buscará incorporar nuevas modificaciones o limitar algunos de los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo.

La decisión de posponer el tratamiento dejó en evidencia que, más allá de las reformas impulsadas por el Gobierno, el Senado continúa siendo uno de los principales espacios de resistencia y negociación política para la administración de Javier Milei.

Con un oficialismo que sigue sin contar con mayorías propias y una oposición fragmentada pero capaz de influir en la agenda parlamentaria, el futuro de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada permanece abierto y sujeto a nuevas negociaciones dentro del Congreso.